Heridas autoinfligidas

Cuando no es posible el consenso, los gobiernos deben tomar decisiones polémicas. Si éstas son en beneficio del mayor número de ciudadanos, se reconocerá y premiará la visión y el liderazgo. Pero cuando esas decisiones se toman por encima de advertencias de conveniencia y/o de legalidad y, sobre todo, no se comunican y se defienden correctamente, terminan enturbiando el ambiente sobre el que se construye la legitimidad que se requiere para llevar a cabo procesos importantes, como es el caso de la paz con las FARC en La Habana.

Eso fue lo que hizo el Gobierno esta semana. Vendió el 57.6 por ciento de uno de los activos más importantes del Estado en una “subasta de uno”, pues el resto de los proponentes se retiraron. La mayor generadora de energía del país quedó en manos de la canadiense Brookfield Asset Management que pagó 6.49 billones de pesos, el precio base con el que se abrió la puja. El monto obtenido por Isagen, empresa símbolo de transparencia, pasó a garantizar la financiación de la infraestructura que necesita Colombia para su desarrollo.

El problema radica en que el Ejecutivo no fue capaz de explicarlo y se quedó con el pecado de cientos de advertencias escuchadas pero no atendidas. El ministro del ramo, Mauricio Cárdenas, ahora enfrentará los debates políticos y las demandas de la posventa. Eso sin contar con que la vendió a una empresa investigada por sobornos en Brasil.

Para muchos, Isagen se vendió por debajo del valor real e incluso dicen equivocadamente que el Estado entregó a privados la fijación de los precios de la energía y además lo hizo en una subasta sin pluralidad de oferentes. Lo cierto es que el gobierno perdió la batalla de explicar la autonomía energética, incluso hacer entender cómo funciona una generadora y una represa. Ya otros gobiernos habían querido vender Isagen, incluido el de Álvaro Uribe, que no desaprovechó la oportunidad para desandar sus viejos argumentos para seguir atacando a Santos.

Lo cierto es que esa medida y otras de los primeros días del año pueden generar daños colaterales en el plebiscito con el que esta administración espera refrendar el proceso de paz con las FARC, que se firmaría el próximo 23 de marzo, o de mayo o de junio. Y no es para menos. Días antes, una comisión de expertos presentó las recomendaciones para una reforma tributaria. La propuesta fue entendida como una cascada de nuevos impuestos inmediata. Los colombianos entonces asumieron que se aumentaría el IVA, se ampliaría la base de contribuyentes, se gravarían las pensiones y los dividendos.

Positivo el debate abierto y descarnado que involucró a todos los sectores de la sociedad sobre un tema económico que pareciera para especialistas. Es una realidad que Colombia necesita la reforma tributaria pero cuándo y cómo hacerla es lo clave. Primero tiene que invertir en salud y educación. Vale la pena que se analice cómo hacen las reformas en Suiza: escriben, explican cómo afectará a cada uno de los ciudadanos, redactan los decretos, los confrontan con cada sector gremial. Lo hacen por más de un año y luego sí lo pasan al Congreso para que solo tenga que votar sí o no. Con esto se evitan someterla al lobby de quienes eternamente han dejado de pagar impuestos y son expertos en garantizar el status quo de las exenciones. Para eso obviamente habría que crear el vehículo jurídico –fast track- vía referendo, porque el legislativo nunca va a acabar con la evasión.

Quedan algo más de dos meses para la fecha en la que se comprometió el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de la guerrilla alías Timochenko para la anhelada firma de la paz. El 23 de marzo es poco realista a pesar de la decisión de los negociadores de trabajar sin descanso y con el acelerador a fondo, porque las condiciones del fin del conflicto que son las relativas a la dejación de armas, las zonas de concentración de la guerrilla y los modelos de seguridad para garantizar su éxito son bastante más complejas de lo que suponen los colombianos, que también requieren ser informados sobre eso para entender.

Si no es el 23 de marzo, será en mayo. El Gobierno tiene entonces más tiempo para dimensionar el tamaño de los conflictos, las sensibilidades hoy nacionalistas o ideológicas, las necesidades del bolsillo ciudadano. Los ministros y asesores del gobierno tienen que caminar juntos, dar las batallas de manera organizada. No puede ser que cada decisión implique una guerra de descalificaciones. Habrá algunos a quienes es imposible hacer entrar en razón, pero no es a esos a quienes me refiero.