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TRIBUNA

Los chuzadores

Las intercepciones ilegales han sido costumbre en Colombia en los últimos veinte años y antes

Las denuncias de hoy son el reflejo de un mal que se repite y se reproduce sin consecuencias. Especialmente las de las llamadas chuzadas o interceptaciones ilegales realizadas desde el ya desaparecido Departamento de Seguridad (DAS), pasando por Andrómeda y el caso Hacker. También las denuncias de las cuentas corrientes y patrimonios de uniformados que no concuerdan con sus ingresos declarados. Y las de contrataciones millonarias que favorecen a los amigos y las guerras internas por el poder. Todo ha sido así en Colombia en los últimos 20 años, y antes también.

La historia se repite hoy con Vicky Dávila y Claudia Morales y otros periodistas y columnistas chuzados; antes durante el Gobierno de Álvaro Uribe fueron Daniel Coronell, Cecilia Orozco, Ramiro Bejarano, magistrados de las cortes, y los miembros de la oposición. El general Mauricio Santoyo, jefe de seguridad de Uribe fue encontrado culpable de 1.449 'chuzadas ilegales' cuando se desempeñaba como comandante de una regional contra el secuestro y la extorsión. Está preso en Estados Unidos, tras confesar sus relaciones con una temida oficina de sicarios al servicio del narcotráfico. La cúpula de la Policía encabezada por el entonces general Jorge Daniel Castro fue destituida en ese mismo gobierno.

Otro director, durante el ministerio de Marta Lucia Ramírez, salió de la Policía cuando la embajada de Estados Unidos denunció la pérdida de dos millones de dólares y señalaron a otro edecán presidencial de enriquecimiento ilícito. El general Roberto León Riaño y sus hermanos fueron denunciados por corrupción en contratación. Algunos de los que renunciaron o prefirieron irse hoy son asesores de empresas de seguridad o docentes universitarios como el general César Augusto Pinzón, exdirector de Antinarcóticos y Dijin de la Policía, perseguidor de capos al que Estados Unidos le revocó la visa mientras es investigado en ese país.

Ahora es el general Rodolfo Palomino, actual director de la Policía, acusado de acoso sexual revelándose lo que se conoce como la Comunidad del Anillo (red de prostitución homosexual masculina en la institución), que además tendría negocios inmobiliarios para adquirir casas con descuentos. Lo investigan por un presunto enriquecimiento ilícito representado en la compra de lotes en las zonas sabaneras de Fusagasugá y Sopo, cercanas a Bogotá, y por la adquisición de cuatro cabezotes de tractomulas,

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha dicho que es una venganza propia de las guerras internas en la Policía por el poder. Pero lo cierto es que el general sí tiene las propiedades por las que se le preguntan y en un conjunto residencial donde vivió también el coronel Jerson Jair Castellanos, quién le vendió dos lotes a Palomino. Ese oficial es señalado de ser uno de los integrantes de la Comunidad del Anillo. Al menos, huele muy mal.

Cobijados por ausencia de controles internos y la impunidad que les da tener por único castigo la destitución o el no ascenso, es cierto que varios generales de la Policía colombiana están siendo blanco de sus propios subalternos, oficiales y suboficiales cansados de callar y de no recibir los reconocimientos merecidos. En buena hora que se atrevan a ventilar la corrupción interna que se ha enquistado en esa institución para ver si esta vez sí se logra castigar a los responsables. Pero no hay razón para el optimismo.

Precisamente porque las actuales denuncias también tienen relación con un millonario contrato para implementar nada menos que la Plataforma PUMA (plataforma única de monitoreo y análisis), uno de los mayores sistemas inteligentes para interceptación de comunicaciones. PUMA, creada para perseguir las redes criminales, está siendo empleada para espiar a los periodistas y también a los mismos uniformados para ubicar el origen de la rebelión.

Frente a lo que ha ocurrido, el presidente Juan Manuel Santos decidió nombrar una comisión investigativa conformada por dos ex ministros de Defensa, Juan Carlos Esguerra (Gobierno de Ernesto Samper) y Luis Fernando Ramírez (Gobierno de Andrés Pastrana), quienes durante sus gestiones tampoco lograron determinar qué pasaba en la Policía. La comisión también está integrada por un hermano del actual Ministro de Hacienda, Jorge Cárdenas Santamaría, quien ha sido contratista de la Policía. Todos bajo la coordinación de María Lorena Gutiérrez, única esperanza, tendrán que decirnos a los colombianos en 90 días qué pasa dentro de la caverna. Y mientras tanto, todos seguirán chuzando y Palomino mandando, y los de abajo aguantando.

Sería aconsejable que el conocido como el mejor policía del mundo, el general Óscar Naranjo quien ahora es negociador del gobierno en La Habana para los acuerdos con las FARC, le contara al país qué pasa en esa Policía que dirigió por cuatro años. Estuvo 35 en la institución. Y la Fiscalía que por fin diga si las chuzadas que viene investigando desde cuando volvieron a reaparecer en la publicación de la revista Semana son tan imaginarias como los documentos en nuestras manos, en los que podemos ver y probar que sí chuzan al que les da la gana. Y sobre todo establecer qué responsabilidad le cabe, porque muchos de los sistemas de intercepción están bajo el control de la Fiscalía.

Duele que esta radiografía opaque el trabajo de una policía, integrada por más de 150.000 hombres, en su mayoría buenos. Ello por no decir los mejores, como ocurre, por ejemplo, con quienes desarrollan labores de policía judicial, reconocidos por su excelencia en América, o la policía de Adolescentes, o quienes escoltan la erradicación de cultivos, o el papel que cumplen sus mujeres, en una institución que fue la primera en el país en abrirle las puertas del generalato y que hasta ahora no las relaciona con escándalos de corrupción. Y todo eso sin olvidar a quienes se juegan a diario sus vidas por proteger a unos ciudadanos que le temen más a la inseguridad que a la guerrilla.

Lo que hagan algunas manzanas no significa que la cesta esté podrida. Habrá que abrir bien los ojos para ver si entre los males que afectan a la Policía está el exceso de tareas militares encargadas finalmente a unos hombres que sueñan desde hace una década con un ascenso que les permita, entre otras cosas, mejorar sus ingresos, que no superan desde el momento en que se pusieron el uniforme algo más de 300 euros al mes.

Diana Calderón es directora de Informativos y de Hora 20 de Caracol Radio Colombia. Twitter @dianacalderonf