China enjuicia a uno de sus mayores defensores de los derechos humanos

 Las autoridades chinas sometieron este lunes a juicio, en una audiencia que duró poco más de tres horas, a uno de los mayores defensores de la libertad de expresión y de los derechos humanos en China, el abogado Pu Zhiqiang. Pu, detenido desde hace casi 19 meses y especialmente conocido en Occidente como defensor del artista disidente Ai Weiwei, está acusado de fomentar el “odio étnico” y crear “disturbios” por siete breves comentarios en tono sarcástico en las redes sociales. El juicio contra una de las voces más destacadas de la sociedad civil china concluyó sin que se haya emitido sentencia.

Mientras la vista se desarrollaba en el Segundo Tribunal Popular Intermedio de Pekín, en el sur de la capital china, en el exterior del edificio tenían lugar escenas de violencia. En una mañana gris y de fuerte contaminación ambiental, aproximadamente una treintena de partidarios de Pu se concentraban para expresar su apoyo al abogado. “¡Pu Zhiqiang no es culpable! ¡Pu Zhiqiang no es culpable! ¡Libertad de expresión! ¡Libertad de expresión!”, pudieron gritar durante un par de minutos, mientras mostraban carteles con el nombre del acusado en ideogramas chinos. En otros se leían mensajes como “los perros tienen más derechos que las personas en China”.

La pequeña concentración terminó disuelta con contundencia. Agentes uniformados de la policía y matones que se cubrían la cara con máscaras -aparentemente fuerzas de seguridad vestidas de paisano, muchos de ellos luciendo una pegatina con una cara sonriente- alejaban a la fuerza, con zarandeos, empujones y puñetazos en la espalda a los periodistas que intentaban cubrir lo que ocurría.

Tampoco se permitió el acceso a un grupo de diplomáticos occidentales que intentaban presenciar el juicio. Un representante estadounidense, Dan Biers, fue zarandeado mientras intentaba hacer una declaración en el que pedía la puesta en libertad de Pu y criticaba los “vagos cargos” que se han presentado contra él. Los intentos de un enviado europeo por leer un mensaje similar se veían igualmente obstruidos.

En un sistema legal como el chino, en el que el porcentaje de absoluciones es ínfimo, Pu encara hasta 8 años de cárcel por sus comentarios, parte de los millares que colgó en el equivalente chino de Twitter entre 2011 y 2014. Inicialmente eran 30 los que las autoridades judiciales consideraban sospechosos, pero la semana pasada sus abogados fueron informados en una vista preliminar de que se habían reducido a 7. En ellos, Pu se había burlado del Partido Comunista y de algunos de sus funcionarios, y había puesto en duda la eficacia de la política china en Xinjiang, hogar de la minoría étnica uigur, de religión musulmana.

“Nada que Pu Zhiqiang haya escrito ha violado ninguna norma, pero el tratamiento que le han dado las autoridades sí que desde luego lo ha hecho”, afirmó la directora para China de Human Rights Watch, Sophie Richardson, en un comunicado.

Pu -quien según su esposa Meng Chun, que pudo verlo en el juicio, “ha encanecido y ha perdido mucho peso” pero “ha hablado con el lenguaje inteligente y agudo que le conozco”- fue uno de los estudiantes que participaron en las manifestaciones de Tiananmen en 1989. Aquella matanza le marcó y tres años más tarde se licenciaba en Derecho.

Se convirtió en uno de los abogados más conocidos del país, citado con frecuencia en los medios nacionales y extranjeros. En 2013 fue citado en la revista oficial China Newsweek como la persona más influyente en favor del estado de Derecho en China. Se ha manifestado en contra del procedimiento conocido como “shuanggui”, el arresto extrajudicial al que somete el Partido Comunista a sus miembros sospechosos de haber violado la disciplina interna. Ha defendido no solo a Ai Weiwei, sino también otros casos muy célebres en su país, como el de Tang Hui, que había sido condenada por alboroto público cuando denunciaba la violación y prostitución forzada de su hija. El caso de Tang contribuyó de manera decisiva a la decisión gubernamental de 2013 de cerrar los campos de reeducación.

Pero las tornas cambiaron el 3 de mayo de 2014. Pu participó entonces en una reunión privada para conmemorar con otros activistas la matanza de Tiananmen. Al día siguiente la Policía le detuvo.

Para Richardson, el caso de Pu representa una piedra de toque sobre la actitud del Gobierno chino hacia la sociedad civil. “Su sentencia indicará hasta qué punto el Gobierno privará aún más a la sociedad civil del aire que necesita para florecer”.

Las organizaciones pro derechos humanos han denunciado un creciente control de la sociedad civil por parte del régimen chino desde la llegada al poder del presidente Xi Jinping. Este año, cerca de 300 abogados defensores de los derechos humanos y activistas fueron detenidos, de los que unos 40 siguen aún privados de libertad, muchos de ellos incomunicados.