¿Enemigos de la paz?

Hace tres años cuando el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el proceso de paz con el grupo terrorista FARC, indicó que cualquier acuerdo sería sometido a una refrendación popular para que los colombianos dijéramos si lo aceptábamos o no. Sobre la base de ese compromiso el propio Presidente habló siempre de un Referendo, hasta el punto que promovió una reforma para permitir que dicho referendo pudiera coincidir con otras elecciones, lo cual estaba prohibido para no contaminar un voto de opinión con la movilización de maquinarias partidistas.

La idea del Referendo tiene elementos positivos. Por un lado se requiere un umbral mínimo de participación del 25 por ciento de todas las personas habilitadas (Censo Electoral), requiere que se facilite el voto informado descomponiendo en preguntas los principales elementos y así permitir que los ciudadanos digan con precisión qué les gusta y qué rechazan, minimizando la existencia de un contrato por adhesión. Así las cosas, con un referendo basado en las reglas constitucionales y legales, los colombianos podemos asistir a un pronunciamiento legítimo y aceptar el veredicto de las urnas.

Hoy las cosas han cambiado. El gobierno ya no quiere un Referendo, porque a su juicio las exigencias de legitimidad son un “suicidio” político. Por lo tanto ha optado por la vía de un Plebiscito, donde también ha querido cambiar las reglas de juego. Alterar las reglas del plebiscito es más fácil, porque no se requiere sustituir la Constitución y en consecuencia se está promoviendo en el Congreso, por parte del gobierno, una reforma para modificar el umbral de participación del 50 por ciento del Censo Electoral (superior al del Referendo) a un umbral por el sí del 13 por ciento. Además, se permite que las decisiones del Plebiscito sean legalmente vinculantes, algo que hoy la ley no contempla, y que sencillamente con una sola pregunta digamos sí o no a la totalidad de los acuerdos.

Ante este camino de desmantelamiento institucional ¿qué nos debe preocupar? Que en los acuerdos con las FARC vamos camino a que este grupo terrorista incida en la selección de los miembros de la Comisión de la Verdad, participe en la designación de los magistrados que los juzgarán en una Jurisdicción de Paz, impongan la conexidad del secuestro y el narcotráfico con el delito político, determinen las penas simbólicas para eludir la privación de la libertad en condiciones carcelarias a los crímenes de lesa humanidad, logren que se les asignen curules parlamentarias a dedo para sus integrantes y eviten que se adelante una exhaustiva extinción de domino de su riqueza, producto del narcotráfico y la criminalidad.

Bajo la dialéctica de algunos miembros del Gobierno, decir sí a los acuerdos es votar a favor de la paz y decir no, es votar a favor de la guerra. Según la misma filosofía, decir sí es aceptar que la paz requiere todo tipo de sacrificios institucionales y decir no, es aceptar rigidez en los principios que nos conducirán a la violencia como destino de la patria. Además, la naturaleza plebiscitaria no deja más opción que o tomas todo o no tomas nada, lo cual hace del proceso, según ese enfoque dialéctico del gobierno, un chantaje: o el acuerdo en su totalidad o la muerte.

Votar bajo ese supuesto es votar con miedo. Es votar sin libertad, con la voluntad viciada por un destino fatal y no por la verdadera reflexión que deben tener los ciudadanos sobre si se trata de un acuerdo digno y legítimo o de un acuerdo desbalanceado a favor de los intereses de un grupo que ha cometido los peores crímenes de la historia de Colombia.

¿Son enemigos de la paz quienes no creen en los acuerdos? No, como tampoco son simpatizantes de las FARC quienes los defienden. Lo que ocurre es que una paz donde el terrorismo criminal se aproveche de la buena fe, la esperanza o el miedo de los ciudadanos para sacar adelante sus pretensiones, será el mayor premio a la violencia como mecanismo de negociación política.

Todos los colombianos queremos la paz, pero una paz digna, sostenible y creíble empieza porque los criminales que tanta barbarie han sembrado, se arrepientan y paguen por sus hechos. Pensar así no es ser enemigo de la paz, sino amigo de la justicia como medio para construir la reconciliación. Lástima que el gobierno quiera simplificar y estigmatizar a quienes así piensan, además de privarnos de un voto informado.

Para Colombia avanzar en el terco camino de un plebiscito maniqueo, como el que promueve el gobierno, conducirá a una falsa polarización entre amigos y enemigos de la paz. Ojalá el gobierno recapacite y honre su palabra cuando se comprometió con un Referendo con las reglas de la Constitución y la ley. Una paz validada por una minoría ciudadana que no llega al 60 por ciento de los votos que obtuvo el Presidente al momento de su reelección, debilitará para siempre la democracia colombiana.

Iván Duque Márquez es senador del Centro Demócratico