Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
JOSÉ RAMÓN COSSÍO | JUEZ DE LA SUPREMA CORTE DE MÉXICO

“La impunidad en México es un problema creciente”

El jurista cree que la justicia del país necesita formación técnica y credibilidad

José Ramón Cossío
El juez de la Suprema Corte de México José Ramon Cossío, el 21 de octubre en Madrid.

José Ramón Cossío es uno de los once jueces de la Suprema Corte de Justicia de México. Ejerce en el máximo tribunal del país de los 25.000 desaparecidos, el de las torturas policiales, el del terror del narco. En la Corte que controla la constitucionalidad de las leyes y que garantiza los derechos humanos en el país de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. “La altísima impunidad es un problema creciente”, afirma con calma este estudioso del Derecho, a cuya racionalidad y procedimientos confía la posibilidad de encontrar algo de justicia.

“Hay países donde la justicia puede tardar tiempo, ser intricada… pero a fin de cuentas llega. En cambio el problema en México es que un número muy grande de delitos, no solo homicidios y desapariciones, no tienen castigo. En algunos casos ni siquiera se abren los procesos de investigación; en otros, se abren tan defectuosamente que no hay modo de llegar a una solución”, explica Cossío, de 54 años, en un hotel del centro de Madrid. “En ese sentido creo que hay una desesperanza importante hacia los sistemas de justicia en el país”, afirma. En su opinión, la falta de formación técnica provoca impunidad. “Si tú tienes una policía que sigue practicando métodos de tortura, si tienes peritos o policías que no tienen capacidad de preservar la cadena de custodia, ni la escena del crimen… al final, en un sistema de derechos humanos que se ha garantizado en el país, bajo el principio de presunción de inocencia, por ejemplo, cualquier persona se va [sin condena]. Esto es una tragedia”, explica.

Cossío es consciente de la frustración que ese tipo de decisiones genera en los ciudadanos. En la Suprema Corte se decide sobre la constitucionalidad o no de una ley o sobre si en un proceso penal se han garantizado los derechos humanos. “Yo no soy juez de instancia. En muchas ocasiones a mí ya no me toca la valoración de los elementos procesales, de las pruebas, sino revisar que el proceso se haya realizado conforme a los derechos humanos. Las personas reclaman a la Suprema Corte: ‘Pero es obvio que esta persona fue delincuente, pero es evidente, ahí estaban las pruebas…’ Sí, pero nuestra tarea no es condenar, sino preservar un sistema de derechos humanos”. Pone un ejemplo sobre casos recientes de tortura. “Nuestro trabajo es determinar si se dio o no la tortura y en su caso, cuál es el efecto. Y en muchas ocasiones el efecto es el de liberar, o si no, el de anular unas partes muy grandes del proceso, y esto es lo que lastima enormemente a la sociedad”, explica.

Falta de credibilidad

Si hay un caso que retrata la impunidad y las carencias del Estado mexicano es el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. “Hay sociedades que tienen sus noches, y sus noches son simbólicas. La noche de San Bartolomé, la de los cuchillos largos, la de los cristales. Y siempre son noches. Para nosotros, es la noche de Tlatelolco, la noche de Ayotzinapa. Ahí hemos visto la enorme relación entre las fuerzas del Estado y la delincuencia, a un nivel que me parece increíble. Que a unas personas las hayan eliminado físicamente en una connivencia entre delincuencia y Estado es muy grave. Pero que una vez generados esos hechos no se haya podido establecer a más de un año una hipótesis sólida, es muy grave también”, afirma.

Cossío pronostica que el caso Iguala tiene aún mucho recorrido y no descarta que, con el tiempo, acabe en la Suprema Corte. Pero por ahora ni siquiera ha habido un primer juicio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enviado, con el visto bueno de México, a un grupo de expertos internacionales para tratar de desbrozar el caso al margen de la investigación oficial. Para Cossío, esto revela dos problemas: “Uno es el de las competencias técnicas, y otro el de la credibilidad. Imaginemos que tenemos el mejor instituto forense de la región, o del mundo. ¿Y quién les cree? Tenemos que tomar legitimidad, incluso legitimidad científica prestada porque no somos capaces de generarla nosotros mismos. Ayotzinapa no solo refleja la muerte de los 43 chicos, que me parece muy grave, sino que pone al descubierto una gran cantidad de carencias nacionales”.

Autor de una veintena de ensayos jurídicos, Cossío dice considerarse un profesor prestado en la Suprema Corte, por eso compagina su tarea, en la que lleva 12 años, con la labor académica -ha venido a España para pronunciar una conferencia-, y la divulgación -tuitea y escribe artículos de prensa, entre otros, en la edición América de EL PAÍS-. Desde ese máximo tribunal -cuyas deliberaciones son públicas y se pueden ver por televisión o Internet-, tiene que abordar temas muy distintos. Defiende que no se trata de un lugar desconectado de la sociedad ni de un puñado de jueces ajenos al mundo elucubrando sobre normas. De hecho, la Corte ha estado en el centro de importantes debates sociales en México. En junio impulsó el matrimonio homosexual al eliminar la norma que contempla el matrimonio solo como la unión de hombre y mujer y la norma que considera que el fin del matrimonio es la reproducción. Dos meses después, legalizó la adopción por parte de parejas homosexuales. Y el 28 de octubre se pronuncia sobre la legalización del cultivo y autoconsumo de marihuana con fines recreativos. “Si analizamos lo que está resolviendo la Corte mexicana, es semejante a lo que están resolviendo en los tribunales del mundo. Pasó con el aborto. Es curioso cómo en México la sociedad está en la modernidad, ejerciendo las mismas acciones que en otros países del mundo, con criterios muy semejantes, y pidiendo una estandarización mundial. Esto es un efecto de la globalidad que vemos muy poco”.