Las capas sociales del aborto en Chile

Como en Chile el aborto está totalmente penalizado desde 1989, las cifras en torno a las interrupciones del embarazo provocado son siempre estimativas. Las instituciones públicas manejan números parcelados y con poca actualización, por lo que resulta casi imposible configurar una radiografía exacta de esta práctica que el Gobierno de Michelle Bachelet pretende despenalizar al menos en tres causales: peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación. De aprobarse por el Congreso, resolvería apenas el 5% de los 70.000 casos que, según los especialistas, se realizan cada año en clandestinidad en condiciones de riesgo.

Determinados estudios, sin embargo, arrojan luces importantes sobre el comportamiento de este fenómeno que permanece en la oscuridad. La Defensoría Penal Pública, que tiene en sus manos la defensa de un 80% de los imputados por diversos delitos que se cometen en Chile, analizó recientemente los datos disponibles entre 2006 y febrero de 2015. De acuerdo a las estadísticas, en este período 506 personas han sido acusadas por los delitos de aborto contemplados en el Código Procesal Penal. Las cifras indican que 75 corresponden a abortos no consentidos, 11 a prácticas realizadas por algún facultativo y 420 a las interrupciones consentidas del embarazo. De este último grupo, que abarca tanto embarazadas como personas que colaboran en el proceso del aborto voluntario, 308 casos corresponden a mujeres (un 73%).

Claudia Castelletti, abogada del Departamento de Estudios de la Defensoría Nacional, explica la ruta de las mujeres que llegan al sistema penal: “La inmensa mayoría se hace un aborto, empieza a sangrar, piensa que se van a morir y llega a un hospital público, donde las denuncian”. Como en Chile el sistema público de salud es utilizado por los sectores con menos dinero, las mujeres castigadas por aborto son las más pobres, indica la investigadora. Uno de los aspectos importantes que deberá resolver el Congreso chileno en su ley de aborto tiene relación justamente con este aspecto: al margen de la despenalización de las tres causales, se discutirá si se deroga la norma del Código Procesal Penal que obliga al personal de salud a reportar a las mujeres que llegan a los centros de salud con interrupciones inducidas del embarazo.

El capítulo sobre aborto del informe anual de Derechos Humanos 2013 de la Universidad Diego Portales (UDP), probablemente la más completa y actualizada de las radiografías que existen en Chile, dice que “la criminalización por aborto ha sido históricamente en Chile, o en cualquier otro país, una medida simbólica”. Pese al bajo número de personas perseguidas respecto del total, sin embargo, el estudio añade que “las mujeres pobres son las más afectadas por la persecución penal”. “No es novedoso que el control penal recaiga sobre aquellos más vulnerables en una sociedad, pero, en este tema, la investigación penal es altamente selectiva”, agrega la investigación.

Sentencias

La Defensoría analizó los casos de las 308 acusadas entre 2006 y febrero de 2015 por aborto consentido y determinó que un 39% terminó su proceso con una salida alternativa. Un 28%, sin embargo, finalizó con condenas, que como máximo alcanzan tres años y un día de pena remitida. De acuerdo al estudio, los tribunales en Chile no castigan con privación de libertad. Al analizar las carpetas de sentencias, los defensores determinaron que la edad promedio de las mujeres condenadas por interrupciones voluntarias del embarazo es de 23 años.

En la mayoría de los casos de sentencias condenatorias las mujeres habían usado misoprostol. El medicamento en Chile se consigue solo en el mercado negro y, aunque ha cambiado la realidad del aborto clandestino en la última década, representa un inmenso riesgo para la salud de las chilenas que no saben cómo usarlo. También se detectó la utilización de otros mecanismos, como tijeras, palillos y hasta ramas de apio. Los análisis de la Defensoría indican que ninguno de los casos por aborto que ingresaron a su sistema desde 2006 contemplaba interrupciones del embarazo por peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación.