Lula tiene razón

Eran los setenta bajo Videla, con Martínez de Hoz como ministro de economía, un prominente miembro del establishment financiero y agro-exportador. Era un verdadero súper ministro, pero una vez cada treinta días tambaleaba. Ello cuando el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, publicaba la tasa mensual de inflación. Anualizada, estaba bien por encima de 100 por ciento.

Aquel fue el régimen más represivo en la historia del país. Con la suma del poder público en sus manos, castigaba la desobediencia con la tortura y la desaparición. Literalmente, era dueño de la vida de los argentinos, y sin embargo era vulnerable a las estadísticas. Con el beneficio de mirar hacia atrás, la pregunta obligada es porque no desmantelaron el INDEC u obligaron a sus técnicos a adulterar los datos. Tenían con qué amenazar, por cierto, pero en aquellos años el INDEC hacía lo de siempre: medir las tendencias económicas y sociales de manera autónoma y neutral.

La pregunta cobra sentido treinta años más tarde, en realidad, ya que exactamente eso se le ocurriría a Néstor Kirchner, presidente de una Argentina democrática. Con la inflación en alza en 2006, su gobierno lanzó una ofensiva contra el personal del INDEC, bajo la falsa acusación de incompetencia técnica, y luego siguió en 2007 con una purga y la posterior intervención. Como resultado, el Estado argentino hoy no tiene estadísticas creíbles. Esa información se falsifica, como la inflación, o se ignora por completo, como la pobreza.

Si lo que no se sabe no se divulga, lo que no se divulga no existe. El kirchnerismo ha resuelto así dos problemas estructurales del país, la inflación y la pobreza. Paradójica forma de cambiar la historia.

El caso ilustra acabadamente la degradación del Estado. Lula tiene razón. Es verdad que el kirchnerismo ha cambiado la historia del país, según dijo haciendo campaña por Scioli, solo que para mal, con menos Estado que cuando llegó al poder en 2003, menos instituciones, menos libertades públicas y, por supuesto, menos democracia.

El kirchnerismo ha hecho que haya menos Estado que cuando llegó al poder en 2003, menos libertades públicas y menos democracia

Es que, como en el INDEC, el kirchnerismo ha fragmentado y capturado sistemáticamente toda institución neutral del Estado. Así ha ocurrido también con el Servicio Exterior, la carrera diplomática, cuyos funcionarios no enrolados en el oficialismo han sido perseguidos, obligados a renunciar o cesanteados, para luego ser reemplazados por la nomenclatura kirchnerista, sin preparación ni experiencia para la tarea. No es casual, entonces, la subcontratación de la política exterior en los informales, según revelaron las grabaciones del fiscal Nisman en el caso AMIA.

Lo mismo ha sucedido con la autonomía del Banco Central, cuya Carta Orgánica fue violada para permitir al Ejecutivo nombrar funcionarios a voluntad y controlar la política monetaria y cambiaria a discreción. También ha ocurrido con la Justicia al politizar al Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona jueces, con un proyecto de reforma rechazado por la Corte Suprema por inconstitucional. Y es igual con la política tributaria, en un país federal pero que carece de un pacto fiscal, aprovechado por el gobierno central para distribuir recursos entre las provincias de acuerdo al alineamiento partidario de los gobernadores.

Lula tiene razón. El kircherismo también ha cambiado la historia de la libertad de prensa, intimidando a periodistas críticos y usando la distribución de la publicidad oficial para controlar la información, violando además una sentencia de la Corte Suprema. Ocurre asimismo en el caso de su enfrentamiento con grupos informativos privados—por ejemplo, Clarín—pero en colusión con otros grupos informativos, también privados pero adeptos—por ejemplo, el de Cristóbal López.

Lula tiene razón, el kirchnerismo ha cambiado la historia, como dijo en Argentina. Más aún, después de su partida, y para confirmar su argumento, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán declaró la nulidad de las elecciones de gobernador en dicha provincia y ordenó realizarlas de nuevo. Dicha sentencia hace oficial lo que se sospechaba desde 2011 y se sabe con certeza desde las primarias de agosto pasado: el gobierno comete fraude electoral.

Ello nunca había sucedido en la Argentina democrática desde 1983. Eso sí que es cambiar la historia.

Twitter @hectorschamis