Elecciones fraudulentas

El fin de la bonanza latinoamericana coincide con una caída en la popularidad de varios presidentes. Dilma Rousseff, Michelle Bachelet, Rafael Correa, Enrique Peña Nieto, Juan Manuel Santos, Ollanta Humala y Nicolás Maduro atraviesan ese trance. Tabaré Vázquez, Evo Morales y Cristina Kirchner se sostienen.

La pérdida de consenso coincide con un aumento de las protestas populares. Y con otro problema que amenaza la calidad de la representación: las sospechas sobre el sistema electoral.

La pérdida de consenso coincide con un aumento de las protestas populares

El caso más estridente se plantea en Venezuela. Henrique Capriles, derrotado por Maduro en 2013 en unas elecciones denunciadas por fraudulentas, reclamó el domingo pasado que Brasil se involucre como observador en los comicios legislativos del 6 de diciembre.

En julio, Capriles solicitó veedores al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Maduro le acusó de buscar “una intervención gringa para que la OEA gobierne Venezuela”. Almagro, que fue canciller de José Mujica, un amigo de Hugo Chávez, ofreció la semana pasada los servicios de la OEA para garantizar la transparencia de la elección. El vicepresidente Jorge Arreaza le advirtió de que no permitirá esa “intervención externa”. Sólo admitió el “acompañamiento” de Unasur. Pero Unasur, a diferencia de la OEA, carece de un observatorio electoral. El Consejo Electoral venezolano también repudió a Almagro. Está presidido por Tibisay Lucena, una de las militantes que custodiaron el féretro de Chávez durante sus funerales.

La controversia venezolana se agrava por la proscripción de varios candidatos opositores. A los alcaldes Daniel Ceballos y Vicencio Scarano se les prohibió postularse por no presentar sus declaraciones de bienes. No lo hicieron porque están presos, después de juicios denunciados por irregulares. María Corina Machado, a quien expulsaron de la Asamblea Nacional por acusar al régimen chavista en la OEA, también fue vetada. Y los exgobernadores Pablo Pérez y César Pérez Vivas fueron excluidos porque son investigados por presunta corrupción, sin que todavía tengan condena. El viernes pasado Human Rights Watch reclamó a países y organismos de la región que se pronuncien contra estas violaciones al derecho internacional.

La Argentina fue sacudida hace dos domingos por el fraude en las elecciones para gobernador de la provincia de Tucumán. El kirchnerista Juan Manzur se impuso al cabo de un proceso escandaloso, con quema de urnas y adulteraciones de votos. Esas trampas provocaron una protesta multitudinaria, reprimida por orden del gobernador José Alperovich, un caudillo que hubiera inspirado la pluma de García Márquez. El principal rival de Manzur, José Cano, pidió la anulación de los comicios.

La polémica dividió a la dirigencia nacional. Cristina Fernández de Kirchner y su candidato a sucederle, Daniel Scioli, avalaron lo ocurrido. Los líderes opositores, Mauricio Macri, Sergio Massa y Margarita Stolbizer, advirtieron de que en las presidenciales de octubre podrían verificarse las mismas anomalías. En la Argentina las elecciones son organizadas por el Ministerio del Interior, con la participación del correo estatal. Esa empresa, que emplea a simpatizantes de la señora Kirchner, es sospechosa de no repartir la boleta de algunos candidatos y de adulterar los resultados. Son las deformaciones más llamativas de un proceso irregular. Por ejemplo, la presidenta utiliza la cadena nacional de televisión para promover a sus candidatos e insultar a los de la oposición. Los jueces callan.

En Managua, los miércoles hay desfiles delante del Comité Superior Electoral acusando de fraude a Daniel Ortega. Los nicaragüenses todavía recuerdan que en 2008 el escrutinio fue interrumpido cuando no se había contado más que el 35% de los votos.

Los brasileños, en cambio, no hacen reproches a su régimen electoral. Se trata de un sistema electrónico, controlado por jueces independientes. De todos modos, Brasil se ha estremecido porque uno de los miembros del Superior Tribunal Electoral, Gilmar Mendes, pidió investigar las cuentas de campaña de Rousseff y de su vicepresidente, Michel Temer. Mendes quiere saber si el proselitismo estuvo solventado por los sobornos que generaba Petrobras.

Las irregularidades electorales son el síntoma de una renuncia al pluralismo propia de Gobiernos con ensoñaciones monopólicas. La corrupción refuerza esta tendencia. Si abandonar el poder implica perder un entramado de negocios paralelos, la competencia se vuelve violenta.

La opacidad de los sistemas electorales está en la raíz de la crisis de representación que atraviesa la política latinoamericana. Esa disfunción, siempre negativa, se vuelve catastrófica cuando la economía cambia de ciclo y reclama reformas. Esto está comenzando a ocurrir.