Tinta y fuego en Veracruz

En las escaleras de la plaza hay una baldosa cubierta con una capa de cemento. "Ahí había una placa con el nombre de un periodista muerto ¿no? No se vale, el trabajo que hacía estaba bien y me parecía un chico muy preparado. La verdad es que aquí está cañón", dice María Aguilar, que cada mañana cruza la céntrica plaza de Xalapa, capital de Veracruz, de camino a la tienda de artesanía donde trabaja desde hace 11 años.

En el hueco de piedra negra había efectivamente una placa que recordaba una muerte, y el chico del que habla es el fotoperiodista Rubén Espinosa, de 31 años, asesinado hace un mes en el Distrito Federal. Pero el letrero, que apenas duró unos días anclado a la piedra, era un homenaje a otra reportera, Regina Martínez, estrangulada en el baño de su casa en 2012. Quién arrancó la placa del escalón, a los pies de la catedral y mirando de frente al palacio de Gobernación, es un misterio en Veracruz, donde casi un periodista al mes ha muerto asesinado en lo que va de año.

Noé Zavaleta es el corresponsal de Proceso, una veterana revista con una marcada línea editorial contra el poder político mexicano. Tiene 35 años y empezó a trabajar para el semanario en mayo del 2012. El puesto se había quedado vacante tres días antes. La anterior corresponsal era la mujer que murió estrangulada en su baño. La sentencia del caso, plagado de dudas y con un auto revocatorio previo que acredita que el único detenido y finalmente condenado fue torturado durante su declaración, certifica que se trató de un crimen de bajos fondos, con el robo como motivo último. Era una periodista con más de 30 años en el oficio, especialista en temas relacionados con la inseguridad, el narcotráfico y sus posibles vinculaciones con funcionarios del Gobierno.

Espinosa huyó de Xalapa en junio, asustado por hombres que le seguían y le hacía fotos

El de Martínez es el único caso cerrado de los, al menos, 12 homicidios a periodistas que se han cometido en Veracruz durante los cuatro años de mandato Javier Duarte, en la diana mediática durante las últimas semanas. ONG y organizaciones internacionales le responsabilizan de no generar las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio de la prensa. Duarte defiende su gestión apuntando a que nueve de los casos están en manos de las autoridades federales por haber indicios de la participación del crimen organizado. Los tres restantes que han caído bajo su jurisdicción se han saldado con una sentencia y 11 detenidos.

Zavaleta cuenta que los primeros años en la revista recibía correos anónimos con amenazas y que le hackearon su cuenta de Facebook, donde aparecieron imágenes calumniándole. “Colgaron una foto en las que estoy de vacaciones en la playa y decían que era una fiesta gay y que yo era un borracho y un drogadicto”. Relata su historia entre carcajadas huecas, utilizando el humor como una válvula de descompresión. Este año ha asistido ya a cuatro funerales de compañeros. El último, el de su amigo Rubén Espinosa.

“Mira carnal, tenemos que estar tu y yo tranquilos. Después de lo que le pasó a Regina sería muy estúpido que se metieran con nosotros”, recuerda Zavaleta que le contaba su amigo durante las protestas que organizaban con otros periodistas cada vez que mataban a un compañero. Antes de huir de Xalapa en junio de este año, asustado por hombres que le seguían y le hacía fotos, Espinosa había denunciado en 2013 una agresión de policías. En la cobertura de una protesta de maestros, el fotoperiodista alegó que la policía lo persiguió, lo golpeó y le quito su cámara de fotos.

El 32% de las agresiones a la prensa corresponde a funcionarios públicos

El recipiente natural para este tipo de denuncias es la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), creado en 2012. “Le ofrecimos el apoyo de la comisión pero lo rechazó. Si no media una denuncia nosotros no podemos actuar”, afirma la secretaria ejecutiva Namiko Matzumoto. Su organismo registró el año pasado 44 agresiones a la prensa, de las cuales el 32% corresponden a funcionarios públicos, el 18% al crimen organizado y el resto a particulares.

Espinosa y otras reporteros, que llevan tiempo señalando el hostigamiento por parte de la policía, optaron sin embargo por saltarse al organismo veracruzano y dirigirse directamente al ámbito Federal.

Reporteros sin Fronteras ha aseverado en un reciente comunicado que los periodistas en Veracruz tienen mucho miedo por el crimen organizado, pero también “por el control tremendo del gobierno del Estado sobre los reporteros que se atreven a cuestionar determinados datos y situaciones”. La comisión veracruzana reconoce que hay cosas que mejorar. Por eso llevan dos años montando “cursos de capacitación” para los servidores públicos.

“Rubén no confiaba en la CEAPP, que ha sido creada por el Gobierno, por eso prefirió ir a la comisión federal”, explica Roger López, editor de un medio local. López no sonríe cuando recuerda a su amigo. Los dos participaban en el alumbramiento de un pequeño proyecto de periodismo independiente. El 30 de julio le llamaron por teléfono para consultarle el nombre definitivo del colectivo. Espinosa les dijo que Voz Alterna sonaba bien. El día siguiente, apareció con una bala en la cabeza en un departamento en el DF.

“La idea del colectivo es hacer la información que no hacen los medios de Veracruz. Son la mayoría oficialistas y no sacan nada crítico con el Gobierno”, apunta Juan David Castilla, otro de los integrantes de Voz Alterna. Él trabaja para dos periódicos y una radio. “Es la única manera de poder juntar algo de lana”. Tiene 27 años y cinco de experiencia profesional. Entre todos los trabajos gana unos 6.000 pesos al mes (340 dólares). La precariedad es reconocida por la propia CEAPP. “El medio periodístico adolece de un gran número de vulnerabilidades. Ingresos bajos, pocas prestaciones sociales, la mayoría cotiza por el mínimo legal”, explica su secretaria ejecutiva.

Esta debilidad estructural funcionaría como un perverso incentivo en un Estado con una renta per cápita superior a la media mexicana y una economía bendecida por sus reservas petroleras y un importante puerto comercial. El entorno del periodismo activista de Xalapa asegura que son frecuentes las dádivas o “chayotes” de los gabinetes de comunicación del Gobierno. “Te llaman a su despacho después de una rueda de prensa, te regalan un libro y dentro van a lo mejor 1.000 o 2000 pesos”.

Otro de las perversiones es la penetración en el gremio de las mafias del narcotráfico. El último reportero asesinado en Veracruz fue Juan Heriberto Santos, antiguo corresponsal de Televisa en Orizaba, al suroeste del Estado. Hace dos semanas, estaba sentado a la mesa de una cantina con un jefe local de Los Zetas cuando un grupo de hombres armados entró en el bar y los mató a los dos. “Juan andaba metido. Todo el mundo lo sabía. Uno ve los estándares de vida de la gente. Andaba con carros nuevos y siempre estaba invitando”, explica Luis Miguel López, de 36 años, un compañero de Orizaba.

Veracruz vivió a principios de la década una cruenta guerra entre los Zetas y el cartel del Golfo. La intervención del ejército amainó los golpes del narco. Pero la reciente debilidad de las bandas tradicionales ha abierto la espita para nuevos grupos, como Jalisco Nueva Generación. López cuenta que el año pasado recibió amenazas y la Marina decidió protegerlo. Le sacaron de circulación un mes y lo resguardaron en el cuartel como si fuera un monje de clausura. Un día su jefe del diario le exigió que asistiera a una reunión. La Marina le llevó dos horas en helicóptero de Xalapa a Orizaba. Al salir de la reunión, los marinos ya no estaban y tuvo que volverse al cuartel en autobús.