Una atípica coalición intenta vaciar las prisiones de Estados Unidos

El debate sobre por qué Estados Unidos es el país con más presos del mundo (dos millones de personas o uno de cada 100 adultos) ha entrado de lleno en la campaña electoral. El presidente Obama y los hermanos Koch, los mayores donantes a los candidatos presidenciales republicanos, destacan en una atípica alianza de conservadores y progresistas para reformar el sistema judicial, liberar presos no violentos, reducir condenas por delitos de drogas o invertir en reinserción.

EE UU también detiene a 14 millones de personas al año y ha llegado a condenar a cadena perpetua delitos por posesión de drogas. Son cifras que solían pasar desapercibidas para la mayoría en EE UU y que desde hace unos meses alimentan el debate público. La última vez que el sistema penitenciario formó parte de una campaña electoral, Bill Clinton prometía al electorado que encarcelaría a más delincuentes. Ahora desde su esposa, la candidata demócrata Hillary Clinton, hasta el republicano Marco Rubio prometen lo contrario.

“Hay una sensación de que el sistema penal está fuera de control”, explica Norman Reimer, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Abogados Defensores (NACDL). Esta organización empezó hace casi una década su campaña a favor de la reforma, pero como recalca Reimer los conservadores se han sumado ahora a esta corriente, que rompe radicalmente con la retórica de dureza contra el crimen que ha predominado en las cuatro últimas décadas.

El cambio coincide, además, con el intenso debate sobre la discriminación racial y la relación entre las autoridades y la comunidad negra. En los ochenta, al comenzar la guerra contra las drogas la cifra de afroamericanos encarcelados se cuadruplicó. En 2000, era 26 veces superior.

“Las cifras nos hacen cuestionar si hay algo malo en nosotros o es que nos hemos equivocado de leyes”, dice el representante de los abogados. EE UU invierte más en prisiones que en educación, 80.000 millones de dólares al año. Pero después de un gasto de tres billones de dólares en cuatro décadas, el consumo de drogas es casi el mismo.

EE UU invierte más en prisiones que en educación, 80.000 millones de dólares al año

La campaña para reformar el sistema judicial cuenta con los aliados más conservadores de EE UU: los hermanos Charles y David Koch, que han donado importantes sumas a la campaña de la asociación de abogados defensores para sacar adelante una ley que reduzca la población reclusa, recorte el gasto público por preso y elimine las penas de prisión obligatorias por posesión de drogas.

Reimer reconoce que es un consenso “inusual” y que lo que comenzó como una reforma con tintes económicos, inspirada por la recesión, ahora busca reparar el daño causado a la sociedad. Para él la solución implica eliminar las penas mínimas obligatorias, mejorar el acceso a abogados para personas sin recursos, revisar las prácticas policiales y reparar la pérdida de derechos civiles para los excarcelados.

Obama también apoya esta iniciativa. En los últimos meses ha indultado a 46 presos que cumplían penas por delitos no violentos, en un discurso ante una organización de defensa de los derechos civiles pidió al Congreso que reduzca la población encarcelada y reforme el sistema penal, y se convirtió en el primer presidente en visitar una cárcel federal. “Durante las últimas décadas hemos encarcelado a más delincuentes no violentos que nunca, con sentencias mayores que nunca”, recordó Obama en julio, en referencia a que EE UU, con el 5% de la población mundial, suma el 25% de los encarcelados del planeta.

Estos porcentajes se dispararon con políticas de la guerra antidrogas que impusieron penas mínimas de 10 años por vender cinco kilos de cocaína o un kilo de heroína. El Tribunal Supremo también respaldó la cadena perpetua por posesión de drogas para condenados sin antecedentes.

Con leyes que permiten a la policía dar el alto e identificar a cualquier sospechoso de haber cometido un delito, y a la falta de acceso a un abogado defensor, en los últimos 35 años ha aumentado un 800% la población de las cárceles federales: de 24.000 a 215.000 personas, donde la mitad cumple sentencia por drogas.

Un estudio de Urban Institute, una organización progresista de Washington, estima que si los Estados aplican cambios en las sentencias por delitos menores y facilitan la libertad condicional, reduciendo a la mitad el número de condenas de prisión, en 2012 habrían recortado en un 25% la población encarcelada. Y a pesar de las medidas, sus autores alertan de que “si se liberara hoy a todos los presos por delitos de drogas, el problema de la masificación en las cárceles seguiría existiendo”.