Los cubanos excluidos en América Latina

El hecho que Cuba participe una vez más en las actividades de la Organización de Estados Americanos es una victoria para los gobiernos latinoamericanos que argumentaron a favor de la solidaridad con Cuba y que ningún país debe ser excluido de la comunidad. Pero si esa solidaridad con Cuba incluyera a todo el pueblo cubano, y no solo al gobierno, allí veríamos una real apertura al diálogo. Aún no es así.

Cuando jefes de Estado o ministros de gobiernos latinoamericanos viajan a Cuba nunca se encuentran con las organizaciones locales de derechos humanos. Ello a pesar de sus propias experiencias con la opresión durante las dictaduras de sus propios países. Cuando la oposición cubana quiere presentar sus puntos de vista sobre la situación en el país a las embajadas latinoamericanas en La Habana, ellas casi nunca abren sus puertas.

Este patrón de exclusión se ve también cuando representantes del movimiento democrático en Cuba viajan por el continente. Cuando once cubanos a finales de julio llegaron al aeropuerto de San Salvador para participar en la VIII Conferencia Ministerial de la organización intergubernamental Comunidad de las Democracias, fueron privados de sus pasaportes y cartas de invitación, detenidos, custodiados por la policía e informados horas más tarde de que serían deportados por "órdenes superiores".

Cuando jefes de Estado latinoamericanos viajan a Cuba nunca se encuentran con las organizaciones locales de derechos humanos

Después de casi dos días de conmoción internacional, así como de dos noches encerrados y custodiados por la policía en aeropuertos, salas de espera y un viaje a Panamá para buscar nuevas, pero idénticas, cartas de invitación, finalmente pudieron ingresar a El Salvador.

Durante la Cumbre de las Américas en Panamá en abril, los defensores cubanos tuvieron que experimentar cómo la delegación oficial cubana, disfrazada de sociedad civil, los perseguía, amenazaba y saboteaba con cantos agresivos en todas las reuniones públicas donde hablarían, sin que los organizadores panameños lo impidieran.

En ambos eventos en Panamá y El Salvador, los participantes cubanos recibieron toda la solidaridad de numerosas organizaciones de la sociedad civil regional que se alarmaron por la grotesca persecución.

Cuando, a principio de este año, una organización costarricense quiso invitar a un grupo de defensores de los derechos humanos a un seminario, recibió la notificación de las autoridades migratorias en San José que los cubanos necesitarían presentar un extracto legalizado de sus antecedentes penales para obtener una visa. Estos cubanos son detenidos varias veces al año a causa de su trabajo por la democracia y los derechos humanos. Pedirles que vayan a la policía para obtener antecedentes penales y luego ir a la Cancillería para legalizarlos, es simplemente un absurdo.

Cuando 11 cubanos a finales de julio llegaron a San Salvador fueron informados de que serían deportados por "órdenes superiores"

Pero ello no es inusual. De acuerdo al informe Abran las puertas a los cubanos, de la organización Civil Rights Defenders, nueve países latinoamericanos requieren antecedentes penales y referencias bancarias para emitir visas a cubanos. Esta es una política que activamente impide la cooperación abierta entre la sociedad civil de sus países y de la de Cuba.

Es momento que los vecinos de Cuba eliminen las barreras que impiden la movilidad o discriminan a muchos líderes cubanos y abran sus puertas, incluso para los que estén a favor de los derechos humanos y la democracia, así como que propicien un espacio de diálogo abierto entre los cubanos y para los cubanos, sin exclusiones.

Robert Hårdh es director Ejecutivo de Civil Rights Defenders. Twitter @crdefenders

Carlos Ponce es director de Freedom House para América Latina y el Caribe. Twitter @ceponces