La justicia impide informar de la inflación en Venezuela

En una decisión dada a conocer el viernes pasado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela rechazó la demanda de una organización no gubernamental que forzaría al Banco Central de Venezuela (BCV) a informar al público sobre la tasa de inflación.

Otrora un dato público e inocuo, que se daba a conocer con regularidad mensual, el desempeño del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ha convertido en un secreto de Estado en Venezuela. La última vez que se informó de manera oficial sobre la inflación fue el febrero pasado, cuando el BCV registró una variación intermensual del IPC de 5,6% con respecto al mes de enero de 2015. Desde entonces, el ente emisor —controlado por el Ejecutivo, al igual que el TSJ— cumple seis meses sin publicar esas cifras.

El régimen chavista suele aplicar un torniquete a la circulación de estadísticas oficiales que, según considera, pudieran avivar el debate político y alimentar la “conspiración mediática” que denuncia regularmente. Así ha hecho, por ejemplo, con los reportes de homicidios y criminalidad desde 2005, o con los de epidemiología tras brotes cíclicos de dengue o chikunguña.

El pasado julio la organización Transparencia Venezuela —asociada a Transparencia Internacional— presentó ante el TSJ una “demanda por abstención” contra el presidente del Banco Central, Nelson Merentes, un matemático ministro de Economía en los gabinetes de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. La acción legal acusaba a Merentes de “incumplimiento de la obligación en la publicación de las principales estadísticas económicas del país”.

Sin embargo, en su decisión 935 del pasado 4 de agosto, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo desestimó el recurso al alegar que los demandantes no habían hecho suficientes diligencias para obtener del Banco Central los datos requeridos. La ONG, en un boletín de prensa distribuido el viernes reciente, calificó la decisión como poco sorpresiva “aunque, no por ello, menos indignante”.

Así el mutismo oficial con respecto a la inflación, uno de los azotes que más mortifican la vida diaria de los venezolanos, recibe una aprobación judicial. El presidente Nicolás Maduro rara vez se refiere al fenómeno, y cuando lo hace, lo asimila a otra arma de la guerra económica que, según denuncia el relato gubernamental, la burguesía especuladora libra contra la revolución. La inflación va adquiriendo en Venezuela una especie de rango sobrenatural: se sienten sus efectos, pero no se puede determinar —tal vez ni siquiera comprender— su existencia.

Todavía con cifras oficiales, al cierre de los años 2013 (56%) y 2014 (68,5%), el incremento de los precios en Venezuela figuró entre los más altos del mundo. Este año se le supone en cotas propias de la hiperinflación. Como si fueran ofertas en una subasta, y ante la falta de cifras precisas, diversos voceros aventuran sus estimaciones. El Bank of America calculaba en julio que el año cerrará en Venezuela con una inflación de alrededor del 142%; la calificadora JP Morgan, en su más reciente informe difundido este martes por el diario El Nacional de Caracas, “ante la ausencia de reportes oficiales” pronostica un aumento del 140%. El economista Steve Hanke, catedrático de la universidad Johns Hopkins de Maryland (Estados Unidos), advertía en julio que el proceso inflacionario en Venezuela había ingresado a “una espiral de muerte” y que el incremento real de los precios durante los últimos doce meses alcanzaba el 615%.

En junio el ministro de Planificación y Comercio, Ricardo Menéndez, interrogado en el Comité de Derechos Culturales, Económicos y Sociales de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, admitió que la inflación hasta ese mes acumulaba, desde enero, un 60% de incremento. Sin embargo, a su regreso a Caracas, negó haber aportado esa cifra.