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La polémica por la reforma educativa crece en México

El líder de una de las secciones sindicales más poderosas dice que "cobra por política" después de que una organización le denunciase

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Un mensaje de la CNTE en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas). EFE

La reforma educativa en México, que se concentra en cambios legislativos laborales para los profesores pagados por los contribuyentes mexicanos, es una de las propuestas fundamentales del paquete de reformas anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto hace ya dos años y medio, en diciembre de 2012, al inicio de su mandato. Y aún es una asignatura pendiente.

El periódico Reforma dedica su primera plana de este jueves a las declaraciones del líder de la poderosa sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca, Rubén Núñez. “Cobro por política, no por dar clases. Porque el trabajo político es un trabajo que también las bases nos han encomendado. Somos parte de una estructura. Estamos afiliados a un instituto en este caso, como patrón sustituto”. El dirigente sindical aclaró también que el sueldo que recibe por hacer política no solo proviene de los impuestos de los mexicanos. “La SEP [Secretaría de Educación Pública de México] tiene claro que nosotros estamos percibiendo esto con respecto a una comisión que nuestras propias bases nos encomendaron”, indica el mismo periódico.

Las declaraciones de Núñez vienen después de que la organización Mexicanos Primero presentara una denuncia frente a la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) en su contra por acusarle de cobrar su sueldo sin presentarse a dar clases. Mexicanos Primero calcula que Núñez lleva 60 días sin acudir a un aula. A pregunta de los periodistas, el líder sindical indicó que ganaba 15.000 pesos a la quincena (unos 949,5 dólares al tipo de cambio actual).

A pregunta de los periodistas, el líder sindical indicó que ganaba 15.000 pesos a la quincena (unos 949,5 dólares al tipo de cambio actual)

Rubén Núñez es un líder de consenso que en realidad une a distintas corrientes de la sección 22, que a su vez forma la CNTE: un sindicato de más de 100.000 miembros que nació a contracorriente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el más grande de Latinoamérica, comandado por la poderosa Elba Esther Gordillo, detenida desde 2013 bajo cargos de corrupción y lavado de dinero. La CNTE concentra su mayor presencia en los estados más pobres del país: Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, al sur de México.

Intentar desmadejar la sección 22 de la CNTE es uno de los numerosos galimatías que encierra México. La sección 22 es, de facto, un actor político en Oaxaca. El gobernador Gabino Cué se refiere a que negociará, antes de anunciar sus reformas con “organizaciones sociales”, lo que en la mayoría de las ocasiones se traduce como la sección 22 de la CNTE.

El rifirrafe entre la CNTE y Mexicanos Primero, la organización social que ha hecho de la educación en México su bandera, viene a cuento por el intento de aplicar la evaluación a los profesores en los estados en que el sindicato tiene mayor presencia.

La evaluación es una de las partes fundamentales de la reforma. Los profesores en México no tienen un censo único ni son sometidos a evaluaciones periódicas para revisar su desempeño. Gabriela, una profesora entrevistada por este periódico el mes pasado, explicaba que la CNTE no estaba “en contra de la evaluación de los profesores, es buena, pero si se hace correctamente. […] Nos examinan en función de libros de texto que no tienen nada que ver con la realidad que vivimos. Muchos de nuestros alumnos no hablan español y sus padres no saben ni leer ni escribir”.

La SEP ha insistido en que los profesores que acudan a la evaluación no perderán sus puestos de trabajo ni sus derechos sindicales. La primera etapa de la evaluación fue aplicada en la mayor parte del país, pero en los territorios que domina la CNTE la tensión llevó incluso a que unos profesores humillasen a uno de sus compañeras por tomar el examen en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La prueba ha sido suspendida temporalmente en Oaxaca y Michoacán, e indefinidamente en una parte de Chiapas. El Gobierno calcula que el 73,3% de los participantes programados participaron.