El desafío al matrimonio gay pervive en Estados del sur de EE UU

La legalidad del matrimonio homosexual en Estados Unidos ha dado paso a una nueva batalla política, esta vez en defensa de los derechos de empleados públicos que se niegan a conceder licencias a parejas del mismo sexo. El fallo pronunciado por el Tribunal Supremo el pasado viernes ha abierto una brecha también entre los candidatos republicanos a la presidencia, demostrando que a pesar de los cambios avanzados por la sociedad estadounidense, su sector más conservador pide que prevalezca su libertad religiosa sobre la igualdad de derechos.

Los aspirantes republicanos se han mostrado divididos en dos grupos. Jeb Bush y Marco Rubio, dos de los aspirantes con más opciones, declararon en los últimos días que se debe cumplir la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. “Vivimos en una república y debemos respetar las leyes”, dijo Rubio.

El resto de contrincantes, sin embargo, defienden que es el momento de abrir una nueva batalla legal en defensa de los derechos religiosos. El gobernador de Wisconsin, Scott Walker, pidió una nueva enmienda a la Constitución para anular el fallo del Supremo; Mike Huckabee anticipó una campaña de desobediencia civil y el senador Ted Cruz calificó el día que llegó la sentencia como “las 24 horas más oscuras” de la historia del país.

“Cuanto más alto lo digan, más van a reforzar la idea de que el Partido Republicano es el partido que no solo odia a los homosexuales, sino que además está atascado en el pasado y se niega a respetar la legitimidad de ninguna institución con la que no esté de acuerdo”, analizaba Paul Waldman esta semana en The Washington Post.

Rand Paul ha ofrecido una solución intermedia, aunque no menos controvertida: dejar de conceder licencias de matrimonio hasta que los tribunales resuelvan la situación actual. Y eso es lo que ha hecho un condado de Kentucky, donde el funcionario ha cancelado los matrimonios porque, según declaró al diario Los Angeles Times, se está discriminando contra él al obligarle a casar a parejas del mismo sexo en contra de lo que dicta su fe. Casey Davis declaró que “no se puede redefinir la Biblia” y que si el Gobierno federal “fuese lógico” no hubiera regulado el matrimonio.

Ted Cruz calificó el día que llegó la sentencia como “las 24 horas más oscuras” de la historia del país

Decisiones como ésta ya se han topado con nuevas demandas en los tribunales. La American Civil Liberties Union (ACLU), una de las organizaciones que ha liderado la lucha por la igualdad, ha denunciado a una funcionaria por cancelar todas las licencias -tanto de parejas heterosexuales como de homosexuales- por su objeción religiosa al matrimonio igualitario. En Alabama, los condados que todavía prohibían el matrimonio gay a pesar de las numerosas sentencias pronunciadas en su contra escucharon este miércoles como un juez reiteraba que no tienen razón.

En Luisiana, el gobernador y candidato Bobby Jindal decidió esta semana que no tomaría una decisión acerca de los matrimonios homosexuales hasta que un juez federal aclarase si su estado puede o no prohibirlos. La sentencia del Supremo decía que no y un juez federal lo reiteró este jueves, obligando a Luisiana a retirar la objeción.

El bloqueo al matrimonio igualitario ha tenido la misma suerte en Texas, donde quedaba pendiente de resolución un caso en el que el fiscal general de este estado pidió a un tribunal federal que aclarase si conserva su derecho a prohibir las uniones entre personas del mismo sexo. La respuesta fue clara: “el matrimonio igualitario es legal en todo el país y por tanto no debería ser tomada a la ligera por los funcionarios de esta jurisdicción”, escribió el juez federal Jerry Smith.

Luisiana, Texas, Alabama y Kentucky son ejemplos de cómo estados gobernados por republicanos -iniciativas de funcionarios amparados por sus gobiernos- han intentado rechazar la nueva realidad legal en Estados Unidos en nombre de la libertad religiosa. La estrategia es similar a la que intenta redefinir el derecho al aborto, décadas después de que la máxima autoridad judicial del país lo regulase, y avanza a pesar de la avalancha de críticas de líderes ciudadanos y empresariales que ya lograron parar leyes discriminatorias esta primavera en Arkansas o Indiana.

Este rechazo, su defensa por parte de los candidatos republicanos más conservadores y lo que muchos consideran como una falta de consistencia por parte de Rubio o Bush, supone el riesgo de alejarles de la mayoría de votantes, especialmente de los más jóvenes. El giro que ha dado la opinión pública estadounidense en los últimos cinco años, especialmente desde la sentencia del Supremo de 2013, contrasta drásticamente con el inmovilismo republicano y puede jugar en contra de sus opciones de llegar a la Casa Blanca en 2016.