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TRIBUNA

Sagas latinoamericanas

Las trayectorias de Pazmiño y Zaffaroni contradicen la propia arquitectura normativa del sistema interamericano de derechos humanos

Fue el gran Jorge Luis Borges quien introdujo las sagas islandesas al mundo hispano parlante. Una narración que transcurre en torno a la época de la colonización de Islandia, llegan hasta la conversión del país al cristianismo entre los siglos IX y X. Son parte de la historia oral, textos anónimos que recogen la tradición de transmitir el pasado de generación en generación, evocando anécdotas y personajes legendarios, tanto reales como ficticios: reyes, poetas y heroicos guerreros vikingos. La saga es una manera peculiar de contar el pasado, que se recrea y se modifica en el arte de contarlo.

Es una buena manera de narrar los derechos humanos en América Latina. Sus mejores días son una leyenda del siglo XX. Al llegar al siglo XXI, la región se convirtió en el imperio del subjetivismo, una interpretación desde el poder capaz de re escribir la historia a voluntad. Ya no importa hecho objetivo alguno, sino que prima eso que hoy llamamos “relato” y que, a fuerza de repetición, se transforma por sí mismo en realidad. Aquí también hay grandes reyes, pocos poetas, muchos abogados y, notablemente, varios guerreros.

Se cuenta que un dictador de los años setenta trataba al Secretario General de la OEA con solemne respeto. Temía la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y buscaba neutralizar su posterior informe, el cual igualmente se produjo. En contraste, en este siglo un presidente llama a la CIDH “recolector de basura” y otro califica a su Secretario Ejecutivo como “excremento”. Entre ambos, arrinconan a la OEA. La han sitiado, a propósito de guerreros.

Otra saga es la de un rey que muere tras una larga agonía. Le sucede un presidente que, al encontrarse con protestas de la sociedad, reprime y encarcela opositores. El Secretario General de la OEA asegura que no intervendrá, a diferencia de aquel de los setenta. Es que el monarca fallecido era su protector, dicen algunos. En ese contexto, la CIDH recurre a todo tipo de acrobacias semánticas para no llamar a los opositores encarcelados lo que son: presos políticos.

Estas también son sagas, pretendidamente claro, historias que se cuentan, leyendas. Esta semana se eligieron cuatro nuevos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal hemisférico en la materia. Ocurrió lo que ya se sabía y la implacable nomenclatura planeaba durante bastante tiempo. De los cuatro nuevos jueces, dos presentan un récord menos que elogiable en lo que hace a los fundamentos del constitucionalismo liberal, es decir, separación de poderes, pesos y contrapesos, y libertades y garantías individuales, nociones imprescindibles para la vigencia de los derechos humanos.

Uno de los elegidos fue el actual presidente del Tribunal Constitucional de Ecuador, Patricio Pazmiño. Llega desde un tribunal férreamente alineado con el Ejecutivo, reformado a partir de la Constitución de 2008 y ampliado con jueces adeptos que le garantizan al gobierno una mayoría propia permanente. Su apoyo militante a la Ley de Comunicación y a la Superintendencia de Comunicación, lo cual se ha traducido en censura y acoso a periodistas críticos, ha generado dudas, por decir lo menos, acerca de su voluntad de proteger los derechos humanos. La libertad de prensa es uno de ellos.

La cuestión no es solo la explícita intención del presidente Correa de debilitar el sistema interamericano de derechos humanos. Ocurre, además, que la trayectoria de Pazmiño, y la concomitante erosión de derechos y libertades, contradice la propia Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta Democrática Interamericana, la arquitectura normativa que los jueces de la Corte están obligados a defender, promover y fortalecer. En otras palabras, a menos que Pazmiño haga un giro radical en su jurisprudencia, la victima inmediata de su designación serán los derechos humanos y los tratados hemisféricos que los definen y sostienen.

El caso de Eugenio Zaffaroni, ex integrante de la Corte Suprema de Argentina y también electo, es similar. Algunas organizaciones argentinas señalan que Zaffaroni no reúne las condiciones para el puesto. Ello no solo por haber votado siempre a favor del gobierno, sino por haber sido juez en la última dictadura militar sin firmar jamás un habeas corpus. Agregan, además, que hasta hace poco Zaffaroni alquilaba doce apartamentos de su propiedad a una organización que regenteaba el ejercicio de la prostitución. Ello no necesariamente lo convierte en proxeneta pero, dada la responsabilidad del cargo, la vara que se usó en su caso debería haber sido más alta, no más baja, que la que se usa para medir al resto de los mortales.

Nada de esto se hizo público en el proceso de selección, malográndose el tan pregonado principio de la transparencia. El programa Justice Initiative de la organización Open Society convocó a un panel de expertos para involucrar a la sociedad civil y evaluar los antecedentes de los jueces. La participación de los candidatos fue voluntaria y no todos lo hicieron, pero Zaffaroni sí lo hizo. El problema es que la evaluación prescindió de reportes de prensa y otras fuentes secundarias, limitándose a los materiales presentados por el propio candidato, es decir, por el mismo Zaffaroni.

Esto también es cuestión de varas y medidas. Open Society y las otras organizaciones involucradas no contratarían a un empleado de oficina sin verificar sus referencias y antecedentes, criterios que no parecen aplicar a quien postula a ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con ellos parece que alcanza con su palabra. Y tal vez esta sea otra saga latinoamericana para contar.

Twitter @hectorschamis