Un tribunal de Sudáfrica ordena que el presidente sudanés no deje el país
Sobre El Bashir pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por genocidio
El Tribunal Superior de Pretoria (Sudáfrica) emitió este domingo una orden provisional para impedir que abandone el país el presidente sudanés, Omar al Bashir, de 71 años, sobre el que pesan dos órdenes de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la región de Darfur (oeste de Sudán). La corte sudafricana tendrá que dictaminar hoy si finalmente ordena la detención de Al Bashir y es, por tanto, puesto a disposición del TPI, con sede en La Haya. El presidente de Sudán asiste en Johanesburgo a una reunión de la Unión Africana.
Al Bachir está todavía en Johannesburgo, pero abandonará territorio sudafricano este mismo lunes, según ha afirmado un portavoz de la Presidencia sudanesa. "El presidente Al Bashir todavía está en Johannesburgo pero nos vamos de Sudáfrica hoy", ha explicado a Reuters el portavoz presidencial sudanés Mohamed Hatem.
La corte de Pretoria emitió la primera orden tras una acción legal presentada por la mañana por el Centro para la Litigación de África Meridional, una asociación de defensa de los derechos humanos. La oposición sudafricana y Amnistía Internacional apoyaron la petición del tribunal.
El TPI requirió a las autoridades de Sudáfrica, país firmante del Estatuto de Roma que alumbró la corte, el arresto inmediato de Al Bashir. El presidente sudanés, reelegido el pasado mes de abril con el respaldo del 94% de los votos, fue imputado en 2009 por crímenes de guerra y contra la humanidad. Un año después fue acusado de genocidio. Los dos cargos en su contra, en los que se basa la orden de detención cursada en La Haya, guardan relación con la guerra en Darfur desencadenada a principios de 2003.
Críticas a La Haya
Para garantizar el efecto de la prohibición de la salida del presidente sudanés, el juez Hans Fabricius pidió al Ministerio del Interior una lista con los nombres de los funcionarios que deben hacer cumplir su orden “en todos los puntos de entrada de la República”. Los abogados del Estado defendieron que es el Ejecutivo el que tiene la última decisión sobre el arresto de Al Bashir.
El Congreso Nacional Africano, partido del presidente sudafricano Jacob Zuma, expresó en un comunicado su oposición a la orden judicial y criticó la labor del TPI: “Países en África y Europa del Este continúan soportando sin justificación el embate de las decisiones del TPI, y Sudán es el último ejemplo”.
Según los informes de Naciones Unidas, cerca de 300.000 personas (100.000, según Sudán) fueron asesinadas y otros dos millones tuvieron que huir de sus hogares durante los once años de conflicto en el país africano.
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