Israel atacó en Gaza de forma indiscriminada, según excombatientes

Las Fuerzas Armadas de Israel violaron su propio código de conducta y las reglas de enfrentamiento en combate durante la ofensiva del pasado verano en Gaza, lo que permitió ataques indiscriminados que condujeron a la muerte de civiles palestinos inocentes, según un informe presentado este lunes por una ONG integrada por exmilitares israelíes. Breaking the Silence (BtS, Rompiendo el Silencio), creada por soldados veteranos en 2004, durante la Segunda Intifada, ha recogido las testimonios de 60 oficiales y soldados que participaron en la Operación Margen Protector, que durante 51 días a lo largo de los meses de julio y agosto de 2014 se cobró la vida de 2.200 palestinos, en su mayoría civiles, y 74 israelíes, casi todos ellos militares.

El informe de BtS asegura que se produjo una devaluación de las normas tradicionales de combate del Ejército israelí que definían sus valores, como utilizar siempre la mínima fuerza necesaria y mantener siempre la “humanidad”. La ONG considera que las reglas de enfrentamiento prescritas fueron las más permisivas de las que tiene constancia: “Muchos de los soldados que prestan su testimonio en el informe aseguran que recibieron órdenes de disparar a matar a cualquier persona que se cruzara en su camino en la zona de combate”.

Las declaraciones recogidas coinciden en señalar que los soldados habían sido informados de que iban a intervenir en una zona desalojada de civiles, a pesar de que después encontraron a su paso varias personas y en ocasiones hasta familias enteras.

“Soldados aseguran que recibieron órdenes de disparar a matar a cualquier persona en la zona de combate”

Los testimonios incluidos en el informe constatan que a lo largo de la Operación Margen Protector la artillería de Israel disparó miles de proyectiles de forma imprecisa sobre zonas residenciales. También destacan que se produjo una destrucción masiva de edificios e infraestructuras, a pesar de que en algunos casos se trataba de zonas que ya habían sido despejadas por la infantería, sin que existiese un interés operacional claro para su destrucción. En algunas declaraciones se asegura que muchas áreas residenciales fueron bombardeadas con el objetivo de “demostrar que se tenía presencia en la zona” o simplemente como acto de castigo.

“De los testimonios se deduce que se ha producido un grave fractura ética de las reglas de combate de las Fuerzas Armadas de Israel, y que esta quiebra procede de la cúpula de la cadena de mando y no es el resultado de incidentes aislados”, asegura en un comunicado Yuli Novak, director de Breaking the Silence.

“La opinión pública debe conocer qué misiones han sido encomendadas a sus hijos. Pedimos que se cree una comisión de investigación externa, al margen del Ejército, que examine las directivas que estaban detrás de las normas de combate durante la Operación Margen Protector y las normas y valores que las sustentaron”, concluye Novak.

La oficina del Portavoz de las Fuerzas Armadas difundió también este martes un comunicado en el que afirma que el Ejército “se ha comprometido a investigar las denuncias presentadas por ONG y medios de comunicación sobre la Operación Margen Protector”. En el mismo comunicado se asegura que, “al igual que anteriores ocasiones, Breaking the Silence se ha negado a aportar las pruebas antes de publicar su informe, lo que hace imposible abrir una investigación”.

Yehuda Shaul, uno de los fundadores de BtS en Hebrón en 2004, explica que la intención de su organización ha sido “abrir un debate público sobre un Ejército de un país democrático”. Shaul precisa que una cuarta parte de los testimonios incluidos en el informe procede de oficiales y que el resto es de soldados de reemplazo o reservistas. “El texto fue sometido a los responsables de la censura militar”, asegura este responsable de la ONG, “y el pasado mes de marzo dirigimos una carta, que no obtuvo respuesta , al jefe del Estado Mayor para solicitarle una reunión en la que presentarle nuestras conclusiones, que, a la luz de su gravedad, consideramos debían ser analizadas en primer lugar por la cúpula de la cadena de mando”.

Yehuda Sahul afirma que BtS no ha elaborado su informe con la intención de que llegue a la Corte Penal Internacional (CPI), sino “a los tribunales civiles de Israel, ya que las investigaciones internas militares se han dirigido a otras cuestiones, como la condena de varios soldados por saqueos en Gaza”. La CPI ha abierto diligencias previas para estudiar si investiga por crímenes de guerra denunciados por las autoridades palestinas, que han suscrito el tratado que rige el tribunal internacional, y que entró en vigor para Gaza y Cisjordania el pasado 1 de abril. Naciones Unidas también tiene previsto hacer públicas las conclusiones de su investigación sobre la Operación Margen Protector, el próximo mes de junio.

El Ejército se compromete a investigar las denuncias de ONG y medios de comunicación

El asesor legal de BtS, Michael Sfard, sostiene que el informe sobre Gaza describe una “violación sistemática de algunos principios de las leyes de la guerra”. Por ejemplo, la norma que prescribe una estricta distinción entre civiles y combatientes se ve superada por unas laxas reglas de enfrentamiento, al establecer escasas restricciones a una intervención armada en zonas densamente habitadas. La obligación de avisar antes de atacar en estas áreas fue interpretada de forma permisiva, ya que se operaba en zonas urbanas bajo la premisa de que habían sido desalojadas. “La Fuerza Aérea ya ha avisado, está claro que la zona está despejada de civiles”, se les repitió a los soldados. Bajo esta circunstancia, las fuerzas que iban a intervenir asumieron que estaba permitido disparar a todo aquel que no fuera un soldado israelí. “O no debería de estar allí o es un terrorista”, era la máxima que llevó a disparar a matar, como asegura uno de los testimonios a “una imagen de apariencia humana que asomaba por una ventana”.

Un militar de una unidad de artillería declaró en su testimonio que en las fotografías que se tomaron después de haber disparado sobre una zona supuestamente despejada había “mucha gente, muchas ambulancias, mucho humo y mucha conmoción”. El asesor legal de BtS cree que se violó el principio de proporcionalidad, que prohíbe atacar un objetivo militar si el daño que se va a causar a civiles es superior que el que se inflige al enemigo.

Todo esto se produjo a la luz de la interpretación que hizo el Ejército de otro principio fundamental de las leyes de la guerra, el deber de tomar medidas de precaución antes de atacar para evitar en lo posible los daños a civiles. Las Fuerzas Armadas de Israel lanzaron panfletos para avisar de su intervención en zonas concretas, enviaron mensajes de texto a los teléfonos móviles de los vecinos e incluso realizaron llamadas de advertencia a los teléfonos de algunas casas. Pero el hecho de avisar a los ocupantes de una casa no priva a un edificio de su condición de objetivo civil. Muchas personas permanecieron en sus viviendas por variadas razones –estaban enfermos o eran ancianos que no podían huir, o simplemente se trataba de familiares que se quedaron para cuidar de los anteriores, o bien no tenían un lugar seguro al que dirigirse. “Se quedaron en casa, pero la simple advertencia del Ejército no les convirtió en un objetivo legítimo de ataque”, concluye el asesor legal.