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medio ambiente

Luchar contra la contaminación por orden judicial

El Tribunal Supremo obliga al Gobierno del Reino Unido a mejorar la calidad del aire

La contaminación de Londres en abril de 2014.
La contaminación de Londres en abril de 2014.

Reino Unido lleva años incumpliendo los límites de contaminación atmosférica que impone la legislación europea. Los habitantes de ciudades como Londres, Leeds o Birmingham respiran aire sucio, y las últimas estimaciones oficiales muestran que, de seguir así, continuarán haciéndolo al menos hasta 2030. Pero ahora el Gobierno británico está legalmente obligado a diseñar medidas para luchar contra la elevada contaminación de sus urbes, que provoca cada año miles de muertes prematuras: el Tribunal Supremo, el máximo órgano judicial del país, ha dictaminado, por unanimidad de los cinco jueces, que debe poner en marcha nuevos planes antes de que acabe el año.

Esta insólita sentencia llega después de cinco años de lucha de los activistas de ClientEarth, una ONG británica de abogados medioambientales que decidieron recurrir a los tribunales ante la inacción de su Gobierno. “La contaminación atmosférica mata a decenas de miles de personas cada año en este país. Los ciudadanos tenemos derecho a respirar aire limpio y si las autoridades no hacen lo suficiente por garantizarlo, si no se puede confiar en ellas, hay que recurrir a la justicia”, señaló Alan Andrews, abogado de ClientEarth, a EL PAÍS.

La sentencia no solo obliga a elaborar nuevos planes de calidad del aire; también a que sean ambiciosos y eficaces, opina Andrews. Y se tienen que poner en marcha rápido, en cuestión de meses. Será una de las primeras tareas del Gobierno que salga de las urnas el próximo día 7.

“Esta decisión sienta un precedente muy importante en toda Europa y facilita el camino a otras organizaciones que quieran denunciar. Además anima y quita el miedo a los tribunales a sentenciar contra un Estado”, opina Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción. Su organización también ha llevado a los tribunales a las autoridades españolas por la contaminación atmosférica, sin éxito por ahora. “Estaremos encantados de ayudar a otros”, afirma por teléfono Andrews. “Ya tenemos una red de organizaciones ambientales por toda Europa con la que estamos trabajando”.

La legislación europea —directiva de calidad del aire (2008/50)— permite una media anual máxima de 40 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno, un gas tóxico que agrava problemas de salud como el asma y las alergias, y que procede principalmente del tráfico. Ese límite es de obligado cumplimiento desde 2010 y la normativa prevé sanciones en caso de superación de los límites. Ni Reino Unido ni otros muchos países europeos, entre ellos España, los respetan, y por ello se enfrentan a posibles multas millonarias de Bruselas.

La contaminación atmosférica es la primera causa medioambiental de muertes prematuras en la Unión Europea. Un estudio presentado el año pasado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) señalaba que la polución del aire causa casi medio millón de muertes prematuras al año.

Denuncias en España

Organizaciones españolas como Ecologistas en Acción también han tratado de llevar a los tribunales a las autoridades para obligarlas a garantizar el derecho de los ciudadanos a respirar aire limpio. Solo en Madrid, que incumple la normativa europea de contaminación desde 2010, han puesto tres denuncias. La última, el año pasado. La organización considera que el Ayuntamiento es responsable de no adoptar las medidas necesarias para garantizar que la capital cumpla. Según la denuncia, la alcaldesa, Ana Botella, y su concejal de Medio Ambiente, serían culpables de un delito contra el medio ambiente tipificado en el artículo 325 del Código Penal.

“La sentencia del Reino Unido da esperanzas, pero demostrar en España que se produce un delito de comisión por omisión es francamente complicado. Hasta ahora no hemos encontrado resquicios legales para hacer valer los derechos de los ciudadanos”, explica Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción. Ninguna de las denuncias —presentaron otra contra Alberto Ruiz-Gallardón en 2011— ha prosperado.

Los expertos piden sacar los coches sucios de las ciudades

E. G. S.

Los expertos en contaminación atmosférica recomiendan la restricción del tráfico en el centro de las ciudades como uno de los métodos más efectivos para mejorar la calidad del aire que respiran sus habitantes. La implantación de las llamadas zonas de bajas emisiones, en las que se prohíbe la entrada de los vehículos diésel más contaminantes, es una de las medidas que los científicos que forman parte del proyecto europeo AIRUSE LIFE+ han trasladado a la Comisión Europea y a los Gobiernos de los Estados miembros.

Este proyecto, del que forman parte siete equipos científicos de países del sur de Europa, pretende ayudar a los Estados a decidir cómo luchar contra la contaminación teniendo en cuenta las particularidades de las ciudades meridionales del continente. Los países del sur de Europa y el Mediterráneo tienen peores niveles de partículas en suspensión que los del centro y norte por tener más fuentes de emisión: intrusiones de polvo sahariano, poca lluvia que evita que la atmósfera se limpie, alta radiación solar, etcétera.

Las partículas se consideran uno de los contaminantes más peligrosos porque penetran en las vías respiratorias y agravan enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Otra de las recomendaciones de los expertos de AIRUSE es certificar las estufas, calderas de biomasa y pellets que se comercializan. También sugieren el riego de las calles para reducir la resuspensión de las partículas del tráfico. “Es el mejor método. Hace unos años probamos en una calle de Barcelona si añadiendo una sustancia química se puede reducir el polvo, pero no funcionó”, explicó Xavier Querol, investigador del CSIC y coordinador del proyecto europeo.

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