El calvario de la negociación reduce el apoyo al Gobierno de Syriza

Tras sólo tres meses en el poder, y cuando aún no se ha cumplido el periodo de gracia de los 100 días, el idilio de la ciudadanía griega con su Gobierno parece desinflarse, sobre todo en lo que se refiere a las negociaciones con el Eurogrupo: si en febrero más del 70% de los griegos apoyaba el modo en que el Ejecutivo conducía el diálogo con sus socios y las instituciones antes conocidas como troika, hoy sólo el 45,5% de los encuestados cree que su estrategia es la correcta. El porcentaje de quienes se oponen al enfoque del Ejecutivo se eleva ya al 39,5%, según una encuesta de la Universidad de Macedonia para el canal de televisión privado Skai divulgada esta semana.

Paralelamente, aumenta entre la población el temor a un posible abandono de la eurozona, es decir, a una Grexit (salida del euro, en el argó financiero y comunitario) o incluso a un Grexident, una salida por accidente: casi seis de cada diez ciudadanos (56%) consideran, según la misma encuesta, que existe esta posibilidad, frente al 35,5% de comienzos de febrero.

Lo único que no varía en los sondeos es el apoyo masivo de la ciudadanía a la moneda única: un rotundo 80% de la población defiende sin ambages el euro y sólo un 14% defiende la vuelta al dracma. También es unánime el índice de aprobación del primer ministro, Alexis Tsipras, o la de su partido, Syriza, que lidera las encuestas de intención de voto con el 38% de los apoyos, 20 puntos por delante de la conservadora Nueva Democracia. En las elecciones del pasado 25 de enero, Syriza obtuvo algo más del 36%.

La firmeza del Ejecutivo ante los socios y la consiguiente recuperación del orgullo nacional frente a la intervención de la troika han sido hasta ahora los motivos más comúnmente esgrimidos por los griegos al pronunciarse sobre el nuevo rumbo de las relaciones con Europa. Pero la prolongada agonía de las negociaciones ha provocado un cansancio —el mismo al que aludió ayer explícitamente el ministro eslovaco de Finanzas, Peter Kazimir— que, sumado a algunas medidas controvertidas, ha ampliado el frente de críticas interno (sin contar las que el Ejecutivo cosecha por parte de la facción más radical de Syriza, opuesta a cualquier privatización; este viernes precisamente se ha cerrado la de los derechos de las apuestas hípicas, un proceso iniciado por el Gobierno precedente).

La primera de dichas iniciativas ha sido el decreto que obliga a gobiernos locales y entidades públicas —con excepción de las cajas de pensiones— a transferir sus fondos de reserva al Estado a través del Banco de Grecia, una medida que ha sido duramente criticada por los Ayuntamientos y las regiones del país. El Ejecutivo confía en arañar de esta manera hasta 2.500 millones suplementarios, mientras cifra en 4.000 millones sus necesidades dinerarias para mayo, incluido el pago del próximo tramo de la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así las cosas, y pese a los anuncios de inminente insolvencia que vienen sucediéndose desde febrero, Grecia podría ser capaz de financiarse al menos hasta finales del mes próximo, o, como apuntan otras fuentes más optimistas, incluso hasta finales de junio, cuando expira la prórroga del acuerdo logrado con el Eurogrupo el pasado 20 de febrero. Sólo el pago de salarios de funcionarios y pensiones le supone al Estado un desembolso mensual de 1.100 millones de euros.

La oposición frontal de Ayuntamientos y regiones a la transferencia de sus fondos es un serio contratiempo para el Ejecutivo en plena crisis migratoria (en el primer trimestre del año se ha triplicado la llegada de indocumentados, muchos de ellos refugiados), ya que Atenas ha pedido a las administraciones locales su colaboración para acoger temporalmente a los recién llegados, que son trasladados en barco desde las islas del Egeo al continente. El Ejecutivo prepara un plan de urgencia para poder recibir fondos extraordinarios europeos.

Por último, mientras el ministro de Asuntos Exteriores, Nikos Kotziás, visitaba Estados Unidos —la Casa Blanca se ha mostrado varias veces partidaria de aliviar la austeridad impuesta a Grecia—, el Ejecutivo abría un nuevo frente de críticas precisamente en Washington. La eliminación de las prisiones de alta seguridad, que fue aprobada hace una semana por el Parlamento griego para solucionar el hacinamiento en las cárceles, implica también la excarcelación por motivos humanitarios de internos enfermos o incapacitados, y la sustitución de la reclusión por el arresto domiciliario con un brazalete electrónico. Entre los beneficiados por esta medida figuran algunos convictos del grupo terrorista 17 de Noviembre, responsables, entre otros crímenes, del asesinato de un diplomático estadounidense en Atenas. Washington ha mostrado su profundo desacuerdo al respecto.