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Los brasileños vuelven a la calle contra Rousseff

El 63% apoya una iniciativa para que la presidenta deje el cargo, según un sondeo

Imagen aérea de las protestas en Sao Paulo, este domingo
Imagen aérea de las protestas en Sao Paulo, este domingo AFP

Por segunda vez en un mes, los brasileños han vuelto a salir a la calle a protestar contra Dilma Rousseff, su Gobierno y su partido. Una señora de unos 50 años, envuelta en una bandera brasileña, caminaba hoy en medio de la manifestación de la Avenida Paulista de São Paulo con una pancarta explícita que resumía el sentir general de la marcha: “Vete ya, Dilma, y llévate de paso al PT [el Partido de los Trabajadores, la formación de la presidenta y del expresidente Lula]”.

En la anterior protesta, celebrada el pasado 15 de marzo, salieron a la calle, en las distintas ciudades, cientos de miles de personas (algunos calcularon que llegaron al millón de personas) y fue considerada un éxito aplastante. De hecho, fue considerada la mayor protesta callejera jamás celebrada en Brasil en tiempos democráticos. La multitudinaria adhesión obligó a Rousseff, que el viernes cumplió los primeros 100 —y convulsos— días de su segundo mandato, a improvisar un mea culpa en algunas cuestiones, como en la rapidez y en la dosis del ajuste fiscal y, entre otros factores, la forzó a maniobrar políticamente: designó, la semana pasada, al vicepresidente Michel Temer, del partido aliado PMDB, para desbloquear la crispada relación con el Congreso en aras de poder aprobar medidas presupuestarias urgentes encaminadas a reanimar la anémica economía, que coquetea con la recesión desde hace casi un año.

En la Avenida Paulista, ayer, había muchos voluntarios recogiendo firmas para que el Congreso lleve a cabo lo que en Brasil se denomina un impeachment, esto es, una iniciativa parlamentaria que obligue a Rousseff a abandonar el cargo, acusada de haber permitido a sabiendas la corrupción rampante de la empresa pública Petrobras durante los últimos años. Buena parte de los juristas (y los principales políticos de la oposición) consideran en general que no hay base judicial para llevar a cabo este proceso. Sobre todo cuanddo se tiene en cuenta que Rousseff ganó las últimas elecciones, celebradas en octubre del año pasado. Pero, mientras tanto, las intentonas sirven para minar aún más la ya devaluada popularidad de la presidenta brasileña. Sobre todo porque el 63% de la población, según una encuesta publicada hoy por el diario Folha de S. Paulo está a favor de que se el Parlamento lleve a cabo este proceso.

Esta encuesta es significativa porque refleja del estado de ánimo de los brasileños, abrumados por la crisis económica, el fantasma del desempleo, la inflación que no deja de subir y, en resumen, las malas expectativas de futuro: el 75% está de acuerdo con las protestas y el 60% reprueba este segundo mandato de Rousseff. A pesar del dato negativo, hay un punto de esperanza para la atribulada Rousseff: en la última encuesta, hecha pública precisamente el pasado 15 de marzo, fecha de la anterior protesta, el nivel de reprobación alcanzaba el 62%. Es decir: Rousseff, tal vez, ha tocado fondo y, según los más optimistas, ya no puede sino comenzar a remontar, lo que, en cualquier caso, no será fácil.

Es cierto que ayer, a pesar de todo, salieron menos personas que el 15 de marzo. En Brasilia, por ejemplo, esta vez acudieron 25.000 manifestantes, según la policía, la mitad de los que salieron a la calle el mes pasado. En São Paulo, según los cálculos de Folha de S. Paulo, llenaron la Avenida Paulista 100.000 manifestantes, menos de la mitad de los que lo hicieron el mes pasado.  Así que, desde un punto de vista, puede entenderse que la protesta se desinfla. También es cierto que el factor sorpresa ya no jugaba a favor de los manifestantes y que se enfrentaban, en esta segunda convocatoria, con las altas expectativas de la primera. Lo que está claro es que Rousseff, además de un Congreso hostil y en minoría y a una crisis económica, se entrenta a un movimiento formado, en su gran mayoría, por personas de clase media o media alta, que se han apoderado de las calles y que piden, entre otras cosas, menos corrupción, menos ajustes, más información y más y mejores servicios públicos.

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