La primera ministra de Perú cae por el espionaje a políticos

La desidia de las respuestas oficiales ante el espionaje a políticos y empresarios realizado por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y un mes de ataques verbales del presidente peruano Ollanta Humala hacia la oposición —el fujimorismo y el Partido Aprista— llevaron la noche del lunes a que el Congreso censure a la primera ministra Ana Jara: fueron 77 votos a favor, 42 en contra y dos abstenciones. Jara dejó su puesto acusada de ser la responsable de estos rastreos, debido a que la DINI depende administrativamente de la Presidencia del Consejo de Ministros, que ella encabeza.

El malestar de la clase política peruana hacia la Dirección Nacional de Inteligencia se reavivó en enero, cuando quedó en evidencia el espionaje que este organismo realizó a la vicepresidenta Marisol Espinoza. En febrero, la primera ministra Ana Jara anunció el cierre temporal de esa entidad para reorganizarla, pero el 19 de marzo un semanario divulgó los nombres de miles de ciudadanos, entre ellos políticos, empresarios y periodistas, cuyas propiedades y datos personales fueron rastreados por agentes de inteligencia. La DINI era cuestionada porque sus directores eran miembros de la promoción del Ejército de Humala y por un fuerte gasto en equipamiento en 2013.

El 19 de marzo, la bancada fujimorista —con mayoría en el Congreso desde este año— y parlamentarios apristas prepararon una moción de censura a la primera ministra “por su confirmada incapacidad para seguir desempeñando el cargo, no haber satisfecho las expectativas del Congreso durante su presentación del 19 de marzo y no haber denunciado, investigado y/o sancionado a quienes habrían cometido actos ilegales al interior de la DINI”. Ese día la vocera del gabinete acudió intempestivamente al Legislativo a hacer el descargo sobre el rastreo de información por parte del aparato de inteligencia.

En esa sesión, los parlamentarios fujimoristas cuestionaron que el Gobierno use fondos públicos para hacer seguimiento y chantaje político y acusó a Jara de avalar esa práctica. “Tengo pena por lo que le espera al país si ustedes son gobierno”, respondió la ministra entonces.

Durante el gobierno de Alberto Fujimori, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) usó ilegalmente los recursos del Estado para la reelección del entonces presidente, y creó un escuadrón de la muerte, el Grupo Colina, para combatir al grupo terrorista Sendero Luminoso. Ello, sumado a los cientos de vídeos grabados en el SIN, de los políticos y empresarios que recibieron dinero a cambio de apoyar la continuidad de Fujimori en el poder, ha producido mucha sensibilidad hacia el uso político de los servicios de inteligencia en Perú, en vez de destinarlos a la “defensa nacional”.

“El mensaje [la censura en el Congreso] iba directamente al presidente de la República, arrancándole uno de sus mejores cuadros, y ello abre una situación inédita. En el Perú no se censuraba al gabinete desde antes del gobierno militar (1963)]”, comentó el sociólogo Fernando Tuesta en un programa radial en Lima este martes.

La caída de la primera ministra, quien volverá a su rol como congresista del partido oficial Gana Perú, fue interpretada por el analista Hernán Chaparro como la necesidad de un Gabinete de consenso y una demanda de un trabajo conjunto por parte de los políticos. Desde febrero, Chaparro —director de la encuestadora GfK— indicó que el Gobierno de Humala está aislado y agotado. En febrero, de acuerdo a la encuesta Pulso Perú de Datum, un 67% de los consultados decía que el presidente estaba enterado del espionaje a políticos, y un 55% opinaba que la ministra Jara estaba “pintada en la pared” como sostenía la oposición, pues no investigaba las irregularidades acerca de la DINI.

Según una encuesta de febrero de Ipsos Perú, un 46% de los peruanos estaba al tanto de las denuncias de espionaje a políticos y autoridades, aunque solo un 25% sabía del cierre temporal de la entidad para reorganizarla.

Tras la censura, el presidente debe nombrar un nuevo primer ministro en las próximas 72 horas, aunque puede mantener al resto del gabinete. Luego, el pleno del Congreso debe darle su voto de confianza en los próximos 30 días a su juramentación. Si el Parlamento deniega la confianza por segunda vez a un primer ministro, el presidente puede cerrar ese poder del Estado y convocar a elecciones legislativas anticipadas.