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La dimisión de un ministro abre una crisis entre Rousseff y el Congreso

Las relaciones entre Cámara y Gobierno empeoran tras la renuncia del titular de Educación

Rousseff, durante la presentación de medidas anticorrupción.
Rousseff, durante la presentación de medidas anticorrupción. AP

A Dilma Rousseff, ya de por sí atribulada y vapuleada en las encuestas, le ha brotado otro frente repentino. La fulminante dimisión del ministro de Educación, Cid Gomes, hecha pública este miércoles, ha abierto una nueva brecha en las ya turbias relaciones entre la presidenta y la Cámara de Diputados. Gomes acudió al Congreso, instado por los parlamentarios, para que se desdijera de la expresión “chantajistas” que usó para describirles (aludiendo a las exigencias de poder que los grupos aliados ponen por delante para seguir colaborando). Gomes no se disculpó e insistió en su postura. Así que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, aliado del Gobierno), puso un órdago encima de la mesa: o el ministro se iba o rompía la alianza. Rousseff llamó al titular de Educación y este, poco después, presentó la dimisión. Esto ocurre en el mismo día en que la presidenta, para enderezar el rumbo de una semana pésima, anunciaba un paquete de medidas para erradicar la corrupción.

“Somos un Gobierno que no tolera la corrupción”, sentenció este miércoles la presidenta, del Partido de los Trabajadores (PT), con gesto adusto. No es para menos: todavía resuenan los ecos de la multitudinaria protesta del domingo contra su Gobierno, le persigue la sombra del gigantesco esquema de corrupción en la estatal Petrobras y, por si fuera poco, el miércoles se despertó con una nueva encuesta según la cual su popularidad está por los suelos.

Solo tres meses después de haber comenzado su segundo mandato, el 62% de los brasileños considera la gestión de Rousseff "mala o muy mala", según Datafolha, el instituto de sondeos del periódico Folha de S. Paulo. Para hacerse una idea: el porcentaje de descontento con el presidente Fernando Collor de Mello en los años noventa, antes de dimitir empujado por la posibilidad cierta de que el Parlamento, por medio de un impeachment, le destituyera, era del 68%.

El impeachment no parece una posibilidad cierta para Dilma Rousseff: no se trata de un proceso tan sencillo y el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ha explicado varias veces que no ve razones ni jurídicas ni políticas para llevarlo adelante. Por otro lado, las acusaciones del interminable caso Petrobras cada vez cercan más al PT y a la propia presidenta. Medio centenar de políticos, en su mayoría de la base de apoyo al Gobierno, están siendo investigados. El lunes, además, los fiscales presentaron nuevos cargos contra el tesorero del PT, João Vaccari, que ya había sido detenido antes.

La presión sobre Rousseff, pues, crece. Y este miércoles trató de sacudírsela con nuevas medidas anti-corrupción. "Mi compromiso con el combate a la corrupción es coherente con mi vida personal y con mi actuación política", dijo. Los brasileños "saben que la corrupción no fue inventada recientemente", añadió, antes de asegurar que su Gobierno hará todo lo que esté a su alcance para combatirla.

Se tipifica como delito que los partidos oculten dinero de las campañas, algo que antes solo era infracción

Entre estas nuevas medidas del Ejecutivo se tipifica como delito penal que los partidos oculten dinero de las campañas, algo que hasta ahora solo se consideraba una infracción. "Así se atenderá una demanda de la población, que quiere elecciones más transparentes y limpias", declaró Rousseff.

El Gobierno también pretende impedir a cualquier trabajador público aspirar a un puesto oficial si está condenado por este tipo de delitos, investigar a todos los servidores públicos con bienes difíciles de justificar, y agilizar la confiscación de bienes de supuestos corruptos. En cuanto a las empresas, Rousseff ha anunciado el endurecimiento de las penas para los empresarios que participen en sobornos.

El expolio de la que fue la mayor empresa pública de América Latina y el gran orgullo de Brasil arrojó su última cifra, también, este miércoles: los medios brasileños publicaron que 400 millones de dólares permanecen congelados en Suiza. Los bancos de este país ya han devuelto unos 120 millones a Brasil. Esto, en el contexto de una situación económica frágil, y en el que hasta parte del PT se opone a las propuestas del nuevo ministro de Economía, Joaquim Levy: más ajuste fiscal, subida de los impuestos y un gasto público contenido.

El aislamiento de Rousseff es cada vez más evidente: a la economía débil y amenazada por la recesión, a las divergencias políticas en la Cámara de Diputados y a un rosario de manifestaciones protagonizadas por la clase media que han convulsionado este país se le ha unido un nuevo frente imprevisto: este miércoles, el Movimiento de Trabajadores Sin Techo de Brasil salió a la calle en 13 Estados para pedir que arranque la tercera fase del programa de vivienda pública Minha Casa Minha Vida, emblema de las políticas sociales del Partido de los Trabajadores y de Rousseff y una de las principales promesas sobre las que gravitó en las pasadas elecciones.

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