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Francia registrará las búsquedas ‘online’ sospechosas de terrorismo

Un proyecto de ley da cobertura a la intromisión de los servicios secretos en la vida privada

Francia registrará las búsquedas ‘online’ sospechosas de terrorismo
AP

Francia se dispone de nuevo a reforzar su arsenal antiterrorista con medidas hasta ahora inéditas tras los atentados yihadistas de enero. Los motores de búsqueda en Internet, las redes sociales y las operadoras estarán obligadas en Francia a comunicar a los servicios secretos las actividades de usuarios sospechosos de estar relacionados con actividades terroristas. Para ello, tendrán que disponer de sistemas para detectarlos automáticamente. La transmisión de esas informaciones sensibles se realizará bajo control político y administrativo, pero no judicial.

La medida, recogida en un proyecto de ley que el Consejo de Ministros prevé estudiar el jueves próximo, señala que los buscadores y las redes recibirán instrucciones del Gobierno al respecto. La búsqueda reiterada de páginas de propaganda terrorista o de lugares sensibles podrá ser motivo para que un usuario sea detectado automáticamente como alguien a quien observar especialmente.

Los contenidos serán transmitidos a los servicios secretos sin identificar a los sospechosos, pero tendrán que dar todos sus datos y coordenadas “en caso de una revelación de una amenaza terrorista”, según precisa el proyecto, cuyo contenido ha sido difundido este martes por Le Figaro y Le Monde. También estarán obligados a facilitar los sistemas técnicos para descifrar textos en clave.

La medida supone un paso más en la demanda del Gobierno francés para que operadores o buscadores cooperen en la lucha antiterrorista. Hoy ya lo hacen a demanda de los servicios de seguridad para identificar a sospechosos y están obligados a guardar los datos de los usuarios durante varios meses. La nueva ley puede forzarles en determinados casos o hacerlo durante cinco años.

Una ley aprobada en noviembre pasado ya facilitó el cierre administrativo de páginas webs de propaganda terrorista. Ya se han cerrado cinco. Además, el Gobierno puede obligar a Google a que elimine el enlace de esa página con el contenido borrado.

El proyecto que el Gobierno analizará el jueves legalizará, además, prácticas habituales de los servicios secretos que hasta ahora se realizan al margen o en los límites de las normas. O únicamente bajo mandamiento judicial. A partir de ahora, en cambio, los agentes de los servicios secretos podrán entrar en casas de sospechosos, colocar micrófonos, interceptar sus comunicaciones, acceder en tiempo real a sus ordenadores, colocar balizas de seguimiento en coches o infiltrarse en organizaciones extremistas.

El Gobierno legalizará muchas de las prácticas que los agentes franceses realizan hoy al margen de las normas

Los agentes también podrán utilizar sistemas denominados Imsi Catcher, capaces de captar y grabar todos los datos de teléfonos y ordenadores de sospechosos, pero también de todos los usuarios que se encuentren en sus proximidades.

Todo ello sin mandamiento judicial, bajo la autoridad del primer ministro, y con simples órdenes administrativas. Los agentes podrán incluso realizar ese tipo de intromisiones por iniciativa propia “en caso de urgencia por una amenaza inminente o riesgo muy elevado”, si bien deberán informar después al primer ministro y a una nueva Autoridad Nacional de Técnicas de Información (CNTR) que estará formada por magistrados, parlamentarios, juristas e informáticos.

Además del primer ministro, también podrán autorizar el empleo de esos medios los titulares de Interior, Defensa, Economía y Finanzas. Los datos recogidos deben destruirse en un plazo de 12 meses, pero este periodo puede prolongarse hasta los cinco años si los agentes lo consideran necesario.

El primer ministro, Manuel Valls, anunció hace semanas endurecimientos de las leyes antiterroristas, pero siempre “en el respeto a los derechos y las libertades”. El proyecto señala que esas actividades de los servicios secretos se realizarán “con respeto al principio de proporcionalidad” y solo en casos que afecten “a la defensa nacional, los intereses de las políticas exteriores y los intereses económicos o científicos”, así como “la prevención del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva o violencias colectivas que puedan atentar contra la paz pública”.