La violencia no cesa en el principal puerto del Pacífico colombiano

Ya no sorprende que Buenaventura, el puerto colombiano más importante sobre el Pacífico y por donde pasa el 60% del comercio exterior del país, viva en medio del terror que han desatado las bandas criminales que libran una guerra sin tregua por el control de las rutas del narcotráfico. Hace un año se prendieron las alarmas tras el macabro hallazgo de las llamadas “casas de pique”, viviendas abandonadas que se alzan en los barrios más pobres y donde los integrantes de las bandas desmembran a sus víctimas, incluso estando vivas.

El presidente Juan Manuel Santos anunció en su momento una “intervención especial” para frenar la ola de violencia en el puerto. El Gobierno dijo que aumentaría el número de policías e infantes de marina y también el número de fiscales para incrementar las capturas, todo con el objetivo de que se pudiera avanzar en las investigaciones de secuestros, desapariciones y desmembramientos, que estaban en la impunidad.

Sin embargo, hoy en día los abusos siguen siendo alarmantes y las bandas continúan sembrando el terror. Así lo ha denunciado este miércoles la organización Human Rights Watch (HRW), que sigue de cerca la crisis humanitaria del puerto colombiano y que en 2014 criticó en un informe la desprotección que afronta la población por parte del Gobierno. “Si bien las medidas ordenadas por las autoridades han contribuido a reducir la violencia, el brutal control que ejercen estas bandas en muchos de los barrios permanece en gran medida intacto”, ha subrayado José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, que viajó al puerto para presentar un segundo informe.

En efecto, con el plan de Santos se ha conseguido capturar a 280 miembros de las tres bandas que hacen presencia en Buenaventura y los homicidios han bajado de 150 a 96 en un periodo de nueve meses, según los registros oficiales. Pero las desapariciones han aumentado. La Fiscalía ha iniciado las investigaciones de 44 casos de presuntas desapariciones que se dieron a lo largo de 2014, cuatro más que durante 2013. La ONG ha destacado que el número de fiscales haya aumentado, pero ha criticado que solo uno se dedique a esclarecer las desapariciones y tenga a su cargo a más de 400 casos, algunos de hace una década.

Al menos 13.000 porteños se han desplazado por culpa de la violencia

“En general, ninguna de las investigaciones de la Fiscalía sobre desapariciones en Buenaventura desde 2010 ha tenido como resultado una condena, y apenas dos casos llegaron a la etapa de juicio”, dice el informe de HRW.

A pesar de la intervención, HRW asegura que en Buenaventura continúan las extorsiones que incluyen hasta vendedores callejeros, así como el peligro en los barrios a cruzar las “fronteras invisibles” que han trazado las bandas. “La mujeres y las niñas siguen siendo violadas, hay nuevos casos de desmembramientos y continúan las desapariciones, que no se registran como homicidios a menos que aparezca el cuerpo”, dice en un vídeo que acompaña el informe, Max Schoening, investigador de HRW en Colombia, quien regresó a Buenaventura en tres ocasiones después del anuncio de Santos.

La ONG agrega que en el último año se han encontrado los restos desmembrados de 16 personas y que, de ese grupo, por lo menos 12 fueron asesinadas después de que el presidente anunciara intensificar la lucha contra las bandas. En total, la cifra oficial de víctimas por desmembramiento en los últimos dos años llega a 32, pero podría ser más alta, ya que los asesinos arrojan los cuerpos al mar o los entierran en fosas clandestinas en distintos puntos de la ciudad.

Aunque las razones no están claras, según la investigación de HRW, los desaparecidos habrían quedado atrapados en medio de la lucha por controlar los barrios del puerto. “Ya sea porque representaban una amenaza para los intereses de estos grupos, porque desobedecieron sus órdenes o porque se sospechaba que mantenían vínculos con la banda rival”, apunta el informe.

Otra estadística oficial muestra que, en solo seis meses (abril a septiembre de 2014), al menos 13.000 porteños se han desplazado por culpa de la violencia, de los cuales cerca de 7.000 han sido presionados por las bandas criminales y 2.300 por la guerrilla de las FARC, que hacen presencia en las zonas rurales. Buenaventura ya era el municipio con más desplazamientos del país, debido a la disputa que mantienen las bandas criminales y lo sigue siendo, a pesar de que las cifras han disminuido. “El Gobierno de Santos se encuentra lejos de cumplir su promesa de revertir las condiciones en Buenaventura”, afirma Vivanco en un comunicado y ha agregado que las autoridades deben adoptar medidas más enérgicas.