Cámaras de doble filo

Seguramente nunca se sabrá lo que sucedió en esos 90 segundos al mediodía del pasado sábado 9 de agosto. Casi siete meses después, lo que sucedió sigue siendo un enigma.

Antes del encuentro fatal, Michael Brown, un negro de 18 años que iba desarmado, andaba con un amigo por la calzada de una tranquila calle residencial en Ferguson, un suburbio de San Luis. En menos de dos minutos, se desplomaba muerto al suelo tras recibir al menos seis disparos del policía blanco Darren Wilson, de 28 años. Se sabe que forcejearon por el arma del agente, pero el proceso judicial que exoneró a Wilson no aclaró por qué tiroteó al joven ni si este se había rendido antes de recibir los últimos disparos mortales.

La incógnita estaría resuelta -y el trauma que provocó la confusión sobre los hechos habría sido menos- con un simple artilugio: una pequeña cámara de vídeo. La grabación habría disipado en teoría todas las dudas. El caso Brown ha avivado el debate en Estados Unidos sobre las cámaras policiales. La familia del joven de Misuri ha impulsado una campaña para extender su utilización. El objetivo es que su muerte propicie cambios palpables en la relación entre la policía y la ciudadanía.

La campaña ha cosechado algunas victorias. El presidente Barack Obama anunció en diciembre, una semana después de la exculpación de Wilson, un programa dotado de 75 millones de dólares para ayudar a los estados y municipios a comprar hasta 50.000 cámaras incorporadas al uniforme. El plan está pendiente de la aprobación del Congreso. Las policías de grandes ciudades, como Nueva York, Washington y Los Ángeles, han anunciado planes piloto con cámaras. Cada aparato puede valer entre 200 y 1.000 dólares.

El FBI y los expertos admiten que los policías con cámaras no son la panacea: las tensiones entre comunidad negra y agentes tienen orígenes más complejos

Y este lunes, el comité de expertos designado por la Casa Blanca para mejorar la confianza entre las fuerzas del orden y la comunidad negra recomendó el uso de nuevas tecnologías por su efecto potencial de reducción de episodios violentos. El informe del comité menciona una investigación en California que determinó que los agentes con cámaras tuvieron un 87,5% menos de incidentes por uso de la fuerza y un 59% menos de quejas que los agentes sin cámaras.

Los expertos imponen matices a las grabaciones: mantener las “protecciones civiles y de derechos humanos”. Abogan por garantías de respeto a la privacidad y directrices de protección de datos antes de implementar nuevas tecnologías. La tesis es que, sin una supervisión clara que evite posibles negligencias -desde la desconfianza ciudadana por el uso de las imágenes a la posibilidad de que un agente apague la cámara durante incidentes violentos-, la expansión de esta tecnología podría mermar el esfuerzo en mejorar la confianza entre la población y los cuerpos policiales.

Según una encuesta de hace un año de la organización Police Executive Research Forum, cerca de un tercio de los 63 departamentos de policía en EE UU con cámaras de vídeo carecían de un manual de uso. Los estados y municipios que quieran optar al programa de cámaras anunciado por Obama tendrán que enviar un plan al Departamento de Justicia y recibir una autorización. Pero serán las autoridades estatales o locales las que supervisarán su cumplimiento, algo que inquieta a los especialistas.

Lorie Fridell, profesora de Criminología en la Universidad de Florida del Sur ha estudiado la implementación de cámaras. Y advierte de las dificultades que afrontan los cuerpos policiales para decidir el tipo de incidentes en que los aparatos tienen que estar encendidos y el uso del material. Algunas de las dudas son si grabar en una residencia privada, cuánto tiempo almacenar las imágenes o si el público puede tener acceso a ellas.

Los oficiales de policía están en esos barrios, arriesgándose la vida, para proteger a gente de los infractores, que son el producto de problemas que no serán resueltos por una cámara en el cuerpo” James Comey, director del FBI

“Es muy importante que haya una directriz en vigor porque maximiza el potencial de las cámaras”, dice Fridell en una entrevista telefónica. Un estudio del año pasado de la Universidad de Arizona sobre la policía de Mesa (Arizona) concluyó que hay un 20% más de probabilidad de que un agente encienda su cámara al responder a un incidente si existe una norma que le obliga.

La profesora también subraya la importancia de establecer “un fuerte mecanismo de responsabilidad que haga que estén más encendidas que apagadas”. El año pasado, en Daytona un policía fue obligado a dimitir tras descubrirse que apagaba la cámara en momentos críticos. En Albuquerque, una ciudad con graves irregularidades policiales, un oficial fue despedido por el mismo motivo.

Pero, más allá de una buena regulación, hay dudas de que el uso de cámaras sea la panacea en reducir la desconfianza de la comunidad negra con el sistema policial y judicial. A diferencia de la de Brown, la muerte en julio en Nueva York de otro hombre negro desarmado sí fue grabada. Un vídeo callejero mostró a un policía blanco asfixiando a Eric Garner, un vendedor ilegal de cigarrillos, mientras otros le agarraban los brazos cuando gritaba “no puedo respirar”. Pese al vídeo, un gran jurado declinó en diciembre imputar al agente. Lo que pone en duda si una grabación hubiera cambiado el desenlace judicial del caso de Ferguson.

Y luego están los problemas de fondo, inmunes al efecto de una grabación. “Las agencias del orden no son las causas de raíz de los problemas en nuestros barrios más golpeados. Los oficiales de policía están en esos barrios, arriesgándose la vida, para proteger a gente de los infractores, que son el producto de problemas que no serán resueltos por una cámara en el cuerpo”, dijo el director del FBI, James Comey, a mediados de febrero.

En un ambicioso y sincero discurso sobre la relación entre la policía y la comunidad afroamericana, Comey -nieto de policía- admitió que muchos agentes sufren un “atajo mental” que les lleva a desconfiar más de un negro que de un blanco. Pidió mejorar el conocimiento mutuo entre la ciudadanía y la policía. Y abordar las causas de fondo de la desconfianza. Todo ello, independiente a que los agentes lleven o no cámaras de vídeo.