Unasur no puede

El primer paso en el respeto a los derechos humanos en América Latina no fue muy auspicioso. Antonio Amador José de Nariño y Álvarez del Casal, mejor conocido como Antonio Nariño, periodista, político y héroe colombiano, dio el monumental paso de traducir en diciembre de 1793, por primera vez al español, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Lamentablemente para Nariño y para todos los latinoamericanos, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, no estaba muy de acuerdo y lo acusó de encabezar una conspiración desestabilizadora, y fue condenado a diez años de prisión a ser cumplidos en una cárcel en África.

Las normas de derechos humanos en América Latina, desde su nacimiento, son una amenaza que molestan al poder de turno. Al espíritu vanguardista de Nariño lo acompañaron otros hitos; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre aprobada en Bogotá en 1948 y la Carta Democrática Interamericana aprobada en Lima en 2001, son instrumentos pioneros a nivel mundial en la defensa de los derechos humanos y protección de la democracia. Sin embargo, la consagración en el papel de esos principios e ideales no ha sido obstáculo para graves violaciones a los derechos humanos, golpes de estado y democracias sin imperio de la ley.

La ley sólo tiene sentido con mecanismos independientes que verifiquen su cumplimiento. A nivel internacional, los Estados se comprometen a funcionar como garantía colectiva para exigir el respeto a los derechos humanos y la democracia. En el sistema interamericano, la Comisión y Corte interamericanas fueron durante las últimas décadas la última y única instancia para denunciar las violaciones a los derechos humanos y ponerle límites a las dictaduras y gobiernos autoritarios. Las denuncias por las violaciones a los derechos humanos en Argentina en los 70, Perú en los 90, o el deterioro democrático de Venezuela, encontraron en la Comisión y la Corte un límite a la violencia y al autoritarismo.

Sin embargo, en las últimas décadas se ha dado un giro grave en la defensa colectiva de los derechos humanos y la democracia. Por un lado, un ataque constante y sistemático a la Comisión y Corte interamericanas, liderado principalmente por Chávez, Maduro y Correa, está erosionando el accionar decidido e independiente de estos órganos, y por el otro, el surgimiento de nuevos organismos como garantía colectiva de los derechos humanos y la democracia que carecen de la independencia necesaria para ponerle límite a las violaciones y al autoritarismo.

La Comisión y Corte interamericanas fueron durante las últimas décadas la última y única instancia para denunciar las violaciones a los derechos humanos

El surgimiento de nuevas instituciones regionales, como Unasur, CELAC y Mercosur, son un paso esencial para lograr la necesaria unidad latinoamericana soñada por Bolívar. Con independencia de EE UU, la unidad latinoamericana crea un bloque regional de gran peso político y económico para negociar en el nuevo mundo multipolar. Pero si esas instituciones son influenciadas por líderes que torturan y detienen a periodistas y dirigentes de la oposición, se convierten en un obstáculo para la vigencia de los derechos humanos y la democracia.

La situación en Venezuela, y el hasta ahora vergonzoso rol de Unasur, son un ejemplo de la dificultad de crear mecanismos independientes en el seno de instituciones que para tomar decisiones requieren del consenso de todos los Estados, y que al momento de decidir, tienen en cuenta realidades políticas y económicas regionales y no exclusivamente a las víctimas de violaciones. Hace un año atrás, una manifestación contra el presidente Maduro concluyó con decenas de muertos y torturados, y uno de los principales líderes de la oposición, Leopoldo López, en la cárcel. La magnitud de la violencia, movilizó a Unasur a mediar entre Maduro y la oposición. Como resultado, se creó un Consejo de Derechos Humanos para recibir las denuncias de violaciones y una mesa de diálogo entre el Gobierno y la oposición. El paso del tiempo sólo logró que las violaciones quedaran impunes y el diálogo durara lo mínimo necesario para que Unasur se retirara discretamente sin enfrentar la vergüenza del fracaso.

La falta de respuesta a las violaciones es garantía de que estas se repitan. El fracaso de Unasur, hace un año, nos traen nuevamente manifestaciones y la detención de un nuevo preso político, Antonio Ledezma, alcalde de Caracas. Esperemos que en esta oportunidad, el fracaso de Unasur se limite a la detención del alcalde y no se sumen más violaciones a los derechos humanos. Lamentablemente el Secretario General de Unasur, Ernesto Samper, mira para otro lado. Mientras acusa al EE UU que dialoga con los Castro de estar desestabilizando a Venezuela, Maduro aprovecha y suma más presos políticos.

A diferencia de los líderes pasajeros, afortunadamente las víctimas de violaciones a los derechos humanos perseveran. Nariño se aprovechó de la torpeza de sus captores y logro escapar antes de llegar a la cárcel en África. Trabajó por la independencia de América y Colombia. Estuvo preso 16 años. Fue maestro e inspirador de Bolívar y nunca abandonó sus principios. 18 años después de haber traducido la Declaración, la envió a la gobernación de Santa Fe. En la carta de envío resume uno de los problemas que afecta a América Latina desde su independencia y que abonan la tierra para que haya violaciones a los derechos humanos y golpes de estado: “los tiranos aborrecen la luz y al que tiene los ojos sanos”. Unasur debe abrir los ojos, lograr la libertad de los presos políticos y encauzar la democracia venezolana.

Santiago Canton es director ejecutivo del Robert F. Kennedy Human Rights y exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Twitter @SantiagoACanton