Un zar anticorrupción ligado al poder en México

El hombre elegido por Enrique Peña Nieto para investigar los presuntos conflictos de interés que han puesto en entredicho la credibilidad de su Gobierno tiene vínculos con funcionarios de alto rango de la Administración. “Sí, soy amigo de Luis Videgaray”, admitió este miércoles Virgilio Andrade, el nuevo secretario de la Función Pública, el auditor del poder Ejecutivo. “El presidente ha dejado muy claro, sin embargo, que en política no hay amistad”, agregó. El nuevo ministro y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, uno de los hombres más cercanos a Peña Nieto en el gabinete, se conocen desde hace más de 25 años.

El nombramiento de Andrade como titular de una secretaría que estuvo acéfala durante 25 meses responde a la presión que la opinión pública ha ejercido sobre el Gobierno, para que responda a los supuestos conflictos de interés revelados por publicaciones periodísticas y que apuntan al presidente y a su grupo cercano.

En México se preguntan, sin embargo, si Andrade cuenta con la independencia necesaria para ser veedor de una administración cuestionada. Su trayectoria lo vincula al PRI, el partido en el Gobierno, aunque no milita en la organización. Su padre es abogado del sindicato petrolero, presidido por el senador priista Carlos Romero Deschamps. El líder gremial ha sido acusado de desviar recursos del sindicato al partido. “Estoy sujeto a la rendición de cuentas que hacemos ante el poder legislativo, no hacia el interior del Gobierno. No existe conflicto de intereses en mi caso”, zanjó Andrade.

Andrade es un abogado egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), una universidad privada de corte liberal que suele educar a los altos funcionarios del servicio público. “Conocí a Videgaray en febrero de 1987 en la universidad. De hecho, lo conocí antes en un programa de televisión al que acudíamos como público, él como estudiante de preparatoria y yo, ya en el ITAM”, reconoció Andrade ante los corresponsales extranjeros.

Videgaray está acusado de haber incurrido en un conflicto de interés al haber comprado una casa en Malinalco (Estado de México) al Grupo Higa, una empresa beneficiada con contratos y obra pública en los gobiernos de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y en la presidencia. La constructora, propiedad de Juan Armando Hinojosa, también se encuentra en el centro del escándalo por haber construido una mansión en una exclusiva zona residencial de la ciudad de México a la actriz Angélica Rivera, la esposa del presidente. Andrade ha querido moderar las expectativas que ha creado la supuesta investigación en torno a este caso. “La Secretaría de la Función Pública no tiene competencia para investigar pagos mercantiles y contratos entre particulares”, anunció. “Es mejor que eso quede claro desde ahora”, agregó. La contraloría solo podrá revisar los contratos que firmen las empresas con el Gobierno en el futuro.

Andrade señaló que los esfuerzos del Gobierno por atajar la corrupción se harán solo “con los instrumentos que tiene a la mano”. Con el marco legal actual es imposible que el presidente de México sea enjuiciado por un conflicto de intereses. El artículo 108 de la Constitución señala que el mandatario “solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

“Es el tipo de sistema que tenemos y es el punto de partida”, dijo Andrade. En la Cámara de Diputados aguarda un paquete de iniciativas a la espera de ser aprobado. Estas leyes dotarían al Estado de mayores capacidades para enjuiciar a los servidores públicos corruptos y retirarles el fuero parlamentario a aquellos funcionarios que tengan causas abiertas en su contra. El líder del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, ha sugerido que estas normas —que incluyen la creación de un sistema nacional anticorrupción— serán votadas antes de que finalice el periodo de sesiones, el 30 de abril.

Este martes el presidente anunció un catálogo anticorrupción. Entre las medidas se encuentra hacer públicas las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos para transparentar sus activos, pasivos y sus vínculos con áreas empresariales y obras filantrópicas. También se creará una ventanilla digital única de trámites con el Gobierno y se establecen comités de ética en las oficinas gubernamentales para “prevenir y sancionar” actos ilegales. “Es una iniciativa propia del Gobierno y del presidente para cerrar el paso a la corrupción”, recalcó Andrade.