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EE UU amplía sus sanciones contra funcionarios venezolanos

Washington restringe un número no revelado de visados a funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos y de corrupción

El presidente venezolano, Nicolás Maduro.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro. EFE

Estados Unidos anunció este lunes que ha ampliado el número de restricciones de visados contra funcionarios del Gobierno venezolano a los que considera responsables de violaciones de derechos humanos. La sanción incluye por primera vez además a personas señaladas por corrupción pública. La medida afecta tanto a miembros en activo del ejecutivo de Nicolás Maduro como a algunos exfuncionarios, así como a familiares directos de los acusados, a los que no se identifica.

“Ignorando reiterados llamamientos al cambio realizados por gobiernos, líderes respetados y grupos de expertos, el Gobierno venezolano ha seguido demostrando una falta de respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales”, ha justificado la medida la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki. Según ha dicho en un comunicado, el ejecutivo de Maduro ha intentado “acallar el disenso mediante la persecución de activistas políticos y la represión de protestas pacíficas desencadenadas por el deterioro de la seguridad y de las condiciones económicas, sociales y políticas”.

El Gobierno de Barack Obama no ha querido revelar ni el número de afectados por la medida ni su identidad, alegando “leyes de confidencialidad” que afectan al otorgamiento de visados.

Aun así, subrayó Psaki, la sanción debe ser entendida como un “mensaje claro de que los violadores de derechos humanos, así como aquellos que se beneficien de la corrupción pública, y sus familiares, no son bienvenidos en Estados Unidos”.

La medida supone una ampliación de la restricción o revocación de visados de "un grupo" de funcionarios venezolanos -en aquella ocasión señalados solamente por su responsabilidad en la represión de las protestas contra el Gobierno de Maduro de los primeros meses de 2014- que EE UU anunció en julio del año pasado. Tampoco en aquel entonces fueron identificados los afectados, aunque el senador republicano Marco Rubio, había publicado en mayo una lista de casi una treintena de funcionarios en su opinión responsables de abusos de derechos humanos en el país sudamericano.

En diciembre, un día después de anunciar la normalización de relaciones con Cuba, Obama firmó además la Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela. Esta norma permite congelar los activos y bienes en territorio estadounidense de alrededor de medio centenar de altos cargos venezolanos señalados como responsables de la represión de las protestas o con el arresto o enjuiciamiento de los manifestantes. La legislación, que también impide su entrada a EE UU, fue calificada por Maduro como “insolente”.

Este domingo, Maduro volvió a cargar contra Washington, en esta ocasión contra el vicepresidente Joe Biden, a quien acusó de estar detrás de un intento de “derrocamiento” de su gobierno a raíz de la “cumbre de seguridad energética del Caribe” con países caribeños -dependientes del petróleo venezolano- celebrada el 26 de enero en Washington.

“El poder imperial del norte ha entrado en una fase peligrosa de desesperación, han ido a hablar con los gobiernos del continente para anunciar el derrocamiento de mi gobierno”, dijo Maduro, según la cadena Telesur, el domingo. “Acuso al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, personalmente de haber hablado con presidentes y primeros ministros”, agregó. La réplica de Washington no se hizo esperar: “Esas acusaciones carecen de fundamento y son falsas”, respondió Paski, quien acusó a Caracas de tratar de “distraer” la atención de problemas internos venezolanos.

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