El ‘caso Nisman’ irrumpe en las presidenciales de Argentina

La bala que mató a Alberto Nisman se ha incrustado en la carrera electoral hacia la Casa Rosada con consecuencias imprevisibles. Sea suicidio o asesinato, el caso del fiscal argentino que murió cuatro días después de acusar a la presidenta ha puesto el foco sobre las operaciones turbias de la Secretaría de Inteligencia (SI).

Mientras los tres candidatos favoritos para las presidenciales del 25 de octubre critican al organismo, la presidenta Cristina Fernández ha ido más allá. Lejos de asumir responsabilidades ante las operaciones turbias del organismo, la jefa del Ejecutivo se ha situado como víctima de su propio servicio de inteligencia. El lunes declaró que, desde que firmó en 2013 un acuerdo con Irán para resolver el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ha sido objeto de muchas denuncias y dio a entender que se fraguaron en la SI con la complicidad de fiscales, jueces y periodistas.

La oposición criticó la decisión de Fernández por improvisada y oportunista. Después de casi ocho años en el Gobierno y a falta de 10 meses para que expire su mandato, la presidenta pareció haber caído en la cuenta de que la reforma de los servicios secretos era una deuda insoslayable que tenía la democracia argentina desde 1983.

El lunes por la noche anunció un proyecto para disolver la SI y transformarla en una Agencia Federal de Inteligencia. ¿Diferencias, aparte del nombre? Para ella, todas: sus dos máximos responsables serán elegidos por el Ejecutivo, como ahora, pero refrendados por el Senado, donde el kirchnerismo dispone de mayoría absoluta; permanecerán cuatro años en el cargo y el sistema de escuchas telefónicas ya no dependerá del Ejecutivo, sino de la fiscalía.

Desde la oposición, se asegura que solo cambia el nombre, porque tanto la fiscal general como el Senado responden a las consignas de la presidenta. Lo único que pretende Fernández, según varios diputados opositores, es colocar al presidente que le suceda un director de los servicios secretos elegido por ella.

Daniel Scioli, gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires; Sergio Massa, diputado del Frente Renovador, y Mauricio Macri, jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, son los políticos con más opciones para suceder a Fernández, según las encuestas. La muerte de Nisman ha obligado a los tres a rediseñar sus agendas. Scioli ya declaró la semana pasada que había que “repensar las estructuras, el funcionamiento”, de los servicios secretos. Massa, un kirchnerista que decidió pasarse a la oposición hace un año para concurrir a las presidenciales con partido propio, anunció ayer que se presentaría como querellante de la causa, para que “la sociedad se sienta representada”.

La respuesta desde la Casa Rosada fue rotunda. El secretario de Presidencia, Aníbal Fernández, tuiteó: “Sergio Massa: sos muy bruto y mala leche. Deberías saber que solo los particulares damnificados pueden ser parte querellante o bien... asociaciones como CELS por delitos de lesa humanidad. No tenés miramientos ni respeto por las 85 víctimas y más de 200 heridos”. Colaboradores de Massa informaron después que todo se debió a un “error de comunicación” y que lo que buscará es presentarse como querellante en la causa que investiga a la presidenta por presunto encubrimiento de terroristas.

Macri, candidato del opositor PRO, es el que más abiertamente critica a los servicios secretos, aunque él mismo está procesado en un caso de escuchas ilegales: “Los servicios de inteligencia”, declaró días atrás, “tienen que estar al servicio de los intereses de la nación y no de un partido ni en contra de otros dirigentes, como a mí me tocó sufrir ese sistema con la causa de las escuchas”.

Y en cuanto a la reforma anunciada por la presidenta, Macri dijo que la SI no se transformará con un cambio de nombre, sino de política. Macri solicitó que se continúe investigando la denuncia de Nisman contra Fernández, aunque juristas de prestigio pronostican que no prosperará porque no aprecian delito en las acusaciones. La atención de los medios se centra en las circunstancias de la muerte del fiscal. Los candidatos presidenciales deberán pronunciarse sobre ello conforme avance la investigación. Aunque los primeros informes de la autopsia apuntan al suicidio, ningún candidato se quiere sumar a esa tesis. Las encuestas revelan que la mayoría de los ciudadanos no cree en el suicidio de Nisman. Y ningún aspirante a la presidencia quiere contradecir a la opinión pública.