La muerte del fiscal Nisman envenena la política argentina

Ya sea por suicido o asesinato, la muerte del fiscal especial Alberto Nisman ha emponzoñado la política de Argentina. Es verdad que el ambiente ya era turbio. El 18 de julio de 1994 un coche bomba estalló frente a la sede porteña de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), mató a 85 personas e hirió a 300. Nisman era desde 2004 el fiscal especial que investigaba quiénes fueron los autores intelectuales y ejecutores. El miércoles pasado denunció a la presidenta, Cristina Fernández, por “decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes” acusados de perpetrar el atentado. Tras conocer la muerte de Nisman, la presidenta autorizó que se desclasifique la información de los servicios secretos que usó el fiscal para acusarla.

Hay pocas acusaciones más graves que las de Nisman para un jefe de Estado. Aunque la presidenta no contestó, al fiscal le llovieron críticas y desmentidos desde varios flancos. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, tachó la denuncia de “disparatada, absurda, ilógica, irracional, ridícula y violatoria de artículos esenciales de la Constitución Nacional”. Pero la oposición lo invitó a detallar su denuncia en la Cámara de Diputados y Nisman tenía previsto acudir al Parlamento este lunes. Quería dar más detalles. Había concedido entrevistas el miércoles y el jueves pasados y no se le veía nervioso ni amedrentado.

Nisman solicitó el sábado a sus escoltas (tenía 10) que lo recogieran al día siguiente en su domicilio a las 11.30. Vivía en un edificio con cámaras de seguridad y vigilancia privada en el barrio de Puerto Madero, uno de los más modernos de Buenos Aires. Los guardaespaldas se encontraron la puerta cerrada. Llamaron a su teléfono y nadie contestó. Localizaron a su madre y la trajeron al piso. Ella y un escolta debieron llamar a un cerrajero para abrir la puerta ya que las llaves estaban puestas por dentro. Hallaron al fiscal en el baño con un balazo en la sien. A su lado, una pistola del calibre 22 y un casquillo de bala.

La muerte añade desconfianza y recelo en un panorama judicial ya enrarecido

Hasta hace apenas dos años las relaciones de Nisman con el Gobierno eran aparentemente buenas. El presidente Néstor Kirchner (2003-2007) le había asignado la fiscalía y no puso reparos en su investigación. En 2006 el juez de la causa solicitó a Interpol la busca y captura de cinco ex altos cargos iraníes y un libanés. Y en 2007 Interpol emitió las órdenes. El juicio estaba en una vía muerta porque Irán se negaba a extraditar a los acusados. Pero el 27 de enero de 2013 los Gobiernos de Irán y Argentina firmaron un acuerdo para avanzar en la causa. El acuerdo se firmó sin el conocimiento de Nisman. Y el fiscal vio en él un intento de Fernández de cambiar la impunidad de los acusados a cambio de acuerdos comerciales con petróleo.

Sus críticos aseguran que Argentina nunca llegó a firmar ningún acuerdo energético con Irán; que Irán tampoco refrendó el acuerdo firmado, con lo cual este nunca entró en vigor; y que el ministro de Exteriores, Héctor Timerman, había solicitado a Interpol que no paralizase las órdenes de busca. El entonces responsable de Interpol, Ronald Noble, escribió el viernes una carta donde desmentía a Nisman. Y el juez de la causa, Rodolfo Canicoba, se mostró sorprendido por la denuncia, dijo que el fiscal había abierto una investigación paralela dentro del mismo expediente. Y añadió que en vez de haber dirigido el fiscal a los servicios de inteligencia durante la investigación fueron esos servicios quienes parecían haberlo dirigido a él.

Nisman solicitó el sábado a sus escoltas (tenía 10) que lo recogieran al domingo en su domicilio a las 11.30

Ahora, con la muerte tan repentina de Nisman la desconfianza reina en la política argentina. Desconfianza hacia el futuro de la causa de la AMIA —¿qué será de las acusaciones que lanzó Nisman?— y hacia el trabajo turbio de los servicios secretos.

A pesar de que los primeros indicios apuntaban al suicidio, muchos periodistas que lo trataron en los últimos días dicen que no tenía el aspecto de quien se plantea el suicidio.

La muerte añade desconfianza y recelo en un panorama judicial ya enrarecido. Desde la oposición se acusa al Gobierno de maniobrar para situar en el poder a fiscales y jueces amigos que garanticen la impunidad a la presidenta del Gobierno cuando abandone la Casa Rosada en diciembre. Y desde el Gobierno se acusa a una parte del poder judicial de favorecer a las grandes empresas y a los medios de comunicación dominantes.