La OCDE alerta de la desconfianza en los Gobiernos a causa de la corrupción

“La corrupción y la percepción de la corrupción minan la confianza en los Gobiernos, las empresas y los mercados”. Es la conclusión del secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, tras la publicación del primer informe de este organismo para “cuantificar la corrupción transnacional” en los 34 países miembros de la institución. Los sectores donde más fraudes se detectan son la industria de extracción, la construcción y el transporte.

La OCDE ha analizado 427 casos examinados por los jueces. En el 67%, las corrupciones se produjeron en países de medio, alto y muy alto desarrollo, si bien es este tipo de Estados donde existen más medios para descubrirlos. De hecho, es Estados Unidos el país que encabeza la lista, con 128 casos, seguido de Alemania (26), Corea del Sur (11) o Italia, Suiza y Reino Unido, con seis cada uno.

El informe no entra en detalles pormenorizados y se limita a poner de relieve las estadísticas para esa primera “fotografía” de la corrupción transnacional. Así, destaca que, en el 53% de las operaciones fraudulentas, estuvieron implicados directivos y altos cargos de las empresas, en su mayoría de gran tamaño, mientras los corrompidos fueron sobre todo empleados de empresas públicas o funcionarios (un 80%). El 57% de las operaciones fraudulentas afectaron a empresas o instituciones públicas.

Los sobornos que se pagan en las corrupciones superan como media el 10% de la cifra de negocio

Los sobornos superaron como media el 10% del coste de las operaciones, lo que influyó negativamente en los salarios de los empleados de las empresas afectadas, la calidad de los materiales utilizados o el tratamiento a pacientes en fraudes relacionados con el sector sanitario. El mayor soborno, de 1.400 millones de dólares (1.125 millones de euros), se registró en Estados Unidos.

A raíz de esas 427 investigaciones abiertas, las multas y sanciones superaron los 16.000 millones de euros en 2004, pero han descendido a 1.045 en 2010 o a 964 en 2013. De las sentencias examinadas, 261 culminaron en multas, 82 en confiscaciones, 80 con penas de prisión a otras tantas personas y 70 con acuerdos entre los afectados. La pena de cárcel más elevada fue de 13 años. La multa más alta impuesta a una empresa fue de 1.447 millones de euros y de 119 la sanción a una persona.

En un tercio de las corrupciones, fueron las propias empresas las que las detectaron en controles internos. En 26 de cada 100 casos, la policía o los jueces y, en el 5%, los medios de comunicación.

“Para ganar la batalla contra la corrupción, tenemos que conocer a nuestro enemigo”, afirma Gurría para apoyar la elaboración de este primer informe. “Estamos mejor equipados que nunca para prevenir, detectar y sancionar estos delitos”, agrega. “Lanzo un desafío a los gobiernos, las empresas y la sociedad”.