Londres cede más poderes a Escocia

La comisión creada por el Gobierno británico para acelerar la entrega de más poderes a Escocia presentó este jueves sus conclusiones. Se trataba de cumplir el compromiso solemne ante el pueblo escocés, adquirido por los principales partidos británicos, presionados por el aumento del sí en las encuestas de los días previos al referéndum de independencia del pasado 18 de septiembre, que acabó ganando el no. El dictamen recomienda que el Parlamento escocés tenga competencia para recaudar y fijar los tipos y los tramos del total del impuesto sobre la renta, lo que le da un control directo sobre cerca de 13.000 millones de euros. Supone un paso más allá, por ejemplo, de las competencias de las comunidades autónomas españolas (excepto País Vasco y Navarra), que tienen cedido el 50% del impuesto.

El acuerdo —descrito por Lord Robert Smith, el parlamentario que preside la comisión, como un “logro sin precedentes”— supone la mayor transferencia de competencias de la historia del país y la más profunda reforma del sistema tributario británico moderno.

Pero el documento —de 28 páginas— no satisface las aspiraciones de los nacionalistas escoceses y resulta injusto para muchos representantes de otros territorios. Lejos de cerrar un proceso, abre definitivamente el complejo y trascendental debate sobre la organización territorial de un estado formado por cuatro naciones, como lo definió el primer ministro David Cameron después de la victoria del no en el referéndum.

Edimburgo tendrá, además, capacidad para crear nuevas prestaciones sociales en áreas transferidas. Podrá disponer del primer 10% de lo que se recaude de IVA en Escocia y controlará la tasa por pasajero en los aeropuertos escoceses. Se transferirá también la gestión sobre las fincas de la corona en suelo escocés y la concesión de licencias para extracción de petróleo por fractura hidráulica (fracking), un asunto que preocupa al amplio sector ecologista de los votantes del Partido Nacional Escocés (SNP). Además, el Parlamento de Holyrood tendrá todas las competencias para regular las elecciones regionales, incluida la de permitir que voten los jóvenes de 16 y 17 años, como sucedió en el referéndum.

Las recomendaciones de la comisión Smith, acordadas por los cinco partidos representados en el Parlamento escocés, serán utilizadas por el Gobierno británico como base para avanzar en la devolución de poderes. Según el calendario comprometido por el ex primer ministro laborista Gordon Brown, un acuerdo de mínimos debía alcanzarse antes del 30 de noviembre. El Ejecutivo de Cameron tendrá ahora que tener listo un borrador de legislación, sobre la base de estas recomendaciones de la comisión Smith, que será publicado el 25 de enero, para que se apruebe por el Parlamento de Westminster surgido después de las elecciones generales de mayo. Los partidos se han comprometido a sacar la legislación adelante gane quien gane los comicios.

Propone traspasar un tramo del IVA y la tasa por pasajero aéreo

La reacción en el resto de Reino Unido no se hizo esperar. Autoridades de la administración local, pertenecientes a todos los partidos, solicitaron un proceso de devolución semejante para Inglaterra, un territorio que representa el 85% de la población del país pero que es el único que no tiene instituciones legislativas y de gobierno propias. En una carta conjunta, alcaldes laboristas y conservadores de distintas ciudades inglesas, incluido el regidor de Londres, Boris Johnson, pidieron al Gobierno de Cameron que ponga en marcha otra comisión para acordar “un paquete de medidas comparable para el gobierno local en Inglaterra”. Las asambleas nacionales de Gales e Irlanda del Norte también han expresado sus deseos de profundizar en la transferencia de competencias.

Cameron dijo que se siente “encantado” con el documento presentado por Smith en Edimburgo. “Estamos cumpliendo nuestra promesa al pueblo de Escocia”. Y añadió que antes de Navidad tendrá listo su plan sobre lo que se conoce como “votos ingleses para leyes inglesas”, el espinoso asunto que ya apuntó el día después de la victoria del no en el referéndum. Se trata de que, al devolver más competencias a Escocia se excluya a los diputados escoceses en Westminster de las decisiones sobre asuntos cuyas competencias estén transferidas. Algo que permitiría a los conservadores eliminar de un plumazo la oposición de decenas de diputados escoceses, mayoritariamente de izquierdas, a leyes tan importantes como la de presupuestos. Los laboristas se oponen aduciendo que eso crearía dos categorías de diputados. Una postura que no les genera mucha popularidad en algunas regiones inglesas. Por eso sí defienden, igual que los liberaldemócratas, la devolución de competencias a Inglaterra.

La líder nacionalista se queja de que “no es el autogobierno prometido”

El Partido Laborista también se había opuesto históricamente a la devolución total del impuesto sobre la renta, temiendo precisamente que sirviera de pretexto para excluir los votos de los diputados escoceses de las decisiones que no les afectaran. Pero han cambiado de opinión, después de la dramática caída en las encuestas del partido de Ed Miliband, que cedería al SNP la mayoría de los 41 diputados escoceses que ahora tiene en Westminster, vitales para poder gobernar. “Hemos escuchado a los escoceses durante el referéndum: querían cambio, pero un cambio real dentro de Reino Unido”, declaró a la BBC Jim Murphy, candidato al vacante liderazgo laborista en Escocia.

El Gobierno escocés, por su parte, celebra los nuevos poderes, pero considera que el paquete de competencias que propone la comisión Smith no es suficiente. Los nacionalistas del SNP en el Gobierno han experimentado un espectacular auge en intención de voto en las encuestas, en parte por la explotación del sentimiento de traición por el incumplimiento de las promesas de los partidos de Westminster.

La flamante líder nacionalista y ministra principal, Nicola Sturgeon, definió la propuesta como “básicamente decepcionante”. “El 70% de nuestros impuestos siguen siendo fijados en Westminster, que controla también el 85% de la seguridad social”, dijo en Holyrood. “Este Parlamento es responsable de menos de la mitad del dinero que gasta. No es el autogobierno prometido”.