La absurda extradición de Galo Lara

A menos de una semana de su extradición a Ecuador, el exasambleísta Tito Galo Lara Yepes, ya experimenta el terror del Gobierno de Rafael Correa, una vez que Panamá aceptará extraditarlo, supuestamente, para cumplir condena por ser cómplice de un asesinato, a todas luces vinculado por motivaciones eminentemente políticas.

Encarcelado a su llegada a Quito, el pasado 14 de noviembre, Lara Yepes fue llevado a la cárcel de Catacunga, donde ha sido aislado. Además se le impide el acceso a sus abogados. De inmediato, este hecho —que viola lo prometido a Panamá para que accediera a la extradición, consistente en que no sería torturado y sus derechos humanos respetados— ha originado que se emita una solicitud ante el Comité Contra La Tortura de la ONU. Este organismo, presidido por el chileno Claudio Grossman, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Decano de la Facultad de Derecho de American University en Washington, D.C., ya ha aceptado la denuncia.

Quien conoce el comportamiento autoritario del Gobierno ecuatoriano, presidido por el nuevo Chávez de la región, Rafael “el Mashi” Correa Delgado, sabrá de su trayectoria en la persecución de opositores, tanto políticos, sociales, medios de comunicación y periodistas. En la OEA, donde serví como Embajador de Panamá por tres años y medio, fui testigo de sus batallas para despojar de fondos a la Relatoría para la Libertad de Expresión, en ese entonces dirigida por la colombiana Catalina Botero. Afortunadamente no logró sus aviesos propósitos.

No hay duda que para Rafael Correa esta extradición es un triunfo personal

El más famoso caso contra la libertad de expresión se dio en contra del Diario El Universo de Guayaquil. Correa logró que un sumiso tribunal impusiera una multa de 40 millones de dólares por una supuesta calumnia en su contra. Los organismos de derechos humanos y el gremio periodístico, a nivel mundial, hicieron tan feroz campaña contra la decisión, que Correa tuvo que echarse para atrás.

El caso de Galo Lara tiene connotaciones parecidas. Siendo constituyente y luego asambleísta tuvo el coraje de denunciar por delitos graves al Gobierno de Correa, algo que ningún político se atrevía en ese entonces y que hoy, en forma parecida a Lara se encuentra otro asambleísta, Andrés Páez, al que Correa ya ha puesto en la mira por atreverse a cuestionarlo. Lara denunció asuntos tan puntuales como la compra de radares a China que nunca funcionaron y por los que se pagaron jugosas comisiones y exagerados sobrecostos en carreteras donde estaban involucrados allegados al presidente.

Lo involucraron en un crimen en donde no tuvo nada que ver, basándose en una llamada telefónica que fue hecha por un celular, adquirido después del crimen. Panamá le concedió asilo al considerarlo perseguido político, que posteriormente se lo revocó. Se generó toda clase de especulaciones. Se llegó a decir que el Gobierno ecuatoriano “invirtió” más de seis millones de dólares para lograr anulación del asilo, allanándose el camino para su deseada extradición.

No hay duda que para Rafael Correa esta extradición es un triunfo personal. Durante meses ha estado haciendo declaraciones que reflejan interés persecutorio contra Lara; quería vengarse de lo que le había hecho. Aparentemente lo ha logrado, a no ser de que el mundo deje de presionar a Ecuador para que respete la integridad física y moral de Galo Lara. Mientras estuvo detenido en Panamá, por más de cinco meses, en repetidas ocasiones Lara advirtió de que regresar a Ecuador su vida corría peligro. De este escenario fue advertida la Cancillería panameña.

Ojalá que este caso de persecución política, similar a los que se viven en Venezuela y Bolivia, alerte a los organismos de derechos humanos para que vigilen a los Gobiernos como el de Rafael Correa para que respeten la integridad de detenidos como Tito Galo Lara Yepes.

Guillermo A. Cochez es miembro del equipo legal en Panamá de Galo Lara. gcochez@cableonda.net