“Cristiani supo al momento de la masacre de jesuitas de El Salvador”

Testimonios y documentos recabados por la abogada Almudena Bernabeu vinculan al expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani (1989-1994) con el asesinato de seis sacerdotes jesuitas —cinco de ellos españoles— y dos empleadas ocurrido el 16 de noviembre de 1989 en plena guerra civil de El Salvador. Bernabeu afirma, en entrevista con EL PAÍS, que estas pruebas ligan al exmandatario con el asesinato múltiple, uno de los puntos de quiebre del conflicto salvadoreño (1980-1992).

Cristiani, que firmó ya como presidente salvadoreño los Acuerdos de Paz de Chapultepec (México) en 1992, podría ser encausado por la Audiencia Nacional de España y hasta extraditado si el juez Eloy Velazco así lo requiere. El mismo destino depararía a otros 13 oficiales y soldados que participaron en la masacre.

Bernabeu pertenece al Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, en inglés), y en su expediente tiene juicios civiles ganados contra varios esbirros salvadoreños y de otras nacionalidades latinoamericanas, entre ellos dos exministros salvadoreños residentes en Miami, los exgenerales Guillermo García y Eugenio Vides Casanova. Bernabeu es licenciada en Derecho por la la Universidad de Valencia. Reside en San Francisco, California y es profesora de la Universidad de Berkeley. La consideran una “caza torturadores”.

Pregunta. Alfredo Cristiani, en el momento en que ocurrió la masacre de los sacerdotes jesuitas, era el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, y no ha sido procesado. ¿Hay pruebas contra él?

Respuesta. Después de revisar la documentación e informes periciales durante seis años y escuchar los testimonios de dos exmilitares, la respuesta es sí. Su implicación no pasa del hecho de que él haya participado, sino de lo que sabía del caso y cuándo lo supo. El presidente Cristiani estaba al tanto de las decisiones de los militares en aquel momento. Él siempre ha alegado que nunca supo nada, hasta después de ocurrido el crimen, y que conoce de la implicación de militares de Alto Mando en el hecho. Pero según la documentación y archivos desclasificados de la CIA, el FBI y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, así como los testimonios de dos exmilitares salvadoreños, no fue así. Cuando la decisión fue concebida y se tenía claro cómo se ejecutaría, se le comunicó al momento a Cristiani. La primera llamada que el general [René Emilio] Ponce —ya fallecido y acusado como principal autor intelectual—, la madrugada del 16 de noviembre de 1989 y una vez ejecutada la orden, es a Cristiani.

P. ¿Cómo avanza el proceso judicial en España en contra de Cristiani?

R. Después de un año tumultuoso, en el que se aprobó una reforma judicial que sustancialmente limitaba la aplicación de la Justicia Universal, estábamos en el limbo y esperando la reacción de los jueces y con qué tipo de recursos íbamos a proceder. La reforma implicaba un cierre parcial de las causas, hasta que se determinara si había o no competencia por parte de la Audiencia Nacional, con ciertos requisitos, y esto dio lugar a que el Juez Eloy Velasco, de motu proprio y tras aplicar la ley, emitió una orden en la que mantenía la causa abierta, por encontrarse el delito de terrorismo y crímenes de lesa humanidad. El delito de terrorismo no era tocado por la nueva ley, sino que los delitos de índole internacional. Entonces el delito de terrorismo continúa siendo uno sobre el cual España tiene competencia extraterritorial, siempre que las víctimas sean españolas, sin importar donde haya ocurrido el delito.

P. ¿Cómo se traduce eso en el caso de la matanza de los jesuitas?

R. Después de la decisión del juez Velasco, los abogados de la causa nos reunimos y decidimos que no nos íbamos a conformar con un caso solo por terrorismo y solo por españoles, cuando el caso de los Jesuitas tiene una vocación de y para El Salvador, y es un caso de lesa humanidad, algo que es importante para los Derechos Humanos. Entonces presentamos una serie de alegaciones y nuestra sorpresa fue que, el 3 de octubre pasado, la Sala resolvió por unanimidad (20 jueces) que se aceptaba por entero nuestras alegaciones como parte querellante y se seguirá el caso por lesa humanidad. Nuestro criterio es que si en un mismo hecho se configura el delito de terrorismo y el delito de lesa humanidad, un juez no puede partir por una relación concursal y procesal de no ver un solo hecho en un crimen en el que han ocurrido varios delitos, sino que debe ver todo. Así que el caso continúa.

P. El excoronel Inocente Montano, encarcelado en EE UU y vinculado al crimen, ¿podría ser extraditado a España por su implicación en la matanza jesuita?

R. El proceso está progresando muy bien. A partir de la condena penal de Montano (por un delito migratorio), pudimos revisar documentos adicionales desclasificados por organismos de inteligencia de EE UU. Se obtuvo información de la participación de Montano en el crimen de los jesuitas, en concreto del asesinato de Ignacio Ellacuría (entonces rector de la Universidad Centroamericana de El Salvador —UCA—. Consideramos necesario hacerle saber esto al juez Velasco, para que ampliara la solicitud de extradición presentada ante Estados Unidos. Hoy ya el juez envió una orden ampliada de extradición a EE UU. Creo que tiene todo lo que necesita para extraditar a Montano y lo que quieren esperar es que termine su condena, el 15 de abril de 2015.

P. ¿Qué significa eso?

R. Por requisitos de la ley penal y procesal en España, necesitamos que uno de los implicados pise suelo español para abrir la fase de juicio oral, una fase que es larga y compleja, que hasta puede ser emotiva. Sería un juicio con tres jueces, con el abogado para Montano, de paga o de oficio, mientras que nosotros representaríamos a las familias de las víctimas y la sociedad española. Eso, creo, sería el mejor de los escenarios.

P. ¿Los implicados que están en El Salvador pueden ser extraditados?

R. Eso hay que valorarlo, porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, la anterior a la actual, rechazó una orden de captura internacional. La CSJ española no ha presentado la orden de extradición y creo que, procesalmente, es posible pedir la extradición como se debe.