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Peña Nieto llama a un pacto nacional para evitar otro ‘caso Iguala’

El presidente, en un ambiente cada vez más caldeado, convoca a las fuerzas políticas para acabar con la violencia

Fotografías de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre. Ampliar foto
Fotografías de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre. REUTERS

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha decidido recuperar la iniciativa política en plena tormenta por el 'caso Iguala'. Con un país furioso por la incapacidad policial de dar con el paradero de los 43 estudiantes, zarandeado por una creciente oleada de protestas universitarias y pendiente de la resolución de una tragedia que ha llenado de horror las pantallas del planeta, el mandatario mexicano ha anunciado que convocará a las fuerzas políticas, estatales y sociales con el objetivo de forjar un gran pacto contra la violencia. “Es indispensable tomar medidas institucionales para que hechos como estos no se vuelvan a repetir, para que unamos esfuerzos a favor del estado de derecho, para combatir la corrupción y cerrar el paso a la impunidad”, proclamó Peña Nieto.

El llamamiento se hizo en un contexto cargado de significado. Para lanzar su propuesta, el presidente aprovechó la presentación pública de los 25 reglamentos que ponen punto final legislativo a la reforma energética, la más importante transformación económica acometida en décadas. Este marco hizo aflorar inmediatamente el recuerdo del Pacto por México, el acuerdo que, con apoyo de los tres grandes partidos, dio pie a los cambios estructurales que han absorbido los dos primeros años de gobierno.

Amparada en estos laureles del pasado, la convocatoria de Peña Nieto intenta dar respuesta a una necesidad cada vez más evidente: frenar el deterioro político causado por la desaparición de los normalistas. Cada día que pasa sin resultados tangibles en la investigación, las críticas arrecian. Y los dardos no recaen exclusivamente sobre los encargados de las pesquisas, en las que participan casi 10.000 efectivos, entre soldados, policías, fiscales y peritos.

El enorme malestar generado por el asesinato y desaparición de los normalistas ha dado salida a un gigantesco magma de desconfianza institucional. Intelectuales, empresarios y artistas de renombre han virado sus críticas iniciales, centradas en la descomposición del estado de Guerrero, el más pobre y violento, para elevar el tiro contra un sistema político que no es capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. En esta erupción ha participado la Iglesia católica. La beligerante y poderosa archidiócesis primada de la Ciudad de México, a través del semanario Desde la fe, su órgano de expresión, ha disparado contra Peña Nieto y su Ejecutivo. “Guerrero es otro foco encendido que las autoridades de la Federación no quisieron ver, es el reflejo del peligro latente de vivir en un país como México con graves problemas internos gobernabilidad, seguridad, corrupción y miedo en distintas regiones, donde nadie está a salvo”.

Blanco principal de estos ataques son también los tres grandes partidos. Conscientes de ello, los dirigentes del PAN, PRI y PRD han puesto en marcha desde el pasado fin de semana su propio escudo defensivo y han pedido la convocatoria de un pacto. “La situación del país en materia de seguridad es tan delicada, es tal el nivel de descomposición que hoy se requiere un gran acuerdo nacional, de muy largo plazo, para fortalecer la seguridad y la plena vigencia del Estado de derecho”, afirmó el presidente del PAN (derecha), Ricardo Anaya. En un sentido similar se expresó el líder parlamentario priista, Manlio Fabio Beltrones: “Hay que fortalecer el Estado de derecho, hacer un gran giro. No puede haber impunidad, porque esta lleva a la desesperación y a la violencia”.

El guante fue recogido también por el recién estrenado líder del PRD (izquierda), Carlos Navarrete, una figura que ha caído en barrena en las últimas semanas por su fracasada negativa a forzar la salida del gobernador de Guerrero, y que ha pagado el desvarío de su partido al acoger en su seno al alcalde de Iguala, vinculado desde hace años al narco y considerado uno de los autores intelectuales de la desaparición. “Estamos enormemente preocupados por el clima de violencia; el crimen organizado asesina, extorsiona, mata; ha tomado territorios, ha cooptado a policías municipales, ha puesto a su servicio a gobiernos municipales, han lanzado una ofensiva de violencia, por eso queremos que se convoque a los poderes de la Unión”, indicó Navarrete. 

Con esta coincidencia en las tres grandes formaciones políticas y aupado por el clamor general de regeneración, Peña Nieto jugó ayer su baza de convocar un gran pacto nacional. Los detalles se conocerán en los próximos días. Su capacidad para apaciguar los ánimos y dar respuesta al reto institucional de la violencia sólo podrá ser calibrada con el paso del tiempo. Pero en el corto plazo no va a detener las grandes manifestaciones que se avecinan. Los universitarios, piedra angular de las protestas, se han movilizado con notable éxito, logrando que se sumen los más diversos sectores, incluidos compañeros de centros de prestigio como Harvard, el MIT o Berkeley. Junto a la campaña internacional, han convocado un paro de 72 horas a partir del miércoles, el mismo día en que está prevista una multitudinaria marcha desde la residencia oficial del presidente hasta el Zócalo, la plaza sobre cuyo empedrado México ha vivido sus jornadas más tensas. Ahí se verán los estudiantes con los representantes de las 43 asociaciones civiles que ayer partieron de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa rumbo a la capital en una caravana que pretende desencadenar una ola de solidaridad general. Todo ello mientras en Guerrero, la búsqueda de los normalistas sigue sin pausa y, de momento, también sin éxito. Ni los fosas halladas ni los sicarios detenidos han permitido desentrañar el paradero de los estudiantes secuestrados por la Policía Municipal y entregados al narco. Y las preguntas, a medida que corre el reloj, se agrandan. Un país entero espera las respuestas.

 

 

 

 

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