La Comisión Interamericana acusa de desacato al Gobierno dominicano

Era la primera comparecencia de República Dominicana ante el sistema internacional de justicia tras su decisión de rechazar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la consideró culpable de discriminar a ciudadanos de origen haitiano. Y los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que con la Corte conforman el sistema regional de justicia no perdieron este viernes la ocasión de recriminarle al Estado su actitud.

El mensaje fue inequívoco: no se pueden interpretar al "antojo" de cada Estado las decisiones de un tribunal internacional como la Corte Interamericana porque hacerlo pondría en entredicho la justicia internacional.

"Si cada Estado tuviera la última palabra acerca de cómo interpreta el sentido y alcance de sus obligaciones interancionales, el Derecho Internacional no tendría ningún sentido", subrayó el comisionado Felipe González, relator sobre los Derechos de los Migrantes.

La Corte Interamericana dio a conocer la semana pasada su fallo declarando culpable a República Dominicana por privaciones ilegales y arbirarias de libertad y por expulsiones sumarias de 26 haitianos y dominicanos de origen haitiano entre 1999 y 2000. En la misma sentencia decretó además que una resolución constitucional emitida en 2013 que privaba de ciudadanía a unas 200.000 personas viola el "derecho a la nacionalidad", tal como había recalcado también la CIDH cuando visitó el país caribeño en diciembre del año pasado.

El Gobierno dominicano respondió rápidamente rechazando en un comunicado la sentencia, que calificó de "extemporánea, sesgada e inoportuna", y declaró que "cualquier posición que cuestione los poderes legítimamente constituidos de nuestro Estado es inaceptable para la República Dominicana".

La sentencia confirma privaciones ilegales y arbitrarias de libertad y por expulsiones sumarias de 26 haitianos y dominicanos de origen haitiano

"De ninguna manera es una invasión de los órganos internacionales en asuntos internos de un Estado", replicó este viernes el comisionado González. "Son obligaciones que los Estados, en este caso República Dominicana, asumen voluntariamente y la interpretación última la tiene el organismo internacional", subrayó.

"No caben aquí nuevas interpretaciones por parte del Estado", insistió González. "Ahora la Corte dice claramente que las obligaciones del Estado son A, B y C y el Estado no puede argumentar que sus obligaciones son D, E y F, tiene que atenerse a la interpretación de la Corte Interamericana, si al final cada Estado puede interpretar el tratado como se le antoja, no tendría ningún sentido que hubiera tribunales encargados de su interpretación".

También la relatora para el país, Rosa María Ortiz, le recordó a la representación dominicana que el propio ordenamiento jurídico dominicano se rige por tratados internacionales.

El rapapolvo de la CIDH continuó de mano de su presidenta, Tracy Robinson, quien lamentó la baja representación en la audiencia del Estado dominicano. Este sólo se personó con una representante alterna ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Ellen Martínez, que no respondió a los comentarios y preguntas sino que dijo los remitiría a s u gobierno.

Después del intenso seguimiento que le ha dado la CIDH al caso dominicano, la audiencia de este viernes, una de las últimas de este periodo de sesiones, habría sido una "excelente oportunidad" tanto para el Estado dominicano como para los responsables de implementar la ley de "responder" a las preguntas, dijo Robinson.

Pese al silencio oficial dominicano este viernes y su previo duro rechazo a la sentencia de la Corte, Natanael Santana, de la organización sin ánimo de lucro Centro de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL) que fue una de las peticionarias de la audiencia, se mostró confiado en que el Gobierno de Danilo Medina acabará acatando la sentencia.

República Dominicana "parece decidida a seguir aferrada al sistema interamericano", señaló a periodistas tras la audiencia. "En una primera reacción es natural algún tipo de desconcierto, pero estamos esperanzados en que el Estado en los próximos días empiece a implementar las observaciones de la Corte", agregó.

Santana también restó importancia a las voces que en su país se han alzado cuestionando la pertinencia de continuar en el sistema interamericano de derechos humanos.

"Las consecuencias que implicaría el tener que denunciar la Convención (Americana de Derechos Humanos, la vía para dejar de estar sujeto a la jurisdicción de la Corte Interamericana como ha hecho en los últimos años Venezuela) son de alcances mayores que estoy seguro que el Estado dominicano no está en condiciones de asumir, porque nos estaríamos presentando ante la comunidad internacional como alguien capaz de desconocer las reglas del juego que previamente ha establecido cuando algo no le favorece", señaló.