EE UU defiende su respuesta ante los menores indocumentados

Estados Unidos está dispuesto a escuchar propuestas de las organizaciones humanitarias para mejorar su respuesta a la crisis creada por el masivo flujo de menores centroamericanos llegados en los últimos meses a su frontera sur. Pero no contempla cambiar sus prácticas, y especialmente rechaza cerrar los centros de detención habilitados para acoger temporalmente a estos menores y a las familias también llegadas por miles, tal como le pidieron este lunes de nuevo tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como varios activistas que denunciaron la situación de “detención punitiva” y de falta de garantías jurídicas de estos inmigrantes una vez ya dentro de la frontera norteamericana.

“EE UU está haciendo todos los esfuerzos posibles para tratar a los menores de forma humana”, aseveró Timothy Zuniga-Brown, coordinador del Grupo de Trabajo de Menores no Acompañados del Departamento de Estado.

El alto funcionario fue este lunes uno de la casi media docena de enviados del gobierno que acudieron a una audiencia de la CIDH sobre este tema a defender la actuación del ejecutivo de Barack Obama ante la “emergencia” humanitaria que le creó la llegada de más de 68.000 menores no acompañados en el último año fiscal (hasta septiembre), si bien en los últimos meses se ha logrado contener su flujo.

A juicio de organizaciones civiles como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Unión de Libertades Civiles (ACLU) o la Oficina de Washington de América Latina (WOLA), los menores y las familias ingresadas en los tres centros de detención habilitados en para responder al flujo migratorio sufren condiciones “punitivas” en estos lugares, a lo que se unen insuficientes recursos para ofrecer garantías mínimas de representación legal -empezando por traducción al español, manuales o incluso la asistencia de un abogado- que dificultan, si no impiden, una revisión adecuada de su solicitud de asilo y eventual deportación.

“Incluso si se corrigieran las deplorables condiciones (en esos centros), la detención sigue siendo una respuesta inapropiada a las necesidades de niños y mujeres que buscan protección”, denunció la representante de ACLU Susan Mehta.

Según recordó, fueron las “numerosas quejas” las que en su momento llevaron al gobierno a cerrar el centro de detención familiar en Texas T. Don Hutto. Pero cinco años más tarde, lamentó, se ha hecho un “cambio dramático en la dirección opuesta” y todo ello con el objetivo de mandar un “mensaje explícito” a los que buscan refugio en EE UU: “No vengan aquí”.

“Se han socavado muchas de las protecciones establecidas en un intento deliberado de cortar el flujo de niños migrantes”, lo que constituye un “deliberado y peligroso paso atrás”, denunció Mehta.

Su evaluación coincide con la opinión de los comisionados de la CIDH que a comienzos de mes realizaron una visita de cuatro días a la frontera en Texas, principal punto receptor del flujo de migrantes centroamericanos. El segundo vicepresidente de la CIDH y relator sobre los Derechos de los Migrantes, Felipe González, lamentó en ese entonces el “retroceso” en la materia y criticó en entrevista con EL PAÍS la decisión estadounidense de mantener los centros de detención como una “política permanente”.

González insistió este lunes en la “esperanza” de la CIDH de que se acaben por cerrar este tipo de centros de detención. Pero hasta que eso suceda, continuó, es de importancia que una “agencia independiente supervise las condiciones en esos centros”, al igual que se permitan visitas de la sociedad civil.

Unas palabras que constituyen un respaldo explícito a la petición efectuada por las organizaciones civiles, que este lunes solicitaron ante la CIDH la creación de un “organismo independiente” que supervise las respuestas del gobierno ante los menores migrantes, algo que los propios comisionados respaldaron.

En nombre del ejecutivo de Obama, Zuniga-Brown se manifestó dispuesto a “estudiar la propuesta”, pero dejó clara la intención del gobierno de continuar con su política de centros de detención.

“Nuestra política es seguir ampliando estas instalaciones”, subrayó el funcionario y zanjó: “Queremos que quede muy claro: vamos a respetar los derechos humanos de todas las personas que cruzan la frontera, pero cuando llegan a EE UU, y si vienen de manera irregular, los vamos a detener y mandar de vuelta si es el caso”.