“La mayor frustración ha sido no hallar los cadáveres de la dictadura”

La dictadura militar brasileña (1964-1985) persiguió, torturó y asesinó a ciudadanos que luchaban contra el régimen. Investigar y documentar esos abusos es el principal objetivo del abogado y profesor universitario Pedro Dallari (São Paulo, 1959) como miembro y coordinador de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), que inició sus trabajos en 2012, impulsada por la presidenta Dilma Rousseff. Dallari ha estado en Madrid esta semana para participar en una conferencia en Casa América sobre las elecciones en Brasil. Asegura que el reto de la comisión antes de que expire su mandato en diciembre —cuando debe entregar un informe final— es “dialogar con los militares para que reconozcan los abusos cometidos”. Una comisión anterior cifra en 475 los muertos y desaparecidos de la dictadura, aunque es un dato provisional.

Pregunta. ¿Qué objetivos tiene la comisión?

Respuesta. Verificar los hechos relacionados con las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar. Buscamos identificar las circunstancias, los autores y los lugares. Pero no tiene capacidad jurídica, es decir, la comisión no imputa, no juzga ni condena a nadie. Investigamos hechos, no cuestionamos la Ley de Amnistía. Ese papel es de la justicia y el Ministerio Público, que ya ha empezado a cuestionar la validez de esa ley.

P. Entonces, ¿para qué sirve en la práctica?

La enseñanza en las academias militares es igual que en el régimen

R. Tiene tres fines estructurales: la búsqueda de la verdad; la promoción de la memoria; y el impulso de la reconciliación. La verdad es un valor en sí mismo. A partir de los hechos investigados, la administración pública elige si adopta medidas judiciales. Pero la CNV sólo trabaja sobre hechos, memoria. Cerca de 80 millones de brasileños nacieron después del fin de la dictadura [1985]; el 80% de la población nació después del golpe de 1964. Por lo tanto, no hay una memoria fresca. Hoy estamos en la fase de reconciliación, que consiste en dialogar con los militares para que reconozcan los abusos.

P. ¿Por qué tardó tanto en crearse la comisión?

R. Brasil tiene una tradición política desde la proclamación de su independencia: las transiciones se producen de manera lenta y gradual. La mayoría de las veces, sin ruptura. La CNV surgió más tarde por la presión interna ejercida por la Comisión de Muertos y Desaparecidos, creada anteriormente; y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la resolución del caso Araguaia señalaba la necesidad de crear una CNV. Las familias llevaron el caso a la Corte para que se investigara e identificara a los responsables de la represión de los miembros de la guerrilla del Araguaia. El Ejército no hizo prisioneros, hubo una política de exterminio. Aún no se sabe dónde están los cadáveres de 150 personas, la mitad de ellos, del caso Araguaia.

P. ¿Y en qué se diferencia de las comisiones de otros países?

R. La CNV fue instituida por ley, votada en el parlamento y sancionada por la presidenta Rousseff. En otros países, surgió con un decreto o una acción del Gobierno. El hecho de que la CNV proceda de una ley le da autoridad. Se caracteriza por ser un órgano del Estado, y no de un Gobierno.

P. Muchos la acusan de querer contar solo un lado de la historia.

No creemos que se hayan perdido documentos como dice el Ejército

R. Tenemos un mandato: investigar los abusos contra los derechos humanos llevados a cabo por el Estado. Los movimientos de contestación ya fueron investigados en la época. Los líderes no tuvieron un proceso legal, sino que fueron torturados y ejecutados. El hecho de que haya un número menor de muertos que en otras dictaduras es porque el sistema represivo era más selectivo, se mató de manera más científica. No se trata de hacer un ranking.

P. ¿Cuáles son los principales logros?

R. Hemos probado que los graves abusos en la dictadura fueron resultado de una política de Estado. No fueron casos puntuales, como argumentan los militares. Ellos aseguran que siempre estuvieron en contra de la violación de los derechos humanos, y eso no es verdad. La CNV lo documenta de forma muy precisa, por eso se sienten increpados y presentan una resistencia muy fuerte.

P. ¿Cómo ha sido la relación con ellos?

R. Tenemos muy buena relación institucional con Celso Amorim, el ministro de Defensa. Somos un órgano del Estado, no una ONG. Los militares formalmente colaboran y nosotros no les presionamos. Pero la ley nos obliga a elaborar un informe final en el que tenemos que presentar hechos y recomendaciones. Por ejemplo, la enseñanza en las academias militares es la misma del periodo de la dictadura. Tenemos que subrayar el tema de los derechos humanos, el papel constitucional de las fuerzas armadas en una sociedad democrática... Pero para ello, es necesario que reconozcan qué hicieron, para que respalden el informe y, por fin, podamos seguir adelante. Y hemos tenido muchas dificultades. No es una cuestión moral o de venganza, sino que, como nunca se investigaron esos abusos, todavía hay mucha tortura. ¡Determinadas prácticas continúan!

P. ¿Se trata también de hacer una reflexión sobre las actuales instituciones?

R. ¡Por supuesto! ¿Qué ha sido el caso Amarildo [de 2013]? Amarildo era un obrero que fue detenido por la Policía Militar de Río de Janeiro en una favela, fue llevado a una comisaría, fue brutalmente torturado, ejecutado, y su cadáver desapareció. Es como el caso Rubens Paiva [de 1971].

P. ¿Cuál ha sido la mayor frustración de la CNV?

R. No hemos podido hallar los cadáveres desaparecidos. Es nuestra principal dificultad, porque no hemos podido acceder a diversos documentos. Los militares argumentan que los papeles fueron quemados o perdidos. No lo creemos.

P. ¿Cómo mejorar esa relación?

R. Hemos explicado a los actuales mandos que no son responsables de lo que pasó y que las fuerzas armadas son muy importantes para la sociedad, que ha invertido mucho, sobre todo en el proyecto de submarinos nucleares. La sociedad apoya a las fuerzas armadas. Es necesario que haya una colaboración. Solemos decir que hay cuatro fases: la primera, rechazar que hubo abusos; la segunda, no negarlos; la tercera, reconocerlos; y la cuarta, pedir disculpas. Estamos entre la primera y la segunda. Hace poco nos enviaron un documento, firmado por el ministro de Defensa (que ha tenido un papel muy importante), en el que afirmaban “no poder negar los hechos”. Fue muy positivo, pero no es suficiente. Reconocerlos es el mejor antídoto para que no se repitan. Eso está en la ley: la CNV debe adoptar medidas para que lo que ocurrió no se repita. Vamos a insistir en ese punto hasta el momento final.