Guerrero, el foco rojo olvidado en la estrategia de seguridad de México

Tomó un mes y medio y una matanza de por medio para que la Gendarmería, una división de la Policía Federal creada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto para vigilar los territorios oprimidos por el narco, llegara a Guerrero, el Estado más violento de México. Unos 300 elementos de esta fuerza llegaron a Iguala este lunes horas después de que el presidente anunciara en un mensaje a la nación su conmoción por el asesinato de al menos 17 jóvenes a manos de narcotraficantes. Las fuerzas federales han tomado el control que las autoridades locales nunca tuvieron en esa región al suroeste de México.

“Se ha llegado muy tarde a Guerrero”, señala Gerardo Rodríguez, profesor de seguridad nacional en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea. El Estado ha sido un foco rojo desde la llegada de Peña Nieto a la presidencia en diciembre de 2012. En 2013 tuvo una tasa de 63 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de México y tres veces mayor a la media nacional (19). En 2014, Guerrero se mantiene en el peor sitio, con una tasa de 29 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Si fuera un país sería uno de los 15 más violentos del mundo.

Con el retorno del PRI a la presidencia se quiso cambiar el discurso de seguridad que monopolizó el sexenio de Felipe Calderón, del PAN, que inició la guerra contra el narcotráfico en 2006. Peña Nieto puso el tema en segundo plano y se fijó como principal objetivo llevar a buen puerto su programa de reformas. La realidad terminó cambiando sus prioridades. “Quiso bajar la visibilidad de la estrategia de seguridad. Fue exitoso por seis meses, pero lo acontecido en Tamaulipas y Michoacán hizo que fracasara”, dice Rodríguez.

Si Guerrero fuera un país sería uno de los 15 más violentos del mundo

En enero de 2014 Alfredo Castillo, uno de los hombres de confianza del presidente, fue nombrado como comisionado en Michoacán. El anuncio era una orden para pacificar el Estado. La intervención ha dado resultados, pues los homicidios han disminuido un 9.8% este año si se compara a los cometidos en 2013.

Después de Michoacán llegó el turno del Estado de México, la entidad natal de Peña Nieto, que por meses vivió bajo el yugo de la delincuencia. Antes de que el Gobierno anunciara el envío de tropas, en abril de este año, cuatro de cada diez personas de los más de 15 millones de habitantes habían sido víctimas de algún delito en el último año.

En mayo de 2014 la atención se centró en Tamaulipas, un territorio que resultó indomable para el Gobierno de Felipe Calderón. Ese Estado al norte de México, en la frontera con Estados Unidos, había visto nacer a dos de los carteles más sangrientos de México, el Cartel del Golfo y Los Zetas, que enfrentaron con fuerza los embates de las fuerzas del Estado. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció hace cuatro meses la división territorial del Estado en cuatro cuadrantes que quedaron bajo las órdenes de militares del Ejército y la Armada. Los resultados están aún por verse. Se han presentado tiroteos en las calles a plena luz del día y no se ha erradicado la extorsión ni el secuestro.

Hay una clave fundamental para entender la intervención del Gobierno de Peña en Tamaulipas y Michoacán. “Las estrategias se implementaron porque se impuso el presidente del partido que Gobierna cada Estado”, dice Rodríguez. Ambas entidades están gobernadas por el PRI, el mismo partido que llevó a Peña Nieto a la presidencia de México. Guerrero, en cambio, está gobernada por una coalición de la izquierda (PRD) con la derecha (PAN). El polémico Ángel Aguirre ganó las elecciones en 2011 y es el resultado de una alianza antinatura que se hizo para arrebatarle territorio al PRI. “El Gobierno federal no tiene confianza en las autoridades locales. Por eso se ha dejado la intervención en Guerrero hasta el último”, agrega el especialista.

El Gobierno federal no confía en las autoridades locales. Por eso se ha dejado la intervención en Guerrero hasta el último Gerardo Rodríguez, analista de seguridad nacional

La matanza en Iguala ha dejado al descubierto las omisiones de los Gobiernos locales en sus tareas de seguridad. Las autoridades han señalado que al menos 30 policías trabajaban para los Guerreros Unidos, el cartel que controla la región, a pesar de que la depuración de las policías fue una obsesión en el sexenio de Calderón. En muchos sitios, como Guerrero, la limpieza de los cuerpos a través de exámenes de control de confianza fue un fracaso. “Los priístas sabotearon el programa de saneamiento de las policías estatales. No fue una estrategia bien diseñada”, señala Rodríguez.

La ley señalaba que aquellos elementos que no aprobaran los exámenes debían de ser liquidados de la corporación. En la Policía Federal, por ejemplo, solo aprobaba uno de cada siete policías. Los Gobiernos se dieron cuenta de que no había dinero suficiente para liquidar a los elementos reprobados.

También hay sospechas de que el alcalde del municipio, José Luis Abarca, del PRD, tenía relaciones con Arturo Beltrán Leyva, un capo de un sangriento cartel que portaba sus apellidos. El diario El Universal señala que informes de inteligencia aseguran que esta relación llevó a amasar una fortuna considerable en pocos años. El presidente del partido de izquierdas, Carlos Navarrete, ha reconocido esta mañana que postularlo fue un error. “Pedimos disculpas a todos los habitantes. Tomaremos medidas para evitar que se repitan estos casos”, afirmó Navarrete en una entrevista radiofónica.