“La masacre de Tlatlaya pudo ser una ejecución sumaria del ejército”

El relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, consideró este lunes que la muerte de 22 personas a manos del Ejército mexicano en el municipio de Tlatlaya, a tres horas en coche de la Ciudad de México, pudo tratarse de una ejecución sumaria y no de un enfrentamiento entre militares y narcotraficantes como informaron las autoridades en un primer momento. El batallón 102 de infantería dijo haber abatido a un comando de peligrosos delincuentes en una bodega tras un intenso intercambio de disparos, pero una testigo asegura que en esa reyerta solo murió uno de los civiles y que el resto fueron ejecutados durante la noche pese a que se habían rendido.

El testimonio de la superviviente ha puesto en entredicho el papel de las fuerzas armadas en un tema tan delicado como es el de la seguridad en México. Especialmente en un momento en el que el presidente Enrique Peña Nieto había expresado su deseo de enviar tropas a las misiones de paz de la ONU. Por el momento, un teniente y siete soldados han ingresado en una prisión militar bajo los cargos de desobediencia e infracciones al deber. Pero las organizaciones internacionales siguen pendientes de que se sepa toda la verdad sobre lo que ocurrió en aquel lugar apartado, en medio de la oscuridad. Un caso que se podría haber archivado como tantos otros si no fuera por el relato de una persona que lo vio todo.

“El Gobierno de México tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias”, dijo Heyns en su comparecencia. El experto en ejecuciones sumarias y arbitrarias mostró su satisfacción por las detenciones de los militares que podrían haber estado implicados en los asesinatos y recordó que el uso de armas letales debe aplicarse cuando sea estrictamente necesario. Heyns incidió también en la necesidad de proteger a los supervivientes de la masacre y a los periodistas que con sus crónicas y fotografías han revivido el caso. La revista Esquire México fue la primera en hacerse eco del revelador testimonio de la a madre de un de una adolescente de 15 años asesinada en Tlatlaya ese día. Se llamaba Érika.

El llamamiento del relator de la ONU se une a otros como el del director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. “Si es cierto lo que dice la testigo, estamos ante uno de las masacres más grandes ocurridas en México”. El Departamento de Estado de Estados Unidos le pidió al Gobierno mexicano que hiciera una investigación creíble. A partir de esa fuerte declaración del vecino del norte, la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a los militares.

El llamamiento del relator de la ONU se une a otros como el del director de HRW

El batallón 102, cuyas instalaciones de San Miguel Ixtapan fueron inauguradas en 2010 por Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, ha estado involucrado en otros incidentes que hacen dudar de su respeto por los derechos humanos. Los militares dispararon en diciembre pasado, según recoge AP, a cuatro hombres que portaban armas. En realidad eran los vecinos de un pueblo que iban de caza. En 2012, seis soldados fueron acusados formalmente de haber recibido dinero de La Familia, un cartel que opera en esa zona.

Es un terreno especialmente caliente, ya que es un lugar de paso que conecta varias regiones mexicanas donde se cultiva y fabrica droga. Las sospechosas actividades de este batallón pone una interrogante más sobre la conveniencia de que el presidente Felipe Calderón sacase al ejército a la calle para combatir al crimen organizado. Las organizaciones civiles y la prensa han documentado asesinatos extrajudiciales, secuestros y todo tipo de violaciones a la legalidad por parte de los militares, acostumbrados a enfrentar al enemigo con mano dura. Arrojar luz sobre lo que ocurrió aquella noche de Tlatlaya significaría levantar la alfombra en uno de los temas más espinosos para México.