Argentina impulsa una ley para prohibir amnistías a los criminales de la dictadura

Algunos países han perseguido y condenado a los criminales de sus dictaduras apenas éstas cayeron. Otros lo hicieron tiempo después. Muchos han amnistiado a todos sus responsables. En el caso de Argentina, la legislación ha tenido sus vaivenes. Ahora que 370 delincuentes del régimen han sido condenados, su Congreso debate una ley para evitar que en el futuro un presidente los indulte o conmute sus penas o una ley los perdone.

El país sudamericano fue uno de los que más se apresuró en juzgar a los acusados por delitos de terrorismo de Estado a los pocos días de regresar la democracia tras la última dictadura militar (1976-1983), bajo el impulso del entonces Gobierno del radical (centrista) Raúl Alfonsín (1983-1989). En 1985 se celebró el histórico juicio a las juntas militares que gobernaron el país en tiempos en que se denunciaron 30.000 desapariciones forzadas de personas. Entonces fue condenada a prisión perpetua la cúpula del régimen, incluido el exdictador Jorge Videla (1976-1981). Pero la presión militar sobre la joven democracia derivó en que el radicalismo impulsara al año siguiente una ley de punto final para prohibir que fueran llamados a declarar nuevos imputados. No fue suficiente: los uniformados se alzaron en la Semana Santa de 1987 y entonces Alfonsín promovió otra ley del perdón, la de obediencia debida, que exculpaba a los mandos medios e inferiores que habían ejecutado órdenes de las juntas.

En 1989 llegó al poder el peronista conservador Carlos Menem (1989-1999), que había estado preso cinco años durante la dictadura, e indultó a los exjerarcas militares y a los guerrilleros arrestados por delitos de la década del 70. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos y los familiares de víctimas del régimen buscaron otras vías para conseguir justicia y acabaron en España. En 1997, el juez Baltasar Garzón enarboló el concepto de justicia universal para comenzar a investigar primero los casos de desaparecidos españoles en Argentina y, después, de otros argentinos. Jueces de Buenos Aires reaccionaron con el inicio de investigaciones sobre el único delito que había quedado fuera de las amnistías, el del robo de 500 bebés hijos de desaparecidas.

En 2003, el peronista de izquierdas Néstor Kirchner (2003-2007) asumió la presidencia argentina y sorprendió al darle prioridad al asunto de volver a juzgar a los criminales. El Congreso, en 2003, y la Corte Suprema, en 2006, anularon los diversos perdones y volvieron a ser juzgados todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad, considerados imprescriptibles, desde los jerarcas hasta los ejecutores.

Pero aunque la Corte Suprema recordó en su fallo de 2006 que tratados internacionales prohíben las amnistías a los responsables del terrorismo de Estado, un diputado kirchnerista e hijo de desaparecidos que fue robado por el régimen y ha recuperado la identidad, Horacio Pietragalla, impulsa una ley que impide que se los perdone y libere de prisión. El proyecto ya ha sido aprobado a finales del pasado agosto por varias comisiones de la Cámara de Diputados, con el apoyo de todos los grupos, con la excepción del conservador Partido Propuesta Republicana (PRO), que alega que los tratados internacionales ya limitan los indultos, y con la disidencia de la centrista Coalición Cívica, que pide que tampoco se pueda perdonar a los corruptos. PRO promueve la candidatura presidencial del alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, para las elecciones de 2015.

“Nunca hemos bajado los brazos y hemos seguido insistiendo en la justicia legal, la que no le dieron a nuestros hijos desaparecidos”, recuerda Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que en 1986 se distanció de la asociación de madres que dirige Hebe de Bonafini. “Me parece estupendo el actual proyecto de ley, pero no creo que ningún futuro Gobierno indulte. No faltarán fachos que tengan ganas, pero las Fuerzas Armadas han cambiado y hay una justicia universal vigente”, se esperanza Almeida.