Brasil investiga la colaboración de las empresas con la dictadura militar

La Comisión Nacional de la Verdad de Brasil ha revelado este lunes que más de 80 empresas espiaron a casi 300 empleados durante por lo menos algunos años de la dictadura militar que sufrió Brasil entre 1964 y 1985. El objetivo era sofocar cualquier movimiento sindicalista que se pudiera gestar entre los trabajadores de las grandes armadoras de automóviles establecidas en Brasil, como Volkswagen, Chrysler, Ford, General Motors, Toyota, Scania, Rolls-Royce y Mercedes Benz. Las pesquisas han descubierto que la práctica se extendió a otros grupos empresariales, como la Brastemp, la estatal Telesp, Kodak, Caterpillar, Johnson & Johnson, la Petrobras, la Embraer y la Monark – todas ellas concentradas en el ABCD paulista y en el Vale do Paraíba.

Entre los nombres más conocidos del listado que se encuentra en el Archivo Público del Estado, están lo de Paulo Okamotto, que fue director del Sebrae; el presidente del Consejo Nacional do Sesi, Jair Meneguelli, y Vicente Paulo da Silva, que fue presidente de la CUT. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva también aparece en los registros, identificado como líder sindical por la Volkswagen en información divulgada la semana pasada por la agencia Reuters . En el registro del informante de la Volkswagen sobre Lula, datado en los años ochenta, dice que los trabajadores estaban insatisfechos con "las medidas del gobierno en general", y cita como ejemplo un decreto impopular firmado por el general João Figueiredo (que ocupó el poder entre 1979 y 1985), el último dictador brasileño, que retiró los auxilios de alimentación y transporte de los funcionarios, así como vacaciones, la compensación a fin de año (décimo tercer salario) y otras retribuciones.

Las empresas justificaban la colaboración con el régimen militar (que dominó Brasil entre 1964 y 1985) por la supuesta amenaza comunista de los movimientos sindicales. Los informes citan los nombres de quienes organizaban actos sindicalistas o vendían periódicos en la puerta de la fábrica, e incluso calificaban de "accidentes de trabajo" la muerte de algunos trabajadores, cuando en realidad no lo eran. La policía recibía en aquellos años miles de registros de empleados que asistían a huelgas o manifestaciones con todos sus datos personales, lo que podría acarrear a procesos civiles contra los funcionarios que los ordenarosn.

Es muy probable que haya que resarcir los afectados, ya que estas víctimas no están amparadas por la ley de Amnistía, que perdonó a los que cometieron crímenes durante el régimen militar en el Brasil (1964-1985).

"Los empresarios pueden ser acusados por crímenes de lesa humanidad; el 40% de los muertos y desaparecidos durante la dictadura son trabajadores", afirma Sebastião Neto, expreso político y uno de los investigadores del grupo de trabajo “Dictadura y represión a los trabajadores y al movimiento sindical”, de la Comisión Nacional de la Verdad. Aún no se sabe cuáles de ellos fueron efectivamente detenidos a causa de la denuncia del empresario.

Descubrir lo que ocurrió con cada una de las personas que aparece en el listado no será posible sino hasta el 16 de diciembre, la fecha prevista para el fin de los trabajos de la CNV. El próximo paso, según explicó la abogada Rosa Cardoso, será convocar a los representantes de las empresas y a los trabajadores implicados en las investigaciones "principalmente a de São Bernardo do Campo [a 19 kilómetros de São Paulo], que concentra la mayor parte de las empresas informantes", explicó.

En Argentina ya hay casos de empresas que fueron procesadas por delatar funcionarios y colaborar con la dictadura. Durante la colectiva organizada por la CNV, la doctora Victoria Basualdo, que investiga la participación empresarial en la práctica de graves violaciones de derechos de los trabajadores en Latinoamérica, de la Faculdad Latinoamericana de Ciencias Sociales, explicó el caso de su país. Según ella, hay cuatro empresas imputadas en Argentina por colaboración con el último régimen dictatorial (1976-1983): Ledesma (fabricante de azúcar), la mineradora Aguilar, la transportista La Veloz del Norte y la fabricante de automóviles Ford. Si se crea un precedente, otros casos podrán ser juzgados. "No se trata solo de una transferencia de dinero entre empresas y Estado. Lo que hubo fue una colaboración activa en la represión", explica la especialista. Argentina perdió aproximadamente 30.000 vidas en sus varias dictaduras (entre 1930 y 1983 fueron cinco); en Brasil aún no hay consenso sobre cuántos murieron durante los años de plomo.