Dos muertos y un desaparecido dejan los enfrentamientos con la policía en Perú

Las organizaciones y gremios de la provincia de La Convención, selva de Cusco, al suroriente de Perú, continúan la huelga que empezó el 27 de agosto. Demandan al Ejecutivo que responda hasta a 16 peticiones, algunas pendientes de cumplimiento hace cinco años. El lunes, el Gobierno los citó para dialogar en Lima el 15 de este mes, pero al día siguiente, la policía disparó para despejar una vía bloqueada por manifestantes y asesinó a Jhapet Huillca Pereyra, de 16 años de edad. Desde entonces, las protestas continúan y exigen que el Ejecutivo vaya a Cusco. La madrugada del sábado, en medio de una operación policial para desbloquear un puente, otras dos personas murieron, entre ellos el alcalde del centro poblado menor de Kepashiato, Rosalío Sánchez.

“Hay varias reclamaciones, una tiene más de cinco años, fue un compromiso del gobierno de Alan García de realizar los estudios para construir una planta de fraccionamiento de gas en Kepashiato, que permita convertir el gas natural en doméstico, dado que en Lima un balón cuesta 42 soles y en Quillabamba puede valer de 60 hasta 80 soles”, explicó a EL PAÍS el representante de la Defensoría del Pueblo, Silvio Campana, desde Cusco.

En La Convención se encuentra Camisea, el mayor complejo gasífero de Perú, pero el combustible va a la costa central para ser envasado en Lima, el contrapeso es el canon gasífero que reporta ingresos a las municipalidades provinciales y distritales.

El Comité Central de Lucha de la Convención, que integran gremios y federaciones, pide al Gobierno que edifique esa planta, y luego permitirá la ‘servidumbre’ (el uso de vías y tierra) a las operaciones del gasoducto del sur que deben construir Enagas y Odebrecht, y que conducirá el combustible a centrales termoeléctricas de la costa sur.

Además, los organizadores del paro provincial indefinido exigen investigar por corrupción a los alcaldes que han administrado el canon gasífero, pues las mesas de trabajo en las que abordan este problema desde 2013 con la Contraloría, el Ministerio Público y la Presidencia del Consejo de Ministros, no han atendido sus demandas.

Los organizadores del paro provincial indefinido exigen investigar por corrupción a los alcaldes que han administrado el canon gasífero

La madrugada del sábado, la policía enfrentó a un grupo de ciudadanos que bloqueaba el puente Pavayoc sobre el río Vilcanota, en Quillabamba, para liberar la vía y detuvo a algunos hombres que no portaban documentos. Entre los manifestantes estaba el alcalde de Kepashiato, Rosalío Sánchez.

Los testigos y los medios en Quillabamba y Lima indican que los policías golpearon al alcalde y lo metieron en el maletero de una camioneta blanca para llevarlo a la Comisaría de Quillabamba. Desde ese punto, el relato tiene tres versiones que no calzan.

El general de la Policía Nacional, Máximo Sánchez, negó la mañana del sábado que hubiera muertos. “Había 15 personas interrumpiendo el paso, algunos sin documentos, los estábamos conduciendo a la comisaría, el chofer hizo una maniobra temeraria y cayó al río Vilcanota. Hemos rescatado a tres personas heridas, hay tres desaparecidos”, declaró a Canal N de cable.

Sin embargo, uno de los testigos relató a Radio Quillabamba que la policía y un vehículo de maquinaria pesada avanzaron para despejar el puente. “Estábamos descansando. El cargador frontal no solo botó las piedras, sino los colchones y ollas de ponche. Nos han tratado como a perros, ahí al señor Rosalío lo han hecho entrar a la maletera”, indicó Fernando Llanes Estrada. Las versiones de los sobrevivientes indican que la policía empujó el vehículo para que se volcara.

Campana sostiene que el chofer, uno de los detenidos, “no tenía pericia suficiente y se asustó cuando el cargador frontal le hizo señales de luz, perdió el control”.

A mediodía, un equipo de bomberos encontró el cadáver de Sánchez y aún busca el del chofer. Durante las movilizaciones de esta semana en la provincia de La Convención han participado de 2.000 a 3.000 personas. El general Sánchez reconoció que tenían un contingente suficiente pero no quiso dar cifras, la prensa local calcula que son 300 y están esperando refuerzos.

En un boletín de prensa, el representante del Ejecutivo en los conflictos sociales, Vladimiro Huaroc, reconoció ayer que si bien las demandas de La Convención son válidas, su atención y solución está en manos de los organismos de control competentes, como la Contraloría, el Poder Judicial y el Congreso de la República.