Una larga caminata

Esta es la creencia en la que se apoya un grupo de agricultores, estudiantes, enfermeros, profesores, abogados y auditores que, en agosto, realizó la XIII Marcha Contra la Corrupción y por la Vida, en Piauí, estado brasileño que concentra 11 de las 50 ciudades más pobres del país. La idea es sencilla: voluntarios de Teresina, la capital estatal, se unen a vecinos del lugar y de otros Estados para evaluar las rendiciones de cuentas de los ayuntamientos del interior, enviadas a los legislativos municipales. Con documentos extraídos de internet y recolectados de los órganos públicos locales, los voluntarios visitan escuelas, puestos de salud y obras públicas para cotejar los datos con la realidad. Asimismo, también imparten clases sobre cómo utilizar la Ley de Acceso a la Información, el Freedom of Information Act brasileño.

El camino entre las ciudades auditadas es realizado integralmente a pie. Este año fueron 120 kilómetros recorridos y cinco localidades inspeccionadas. En 13 años de existencia, 2700 kilómetros caminados y más de 80 municipios evaluados. El elemento de sacrificio por el bien común es innegable: en una de las ediciones, los caminantes llevaron una cruz de madera de tamaño semejante a la que Jesús cargo en su camino al calvario. Durante cada recorrido, gritos de guerra como “se o povo se unir, a corrupção não irá existir” (si el pueblo se une la corrupción no existirá) son entonados como una forma de olvidar el cansancio – este año, la mayor caminata en un único día fue de 48 kilómetros y la menor de 20.

El evento final en cada una de las ciudades es una reunión en la plaza central, con la presentación de fotografías de los lugares visitados y documentos recolectados. Cuando no hay paredes de iglesias o escuelas disponibles, es necesario improvisar. En estos casos, se cuelga una sábana de un árbol para que sirva como pantalla. El encuentro es denominado “clase de ciudadanía”.

En estas ágoras provisionales del sertón brasileño, no es extraña la presencia de algunos alcaldes para justificarse. Fue lo que ocurrió en Lagoa do Barro, municipio de Piauí comandado por la misma familia desde que la ciudad fuera fundada hace 22 años. La actual alcaldesa rebatió, micrófono en mano, cada una de las denuncias en una intervención ante el público que duró media hora.

En las auditorias cívicas de 2014, los voluntarios encontraron obras abandonadas, meriendas escolares roídas por ratas, testaferros usados para esconder a los propietarios de las empresas proveedoras de los ayuntamientos y facturas apócrifas que indicaban pagos a los propios gestores públicos mucho más allá de sus salarios. Hasta una empresa de pompas fúnebres y heladería aparecía como proveedora de hospedaje para enfermos que precisaban desplazarse para tratamiento médico. El grupo rastreó una serie de indicios de corrupción, pero no todo lo que fue presentado podría ser clasificado como tal.

En la literatura clásica sobre la sociedad civil, Robert Putnam creó la imagen de que jugar boliche solo debilitaría los lazos sociales y, eventualmente, la democracia. De esta forma, si jugar solo es negativo, una caminata colectiva es inmediatamente asociada con resultados positivos. No por casualidad el evento de Piauí pasó a contar con el apoyo de Transparencia Internacional y debe expandirse hacia otros Estados brasileños a partir del año próximo.

A pesar de ello, aún es difícil medir la eficacia de las auditorías cívicas. Todas las fotos e informaciones recolectadas son compiladas en documentos enviados al Ministerio Público, policía y Tribunales de Cuentas correspondientes. No obstante, desde el año 2001 nadie fue condenado como resultado del trabajo del grupo.

Caminar no es suficiente para promover una mejor gobernanza. Los grupos de voluntarios que comienzan a surgir en el interior de Brasil dan un primer e importante paso para fiscalizar a los poderes locales – y esas iniciativas merecen ser replicadas. Pero sin puentes con las instituciones, y un seguimiento para que ellas, de hecho, funcionen, la sociedad civil no será la salvación contra la corrupción o el despilfarro. En Brasil y en América Latina, grupos organizados no deben ser confundidos con una solución mágica que sustituya a la política o al propio Estado.

Es necesario que exista una interacción entre los voluntarios y los órganos de control, creando lo que Timothy J. Power y Matthew M. Taylor denominan red de accountability. Y esa construcción lleva tiempo. En el mismo momento en que los voluntarios actuaban en Piauí, vino a colación el reclamo de la Controladoria Geral da União, órgano responsable por fiscalizar la aplicación de los recursos del gobierno brasileño, de que existían “dificultades causadas por la drástica reducción de sus recursos humanos” y que “el esfuerzo de hacer más con menos [había alcanzado] su límite”. Mientras las debilidades individuales de determinadas instituciones – especialmente las del Poder Judicial - impidan la eficiencia de esa red, el periplo por el sertón brasileño continuará siendo una caminata. Una larga caminata.