Los defensores del Estado de derecho están perdiendo la batalla en Brasil

El pasado 16 de marzo una operación de la Policía Militar en la favela de Congonha, en la zona norte de Río de Janeiro, acabó con la vida de Cláudia Silva Ferreira. La mujer, una limpiadora de 38 años y madre de cuatro hijos, se topó con un grupo de policías en plena incursión que, aparentemente por error, dispararon contra ella hiriéndola gravemente. Después la metieron en el maletero de un patrullero con la intención de darle socorro en el hospital más próximo. Un vídeo grabado aquel día muestra la grotesca realidad de los procedimientos empleados por algunos agentes. De camino al centro médico la puerta del maletero se abrió de golpe y el cuerpo de Cláudia, enganchado por la ropa, cayó al asfalto. A lo largo de 350 metros, la mujer fue arrastrada a velocidad considerable, hasta que algunos conductores alertaron a los policías de que estaban circulando con un cuerpo suspendido del parachoques trasero.

Las imágenes conmocionaron a Brasil. Seis agentes implicados en el suceso fueron detenidos y encarcelados de forma preventiva. Poco después los forenses concluyeron que Cláudia murió por los disparos recibidos y no al ser arrastrada. El entonces Gobernador de Río, Sergio Cabral, dijo que la actitud de los policías fue “inhumana” y que debían ser juzgados y expulsados de la institución. Cinco meses después nada de eso ha sucedido. Cláudia ha muerto y sus hijos se han quedado huérfanos, pero los seis acusados, a la espera de juicio, han salido de la prisión y vuelven a vestir el uniforme de la PM. Según los investigadores de la Policía Civil, uno de los policías, el subteniente Adir Machado, tiene anotados en su ficha de servicio trece homicidios provocados por intervenciones como la que le arrancó la vida a Cláudia.

Más sangrante resultó el proceso que ha juzgado el asesinato de la jueza Patrícia Acioli. La noche del 11 de agosto de 2011 la magistrada era literalmente acribillada por dos encapuchados en la puerta de su casa en la localidad de Niteroi. La jueza, que contaba 47 años en el momento de su muerte y era madre de tres hijos, llevaba años hurgando en las corruptelas de la Policía Militar, un lugar donde pocos jueces brasileños se han atrevido a entrar; Acioli se había convertido en el látigo del hampa policial que en aquella época imponía su siniestra ley en el municipio de Niteroi y alrededores.

Las investigaciones del asesinato llevaron rápidamente a la detención de once agentes, que fueron severamente juzgados por un crimen que, una vez más, dejó al desnudo el problema de la barbarie policial en Río de Janeiro. El entonces comandante de la PM en el Estado de Río tuvo que abandonar su cargo. Pero la cosa no queda aquí. Según el diario Estado de São Paulo, todos los condenados, acogiéndose a un rosario interminable de recursos judiciales, aun no han sido expulsados de la PM y siguen cobrando su sueldo. El teniente-coronel Cláudio Oliveira, considerado por el tribunal el cerebro del asesinato de Acioli, cobra mensualmente 26.295 reales (unos 11.600 dólares) hasta que su condena no sea oficialmente comunicada a la jefatura de la PM.

La justicia militar tramitó al menos 4.000 investigaciones sobre presuntos casos de lesiones corporales

Más recientemente, el pasado 11 de junio, dos agentes de la PM carioca, los cabos Fábio Magalhães y Vinícius Lima, metieron en su patrullero a tres adolescentes y los condujeron hasta un área boscosa en el cerro de Sumaré. En unas impactantes imágenes registradas por la cámara interna del vehículo, uno de los policías le dice a su compañero: “Vamos a descargar el arma”. Y fue exactamente lo que hicieron con dos de los tres chicos. Mateus Alves dos Santos, de 14 años, perdió la vida y otro joven de 15 años, que recibió dos disparos, sobrevivió a la ejecución porque tuvo el reflejo de fingir su propia muerte. Una vez perpetrada la barbarie, el cabo Lima regresó al vehiculo y le comentó al comparsa, visiblemente ufano: “Dos menos. Si hacemos esto todas las semanas podemos alcanzar la meta”.

Ambos agentes están hoy detenidos y pendientes de juicio. Las autoridades también se llenaron la boca hablando de su expulsión sumaria de la policía, algo que por el momento no ha sucedido. Sin embargo, el coche donde se registraron todas las imágenes que incriminan a los agentes fue repentinamente trasladado a un taller donde le fueron sustraídas varias de sus piezas. La fiscal que investiga el caso, Carmen Eliza Bastos de Carvalho, pidió explicaciones inmediatas a la policía ya que, según ella, la manipulación del vehiculo dificulta el esclarecimientos total de los hechos. La policía, por su parte, niega este extremo.

Los tres casos anteriores son ejemplos de la impunidad o el doble rasero con que a menudo se tratan los crímenes perpetrados por agentes del Estado en Río. El último informe de Human Rights Watch que denuncia la práctica de tortura en Brasil por parte de policías y funcionarios de prisiones le dedica un apartado al espinoso asunto de la impunidad, señalada por muchos especialistas en violencia como una de las razones de que la corrupción y el crimen estén tan enquistados en las filas de la policía brasileña. “Human Rights Watch examinó datos oficiales que sugieren que la impunidad es la norma en los casos de graves abusos cometidos por policías y guardias penitenciarios. La justicia militar tramitó al menos 4.000 investigaciones sobre presuntos casos de lesiones corporales entre enero de 2011 y julio de 2013 y sólo 53 agentes fueron condenados durante este período”, señala el texto.

Los defensores de los derechos humanos y el Estado de derecho están perdiendo la batalla" João Trajano, politólogo

“Por más medidas que el Estado brasileño haya tomado, aun se mantiene un ambiente institucional que favorece la práctica de tortura, principalmente por la impunidad”, explica la directora de Human Rights Watch en Brasil, Maria Laura Canineu. La ONG ha propuesto que el Congreso brasileño apruebe cuanto antes un proyecto de ley que obligue a la policía a presentar a los detenidos por delito flagrante ante un juez en un plazo máximo de 24 horas tras su detención. Según HRW, este prodecimiento evitaría la práctica de torturas para la extracción de confesiones o la desaparición de pruebas cruciales.

Según el politólogo João Trajano, coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), “las autoridades policiales se sienten autorizadas para actuar de determinada forma cuando realizan incursiones en las favelas o cuando interrogan a un joven negro y pobre en medio de la calle. Nuestra sociedad ha demostrado que su capacidad para indignarse y reaccionar ante este tipo de situaciones es muy limitada. Los defensores de los derechos humanos y el Estado de derecho están perdiendo la batalla”.