La economía de la paz

Juan Manuel Santos comenzó el jueves pasado a ejercer por segunda vez la presidencia de Colombia con la tensión del equilibrista que transita por la cuerda en las alturas. Su arquitectura de poder se apoya en un solo punto: el éxito en las negociaciones de paz con la guerrilla. Las elecciones presidenciales desnudaron una sociedad partida en dos. A favor y en contra de las conversaciones con las FARC. Si el experimento fracasara, el costo para Santos sería incalculable. Pero si triunfara, la paz modificaría el rostro del país. Por eso el desenlace tiene cada vez más interesados que invierten en América Latina. Superado el ciclo de violencia, Colombia desataría algunos nudos estructurales de su economía y se proyectaría como una estrella en la región.

La mitad de los colombianos no cree que las FARC tengan una vocación genuina de llegar a un acuerdo. Sin embargo, nunca estuvieron tan cerca de hacerlo. Ese cambio no se explica sin la influencia de Hugo Chávez. Cuando los guerrilleros estaban extenuados por el acoso militar, cuando Álvaro Uribe los había dejado sin programa, el caudillo venezolano les ofreció uno: insertarse en la vida pública como una fuerza política más. La muerte de Chávez fue muy costosa para Santos. Ahora debe conformarse con el auxilio impresentable de Nicolás Maduro, a quien los colombianos detestan, o apelar a Lula da Silva y Rafael Correa para que la guerrilla no se levante de la mesa.

Las tratativas de La Habana ingresarán hoy en la zona más riesgosa. El próximo sábado incorporarán a las víctimas de la guerrilla. Hay que definir un régimen penal específico: la denominada "justicia transicional". Es una ecuación compleja. Debe discernir los crímenes políticos de los de lesa humanidad y de los delitos comunes, como el narcotráfico. Tiene que contemplar los derechos de los damnificados y fijar la duración de las penas para los guerrilleros. Y un renglón invisible de la agenda: el reciclado de las fortunas de los jefes de las FARC.

El éxito de las negociaciones tendría un impacto decisivo sobre las expectativas económicas. Sobre todo en la agricultura y la infraestructura, atrofiadas por la violencia.

Colombia cuenta con un sector agrícola sofisticado, que produce café, caña, arroz, flores y palma africana. La pacificación permitiría adecuar grandes extensiones para el cultivo de oleaginosas. Son tierras de los llanos orientales, la denominada altillanura. Departamentos como Meta, Cauca, Vichada o Vaupés ofrecen suelos similares al Cerrado, una de las plataformas fotosintéticas de Brasil.

Grandes agricultores argentinos y brasileños viajan a Colombia, atraídos por  la producción de soja y maíz si prospera el acuerdo con las FARC

Ya existen desarrollos importantes en esa región, como los de La Fazenda, Cargill, Valorem, Grupo Sarmiento o Italcol. Pero Colombia debe superar algunas dificultades para convertirse en un gran actor agroindustrial. Una de ellas es definir un régimen de tenencia de la tierra que permita una economía de escala. Los colombianos libran una discusión ancestral sobre la posesión de la tierra. Las FARC han sido la expresión sangrienta de ese debate. Las unidades productivas, acotadas por el Estado, son tan pequeñas que impiden pensar grandes proyectos. O inducen a las empresas a incurrir en subterfugios.

La otra limitación al desarrollo agroindustrial es el déficit logístico, por la escasa red de carreteras. Se trata de corregir la geografía: como Colombia está atravesada de norte a sur por tres cadenas montañosas que dificultan el transporte transversal, sobre el Pacífico hay un solo puerto. La historia reforzó esta peculiaridad. Las ciudades se asentaron alrededor de las riquezas originarias, el oro y el café, en el centro del país.

La posibilidad de terminar con los sabotajes guerrilleros estimuló un ambicioso plan de carreteras y túneles, iniciado por Uribe y continuado por Santos. Las llaman Autopistas de la Prosperidad y demandarían inversiones por 23.000 millones de dólares. El programa va por la tercera licitación pero avanza lentamente, sobre todo por las objeciones ambientales.

Grandes agricultores argentinos y brasileños viajan a Colombia, atraídos por los cuatro millones de hectáreas que podrían incorporarse a la producción de soja y maíz si prospera el acuerdo con las FARC. Un millón se destinaría al mercado interno y el resto a la exportación, que aumentaría en 5.000 millones de dólares.

Estas hipótesis están determinando un alza en el precio de la tierra. En una zona como Vichada, la hectárea costaba un dólar hace 10 años. Ahora cuesta 20. Y dentro de cinco años podría costar 1.000. En Meta el valor va de 5 a 10.000 dólares.

Si Colombia corona con la paz su estabilidad institucional de largo plazo, dará un salto adelante que ya se verifica en el sector energético. En el año 2000, producía 526.000 barriles diarios de petróleo. Hoy, un millón. Como explicó The Economist el mes pasado, el país se benefició con la llegada de ingenieros que huían de la politizada e ineficiente PDVSA. Una deuda más con Chávez.