Una larga lista de desafíos

Periodistas asesinados o desaparecidos por informar sobre organizaciones criminales. Impunidad ante crímenes contra informadores o activistas en sistemas judiciales que no quieren, no pueden o no se atreven a juzgar a los responsables. Autocensura por miedo o amenazas. Gobiernos que crean leyes mordaza para acallar las críticas. Avances tecnológicos que multiplican la capacidad de espionaje de los Estados.

La lista de desafíos que le espera al próximo relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el uruguayo Edison Lanza, es larga y seria. Y a ella se une el reto añadido de tener que lidiar con unos Estados que a menudo no encajan bien la labor de un organismo cuya única arma cuando fracasa el diálogo con las partes es denunciar públicamente los fallos en materia de protección de libertad de expresión.

Todo ello cuando éste es un derecho clave para el funcionamiento de la democracia. O, como lo denomina el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, “la madre de todas las libertades públicas”.

Santiago Canton conoce bien los retos y las presiones políticas a las que está sometida la Relatoría más conocida del sistema interamericano de derechos humanos. El ahora responsable del mismo asunto en el Centro Robert F. Kennedy fue su primer relator, desde su puesta en marcha en 1998 hasta que en 2001 asumió la secretaría ejecutiva de la CIDH.

Ser pusilánime a los Estados no es defender la libertad de expresión", Santiago Canton

Las presiones comenzaron en su época y no han cesado, asegura. Pero lo que considera más preocupante es que “algunos comisionados han comenzado a plantearse si es necesaria una Relatoría y, sobre todo, si debe continuar con la misma independencia que ha tenido”.

“Este hecho es muy grave y pone en serio riesgo a la Relatoría o al desempeño independiente del futuro relator”, advierte. Porque la “autonomía e independencia” de la Relatoría —al igual que del resto de la CIDH— son fundamentales para garantizar la labor de un organismo que es referencia mundial en materia de derechos humanos, y que ha conseguido no pocos logros en materia de protección de informadores o en acceso a la información, entre otros.

En ese sentido, son legión los expertos que defienden la actuación de Catalina Botero al frente de la Relatoría, un camino que consideran debe continuar su sucesor. “Ser pusilánime a los Estados no es defender la libertad de expresión. Todo lo contrario”, advierte Canton.

“Es fundamental que el próximo relator siga en la línea de informar de manera rigurosa sobre todo lo que pasa en todos los Estados, sin importar ideologías y sin inhibirse por el amedrentamiento o reacciones desproporcionadas de algunos de los Estados”, coincide Carlos Lauría, del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ). Al igual que Canton o Vivanco, señala a Ecuador y Venezuela como dos de los países más críticos con la labor de la Relatoría —el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, boicoteó este año las audiencias sobre libertad de expresión, que calificó de “show político”— y los impulsores de los intentos de quitarle fuerza.

Hay que despolitizar
la libertad de expresión,
según Pablo Scotellaro

Sin desmerecer la gestión de Botero, el presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (Certal), Pablo Scotellaro, considera que el nuevo relator debería hacer especial “énfasis en los equilibrios” y, sobre todo, “despolitizar la libertad de expresión”.

“Muchas veces se lleva esto a una confrontación ideológica entre las derechas e izquierdas, un error terrible”, señala. “Existen países de izquierda como Uruguay o Chile que defienden perfectamente la libertad de expresión y existen países de la misma ideología, como Venezuela o Ecuador, que la atacan de la misma manera”, recuerda.

Lo “más complicado” del puesto es lograr la “capacidad de construir relaciones, diálogos con los distintos actores para profundizar algunos de los cambios de los países”, corrobora Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Para Krsticevic, la Relatoría también debería darle algo más de “visibilidad” a temas que hasta ahora han estado presentes en su agenda pero no han tenido quizá demasiada atención: “radios comunitarias, acceso a la información, la criminalización de la protesta social son temas que tendrían que tener un papel más prominente”, valora.

Clave para la autonomía de la Relatoría es su financiación a través de fondos externos que logra por su cuenta, uno de los caballos de batalla de países como Ecuador que han cuestionado que ingrese más dinero que otras relatorías. Para Vivanco, se trata sin embargo de un “debate turbio” que obedece a “finalidades tramposas”.

“No habría tal debate si los Estados contribuyeran de una manera adecuada y clara y con compromisos de largo plazo sin ningún tipo de condiciones al presupuesto de la CIDH y todas sus Relatorías”, sostiene. Pero “hasta ahora, salvo contadísimas excepciones, no hay un compromiso institucional, una política de Estado de largo plazo”.

“El éxito de la Relatoría es consecuencia de la autonomía” de la que goza, tanto política como económicamente, coincide Lauría. Y más allá de la labor que pueda realizar el próximo relator, aliados tradicionales de la CIDH, como México o Brasil, tienen que dar un paso al frente para defender la institución, reclama.

“El aporte que puede hacer el apoyo de países de influencia global y que son pilares del sistema puede ser importantísimo para socavar los intentos de otros Estados que han embestido a la Relatoría, enojados por los informes en los que les hacen señalamientos”, afirma. “Debe haber un esfuerzo mayor de los países que han sido pilares en el sistema y tienen influencia global”.