La ONU investigará los crímenes de guerra en el conflicto de Sri Lanka

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU investigará los supuestos crímenes de guerra perpetrados por ambos bandos durante la guerra civil en Sri Lanka tras constatar que el Gobierno no lo ha investigado adecuadamente. El expresidente de Finlandia y premio Nobel de la Paz, Martti Ahtisaari, dirigirá las pesquisas, que durarán hasta abril de 2015. Los informes anuales de Naciones Unidas han insistido desde 2011 en la necesidad de esclarecer los supuestos crímenes contra la humanidad cometidos en la última etapa del conflicto étnico-religioso que enfrentó al ejército de Sri Lanka con el grupo terrorista independentista de los Tigres Tamil (LTTE). La propia Navi Pillay, alta comisionada de derechos humanos, alertó sobre recientes ataques militares hacia la población tamil hindú del norte tras su último viaje a Sri Lanka, en agosto de 2013.

El organismo de la ONU pide colaboración al gobierno de Sri Lanka en la investigación mientras se agravan los enfrentamientos religiosos en la isla del Índico. “La noción de Sri Lanka como democracia multiétnica y multirreligiosa está siendo seriamente desafiada. El gobierno utiliza la victoria sobre los tigres tamiles en la guerra para fomentar una identidad cingalesa budista no inclusiva,” describe el doctor Paikiasothy Saravanamuttu, director del laboratorio de ideas Centro de Políticas Alternativas. Grupos de monjes budistas radicales se han erigido como guardianes de la identidad nacional. Su discurso xenófobo se centra en las minorías religiosas, principalmente los musulmanes (el 7,6% de la población), a los que consideran una amenaza para el país. Los disturbios causaron cuatro muertos y graves daños a comercios y hogares de musulmanes a mediados de junio en dos localidades cercanas a Colombo. Sólo en 2013, la Secretaría para los Musulmanes registró 280 agresiones violentas a su comunidad; incluyendo mezquitas y establecimientos privados. Dayan Jayatilleka, quien sirvió en la misión permanente de Sri Lanka para la ONU en Génova, tacha a este movimiento de fascismo teocrático.

En 2009, el ejército de Sri Lanka puso fin a 26 años de conflicto que dividió al país y causó entre 80.000 y 100.000 muertos. La guerra civil supuso la eclosión de los enfrentamientos entre la mayoría de etnia cingalesa y religión budista representada por las Fuerzas Armadas regulares, y la minoría de etnia tamil y religión hindú del norte del país representada por los Tigres de Liberación de la Tierra tamil. “Tenía 16 años cuando las fuerzas del LTTE me secuestraron. En los últimos meses de guerra obligaban a niños de hasta 14 años a luchar contra el ejército. Nos disparaban si intentábamos huir,” cuenta Nijanthan de 21 años y residente en Mullaitivu, ciudad donde se produjo la última batalla.

El uso de niños soldado y de escudos humanos, así como terrorismo suicida por parte del grupo Tigres Tamil, ha sido denunciado por el gobierno de Sri Lanka, que estableció programas para la reinserción de afectados por la guerra. Pero la Comisión sobre Lecciones Aprendidas y Reconciliación creada por el Gobierno para evitar el resurgimiento de las hostilidades nunca admitió las pruebas que denuncian el bombardeo sobre la población civil tamil en los últimos meses de guerra. El informe final de la comisión gubernamental insiste en que “las fuerzas armadas mantuvieron los daños colaterales a cero”.

La impunidad gubernamental continúa cinco años después del fin del conflicto armado. “Hui de Batticaloa [ciudad de la costa este de Sri Lanka] porque los servicios de inteligencia venían continuamente a mi casa a preguntarme sobre mis conexiones con los Tigres Tamil,” relata Tharmalingam Kangeswari, quien tiene tres piezas de proyectil de mortero en el pecho consecuencia del ataque del ejército al hospital en el que trataba a civiles durante la guerra. La población tamil vive continuas violaciones de derechos humanos. La plataforma local de noticias Groundviews ha documentado la confiscación de miles de hectáreas de cultivo a los tamiles, que, según denuncia Naciones Unidas, son utilizadas para actividades militares y para construir centros vacacionales para turistas. Grupos de derechos humanos como Human Rights Watch y Minority Rights Group International denuncian el aumento de agresiones sexuales a mujeres tamil después de la guerra en bases militares del norte y este del país. “Los oficiales me violaron mientras estaba inconsciente tras un interrogatorio. Tres meses después un médico confirmó mi embarazo”, cuenta entre lágrimas Amutha (nombre ficticio), quien intentó suicidarse varias veces antes de dar a luz a su hijo en 2012.

Los activistas acusan al Gobierno de perseguir la disidencia. “Aún hay entre 1.000 y 2.000 detenidos. Muchos han sido arrestados por tiempo indeterminado bajo alegaciones injustificadas en base a la Ley de Prevención Antiterrorista,” explica Ruki Fernando, prominente defensor de derechos humanos en libertad provisional tras ser detenido sin cargos el pasado marzo. Nueve periodistas han sido asesinados y el Comité para la Protección de Periodistas considera que Sri Lanka es el 4º país del mundo más inseguro para los reporteros.

Entre tanto, las autoridades se centran en la recuperación económica. El turismo se ha triplicado desde que acabó el conflicto, inyectando 740 millones de euros en 2012, según fuentes gubernamentales. China ha gastado casi 3.000 millones en proyectos y se espera que los dos países firmen un tratado de libre comercio a finales de año. Sin embargo, analistas locales insisten que el desarrollo económico no traerá la reconciliación si no hay depuración de responsabilidades pasadas y presentes.