EE UU difunde la justificación legal de atacar con ‘drones’ a un estadounidense

Casi tres años después de la controvertida muerte de un ciudadano estadounidense por un ataque con drones en Yemen, que derivó rápidamente en un intenso debate político y legal, un tribunal de apelaciones de Nueva York difundió este lunes parte del memorándum del Departamento de Justicia que ampara legalmente que un estadounidense en el extranjero pueda ser asesinado por fuerzas de su país. La divulgación se esperaba desde que a finales de mayo la Casa Blanca diera vía libre a hacerlo al decidir no recurrir un fallo judicial que le instaba a publicar el texto. Tras negarse durante meses, la Administración de Barack Obama se decantó por esa opción para garantizarse el apoyo político suficiente a la nominación de un alto cargo judicial, que es precisamente uno de los autores del documento.

El memorándum -fechado en 2010, de más de 40 páginas y con algunos detalles tachados- no ofrece demasiadas novedades respecto a los argumentos que ya había esgrimido el Gobierno para justificar el ataque mortal con aviones no tripulados contra el clérigo estadounidense Anuar el Aulaki en septiembre de 2011 en Yemen. La tesis principal es que EE UU puede matar a uno de sus ciudadanos en el extranjero si esa persona está preparando un ataque contra EE UU y su captura no es factible. El documento compara esa actuación con la de un policía que tiene que decidir si usa fuerza letal contra un sospechoso que amenaza con atacar a otros.

Como la Administración consideraba a El Aulaki un “líder operacional” de una “fuerza enemiga”, el texto defiende que fuera objeto de las batidas de drones de la CIA y que así lo amparaba legalmente la autorización del Congreso tras los atentados del 11-S de 2001 a recurrir a la fuerza militar. “La ciudadanía estadounidense de El Aulaki no impone límites constitucionales a acciones mortales en su contra”, sostiene.

El documento aduce que el clérigo era el líder de operaciones de Al Qaeda en la península Arábiga, cuyas actividades suponen “una amenaza violenta inminente y continua contra personas e intereses de Estados Unidos”. El año pasado el fiscal general, Eric Holder, calificó de “legítima y justa” la decisión de matar deliberadamente a El Aulaki, que nació en 1971 en Nuevo México de padres yemeníes y que en el extranjero radicalizó sus postulados y preparó atentados contra EE UU, como la fallida explosión en 2009 en un avión comercial con destino a Detroit.

La justificación del asesinato de El Aulaki en Yemen en 2011 es que EE UU puede matar a uno de sus ciudadanos en el extranjero si esa persona está preparando un ataque contra EE UU y su captura no es factible

Al anunciar en mayo su intención de difundir el memorándum, la Casa Blanca dijo que ocultaría determinados detalles en aras de la protección de la seguridad nacional. De hecho, algunas partes siguen bajo secreto, por ejemplo la justificación de cómo la batida no vulneraría la cuarta enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza el debido proceso a los acusados. El documento sí que confirma, como ya se había especulado, que el ataque lo perpetró la CIA y no el Departamento de Defensa. Se trata de una dicotomía importante, pues el paraguas legal de estas operaciones es mucho más restrictivo si las efectúa el Pentágono.

Pese a que el ataque se produjo hace tres años, no fue hasta mayo de 2013 que la Casa Blanca admitió por primera vez la muerte a finales de 2011, amparada en dicho memorándum, de El Aulaki y otros tres ciudadanos estadounidenses -aunque en esos casos fueron asesinados por accidente- en incursiones con aviones no tripulados en Yemen y Pakistán en el marco de la lucha contra el terrorismo.

La divulgación del documento supone la culminación de un largo proceso judicial para tener acceso a esos datos impulsado, por separado, por la Asociación de Libertades Civiles Americana (ACLU) y periodistas del diario The New York Times. “La divulgación supone un paso atrasado pero igualmente crucial hacia una mayor transparencia”, valoró el director legal adjunto de ACLU, Jameel Jaffer, en un comunicado, en el que avanzó que su organización pedirá la publicación de otros memorándums.

En el terreno político, la difusión del texto representa una victoria para el senador libertario republicano Rand Paul, integrante del subgrupo del Tea Party, que lleva más de un año reclamando mayor transparencia al Gobierno. El momento estelar de su peculiar cruzada -que le permite distanciarse del núcleo más belicista del Partido Republicano en un momento en que se especula si optara a las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de 2016- se produjo el 6 de marzo de 2013. Ese día impidió, con un discurso de casi 13 horas, que la cámara votara la confirmación de John Brennan como director de la CIA en señal de protesta por la potestad de la Administración de atacar con drones a ciudadanos estadounidenses en suelo estadounidense.