Un comando secuestra a un periodista en Acapulco

Ocurrió ayer al atardecer. Un grupo de hombres armados secuestraron al periodista y funcionario Jorge Torres Palacios cuando llegaba a su casa. Eran las 19.40. Todavía había luz del día. Torres Palacios, que se desempeña como jefe de comunicación social de la Dirección Municipal de Salud de Acapulco (Guerrero, en la costa pacífica del país), abría la puerta de su casa cuando 12 personas lo amordazaron, lo maniataron y se lo llevaron. Así lo cuentan testigos. Y, desde ayer, nadie sabe más.

El comando que secuestró a Torres a las puertas de su gasa se transportaba en tres coches: una camioneta, un VW beetle y un pointer. El alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, condenó el crimen a través de Twitter y anunció que colaboraban con las autoridades para localizarlo.

Antes de trabajar en el área de comunicación del Gobierno de Acapulco (Guerrero, sur del país), Torres había trabajado como corresponsal para Televisa, para el periódico Novedades y para la cadena local de Guerrero.

Desde 2010, 31 periodistas han sido asesinados en México

La Ley para la Protección de Defensoras de los Derechos Humanos y periodistas fue aprobada con solemnidad en el Congreso mexicano en junio de 2012 y fue aplaudida por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. No obstante, periodistas que se han acogido al organismo han denunciado fallas en su funcionamiento. Mario Segura, el primer periodista inscrito en el mecanismo, contaba en abril que el mecanismo no funcionaba, que la ayuda era prácticamente inexistente y que el trato que recibía era prepotente y tardío. Segura, que ejercía como reportero y editor en Tamaulipas, uno de los estados más peligrosos del país, combinaba su paupérrimo sueldo con el oficio de payaso en fiestas infantiles. Lo secuestraron y amenazaron. Actualmente se encuentra en un sitio seguro cuya localización no es difundida por su propia seguridad, apoyado por la organización Artículo 19. No ha vuelto a ejercer el periodismo.

También este año, el secuestro de Gregorio Jiménez de la Cruz, un humilde periodista veracruzano que cobraba 20 pesos por crónica en Coatzacoalcos (poco más de un dólar), conmovió al gremio mexicano y provocó una inédita ola de solidaridad motivada por el colectivo Periodistas de a Pie y los propios colegas de Gregorio (“Don Goyo” para sus más cercanos). La esperanza de hallarlo vivo acabó pronto. Lo encontraron en una fosa, mutilado, con señas de torturas espeluznantes. El Gobierno de Veracruz, su estado, afirmó que su muerte se debía a “un asunto personal” y que no tenía que ver con su oficio. La Fiscalía veracruzana anunció ayer que tenía “pruebas contundentes” de que los seis detenidos por el caso son culpables, pese a que no se les ha sometido a juicio alguno hasta la fecha. En México, el 98,2% de los asesinatos permanecen impunes según cifras de 2012 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La desaparición de Torres Palacios es una más en el rosario de amenazas y ataques que viven los que se dedican al periodismo y comunicación en México. El país es considerado uno de los más peligrosos del mundo para ejercer este oficio, según Reporteros Sin Fronteras, junto con Siria, Irak y Afganistán. Desde 2010, 31 periodistas han sido asesinados.